Pedro Castillo Terrones decidió patear el tablero democrático a poco más de 17 meses de su ascensión a la presidencia de la república, anunciando la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Su intento duró solo dos horas, pues terminó siendo vacado y hoy se encuentra detenido.
El miércoles 7 de diciembre es desde ya un día para la historia de la república. Para las 3:00 de la tarde estaba previsto el debate de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.
En la víspera, el aún mandatario nacional se dirigió cerca de las 11:00 de la noche al país señalando que no era corrupto, pero sí reconociendo que en su gobierno habían participado personajes que traicionaron su confianza e incurrieron en actos ilícitos.
Rumores previos
Los rumores de un golpe de estado empezaron a sonar desde la semana anterior. Incluso, un grupo de congresistas decidió pernoctar en el Palacio Legislativo para “evitar cualquier intento de disolución”.
Pese a que Castillo Terrones y la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chimo, alegaban hasta el hartazgo que no tenían ninguna intención de quebrantar el sistema democrático, esto finalmente sucedió.
Cerca del mediodía del miércoles 7 de diciembre, Castillo Terrones se dirigió al país con un mensaje en el que evidenció alto nerviosismo, al punto de leer con mano temblorosa el escrito para la ocasión.
Horas antes del mensaje, el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, relató ante el Congreso el pago de coimas a Castillo Terrones. Dichas declaraciones fueron determinantes.
El mensaje
Pedro Castillo anunció el cierre temporal del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, comicios que se efectuarían en nueve meses.
Indicó que esa decisión la tomó en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, con la finalidad de restablecer el estado de derecho y la democracia.
"A cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses", afirmó.
Asimismo, dispuso que a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso gobernaría mediante decretos de ley.
Además, decretó el toque de queda nacional a partir del miércoles 7 de diciembre de 2022 desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.
De igual modo, declaró en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
También precisó que todos los que poseen armamento ilegal debían entregarlo a la Policía Nacional del Perú en el plazo de 72 horas, por lo que quien no lo hiciere "comete delito sancionado con pena privativa de la libertad y se establecerá en el respectivo decreto ley".
"La Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto, se les dotará de los recursos necesarios", refirió.
En otro momento, precisó que estaba comunicando esa decisión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
"Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo, sin discriminación alguna", aseguró.
Añadió que en el interregno se respetaría escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio que señala "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".
Consecuencias
Las reacciones fueron inmediatas. La Mesa Directiva del Congreso adelantó para las 12:30 del día la sesión del Pleno, con el objetivo de debatir y votar la moción de vacancia presentada por el congresista no agrupado Edward Mágala.
En paralelo, los ministros empezaron a renunciar vía Twitter. El primero fue Alejandro Salas, de Trabajo, seguido del canciller César Landa, quien señaló que la decisión de Pedro Castillo era inconstitucional. Le siguieron los titulares de Justicia, Educación, Economía y otros despachos más.
Asimismo, las instituciones emitieron pronunciamiento de rechazo al autogolpe. La posición del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y otras más fue determinante. En tanto, la Procuraduría General del Estado anunció la presentación de la denuncia penal contra Castillo Terrones.
Quedaba pendiente de pronunciamiento el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales, que a través de un comunicado rechazó el rompimiento del orden constitucional.
“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional", señaló el comunicado.
Pedro Castillo, junto a Aníbal Torres Vásquez, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México para solicitar asilo político.
Vacancia
Cerca de las 2:00 de la tarde, el Pleno del Congreso aprobó la moción de vacancia contra Pedro Castillo en su cargo de Presidente de la República por incapacidad moral para el ejercicio de sus funciones.
La representación nacional aprobó esta medida con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, luego de culminar la votación nominal, es decir cada uno de los parlamentarios fueron llamado para emitir su decisión.
"Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, concordante con el artículo 117 de la Carta Política", indicó al titular del Congreso, José Williams Zapata, cuando se dio a conocer el resultado final.
Asimismo, Williams Zapata afirmó que tras la decisión tomada por el Congreso se procedería al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.
Además, se citó a la sesión del pleno programada a las 3:00 de la tarde con la finalidad de tomar el juramento a Dina Boluarte, para que asuma el cargo de Presidente de la República.
Nueva presidenta
A las 4:00 de la tarde, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta.
Boluarte Zegarra nació en Chalhuanca, en la región Apurímac, el 31 de mayo de 1962.
Es abogada titulada, egresada de la Maestría Derecho Notarial y Registral de la Universidad de San Martín de Porres, con más de 18 años de ejercicio de la profesión.
Cuenta con diplomados de alta especialización en Derecho Administrativo y Gestión Pública, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y es conciliadora extrajudicial.
“Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación como no podía ser de otra manera es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso.
Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, del pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y también de manera impostergable de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente. En esta ocasión hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional.
Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todos y por todas. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar.
Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno y por ello mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones.
He visto con repulsión como la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz. Por ello, mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas”, señaló en su mensaje.
Al cierre de esta edición, Pedro Castillo, quien estuvo acompañado en todo momento de su expremier Aníbal Torres Vásquez, permanecía aún en la sede de la Prefectura de Lima.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, el expresidente sería sometido a una investigación por el delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado (art. 346° del Código Penal). Alternativamente, por la presunta comisión de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal)
Deja tu Comentario