Pedro Castillo Terrones, hasta el miércoles 7 de diciembre presidente de la república, ha empezado a dar señales de desesperación. Los constantes cambios de abogados y sus proclamas, cartas y tuits incitando al caos, así lo confirman. El Poder Judicial evalúa un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en su contra, en tanto parte de sus seguidores y operadores políticos continúan movilizando con un discurso radical que a nada conduce.
La ola de protesta se inició tan pronto Pedro Castillo, acorralado por su propio caos, denuncias de corrupción y pérdida de credibilidad, pretendió dar el autogolpe de Estado.
La entendible indignación ciudadana, así como la demanda generalizada de un adelanto de elecciones, se han contaminado con hechos de violencia que no tienen explicación alguna.
De acuerdo al reporte del Ministerio del Interior, un total de 40 edificios, hasta el miércoles por la tarde, habían sido vandalizados por quienes desvirtúan la protesta social.
A ello se suma el fallecimiento de siete personas, entre ellos dos menores de edad, seis de ellos en Apurímac, hasta el momento la región más convulsionada por el estallido social.
Llamado a la calma
La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, reiteró su llamado a la calma y la paz, así como a impulsar el diálogo para encontrar un acuerdo entre los peruanos.
"Desde aquí hago un llamado a la paz, a la calma. Cualquier situación que hubiese para ponernos de acuerdo es el diálogo", expresó tras concluir la reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el miércoles.
La jefa de Estado advirtió que el Perú está cansado de no vivir tranquilo y en paz.
La mandataria lamentó que las protestas sociales en distintas zonas del país se salgan saliendo del marco legal con la toma carreteras, comisarías, aeropuertos u obstruyendo el paso de ambulancias.
Estado de emergencia
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que durante la última sesión de Consejo de Ministros, se aprobó la declaratoria del estado de emergencia en todo el país por 30 días calendario.
"Queríamos comunicar el último acuerdo del Consejo de Ministros, que está en sesión permanente, se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos que son actos que están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", indicó.
En declaraciones a la prensa en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, señaló que de esta manera se da una respuesta "contundente y de autoridad" de parte del gobierno.
"En unas horas saldrá una edición extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano que decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional, donde la Policía Nacional mantiene el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas", anunció.
El ministro Otárola recordó que la declaratoria de emergencia significa la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y seguridad personal.
"Además, que el ejercicio de estos derechos y los demás derechos fundamentales que están en la Constitución serán protegidos por el Gobierno, ello para que la ciudadanía tenga la tranquilidad y la certeza que primero controlaremos el orden interno y luego asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos", refirió.
"En consecuencia la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aseguran el control en todo el territorio nacional y de los bienes personales y de la infraestructura estratégica y de la seguridad, así como del bienestar de todos los peruanos", dijo para luego agregar sostendría una reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Pérdidas millonarias
De continuar los disturbios y actos de violencia registrados en diversas localidades del país ocasionarán pérdidas económicas calculadas en mil 728 millones de soles diarios, indicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Rosa Bueno.
Señaló que, de la cifra mencionada, 574 millones de soles se perderían diariamente en el sector servicio 552 millones en el comercio y 14 millones en el turismo.
Bueno refirió que las diez regiones del país que vienen siendo afectadas por lo que calificó como “protestas violentas y actos delincuenciales” aportan el 49 % del Producto Bruto Interno Primario. Este consta de los sectores agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos.
La empresaria señaló que en la Cámara de Comercio de Lima hay preocupación por lo que ocurrirá con las pequeñas y microempresas dedicadas a actividades de venta directa (retail) y comercio.
“Son las que más daño estarán teniendo, porque la campaña navideña representa para ellas el 40 % de sus ingresos del año”, apuntó.
Adelanto de elecciones
Expertos en materia electoral señalaron que sí es posible adelantar las elecciones generales para que estas se realicen en 2023, siempre que exista voluntad política del Congreso para hacerlo posible.
La presidenta Dina Boluarte expresó que se podría adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que para ello se analiza la realización de reajustes, a fin de calzar con la normativa electoral vigente.
Al respecto, el analista Fernando Tuesta consideró que una primera vuelta electoral podría realizarse en octubre de 2023, o incluso antes, si el Congreso toma la decisión de ampliar la actual legislatura y adelanta el inicio de la siguiente para los primeros días de enero, ya que su inicio regular es en el mes de marzo.
El objetivo de este cambio es que el proyecto de ley de adelanto de elecciones pueda ser aprobado en dos legislaturas sucesivas, con el voto a favor de 87 congresistas, por tratarse de una reforma constitucional.
“Si es así, y se vota, entonces ya se está ganando, al menos, unos tres meses”, señaló Tuesta Soldevilla.
Por su parte, el experto en temas electorales José Naupari sostuvo que, de no efectuarse mayores cambios, las elecciones podrían efectuarse en abril de 2024, como planteó inicialmente la presidenta Dina Boluarte.
“Pero si el Congreso quiere ajustar por ejemplo temas relacionados por ejemplo con el padrón electoral, podríamos estar hablando de un plazo menor”, agregó.
Asimismo, Fernando Tuesta indicó que para un adelanto de elecciones se requiere también suspender, de manera excepcional, algunas normas de la Ley Orgánica de Elecciones.
“Por ejemplo, hay una norma que señala que un año antes de la elección no se pueden hacer modificaciones sobre materia electoral. Hay un artículo de la ley que señala que, para que uno participe, tiene que estar inscrito en ese partido un año antes”, mencionó el especialista.
Prisión preventiva
La Fiscalía de la Nación solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del gabinete Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Previamente el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Pedro Castillo.
El pedido es de prisión preventiva por 18 meses, el mismo que está a cargo del Fiscal Supremo Uriel Terán.
Terán es el Fiscal Supremo Provisional Transitorio, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Pedro Castillo es investigado como coautor por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el fallido golpe de estado.
En tanto, Aníbal Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
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