En el proyecto de Seguridad Ciudadana, elaborado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y promovido con bombos y platillos por el alcalde Marcos Gasco -que lo consideraba como su “niña bonita”-, algo tenía que encontrarse mal. Y el Gobierno Regional de Lambayeque lo encontró: falsedad en la documentación. Y por ello anuló el contrato en el que estaban en juego más de 30 millones de soles.

Pero no todo está perdido. El fin de semana el Gobierno Regional autorizó la adquisición de 50 vehículos (23 patrulleros y 27 unidades móviles) por 8 millones 271 mil 426 soles, los que se usarán de manera directa en el reforzamiento de la seguridad ciudadana y seguridad interna, al ser asignados a la Policía Nacional para el despliegue del personal, tanto para las tareas tácticas como operativas y de inteligencia.

Nulidad del contrato

En el primer proyecto, elaborado por la Municipalidad de Chiclayo, la decisión la tomó el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, con la Resolución Ejecutiva Regional N° 000554-2022-GR.LAMB/GR, tras recibir la recomendación del mismo Organismo Especializado en Contrataciones del Estado-OSCE, “porque el contratista, Consorcio Techquk, presentó certificados de su personal clave con información adulterada, la misma que deviene en documentación falsa”. La OSCE señala “que la imputación alegada al Consorcio Techquk al presentar el certificado de trabajo… relacionado a la experiencia del especialista ambiental, es un documento que carece de veracidad…”.

Desde hace varias semanas Marcos Gasco vociferaba por todos los medios y a los cuatro vientos que el gobernador Lozano no quería firmar el contrato. Incluso aludía a un supuesto odio a su persona y hasta al mismo Chiclayo que, según decía, requería que se haga realidad y de inmediato, un proyecto de esta naturaleza.

El alcalde olvidaba que, por convenio suscrito con el Gobierno Regional, es este último organismo quien tiene que financiar el proyecto y que, por lo tanto, siendo administrador de los dineros del Estado, debería ver que no hubiera ningún desliz en su instrumentalización. Era por eso la demora.

Sin embargo, el alcalde seguía promoviendo el proyecto como suyo e incluso los folletos que distribuye la MPCH así lo consideran aún, a pesar de haber quedado nulo.

Del proyecto promovido por la MPCH, el 14 de setiembre el Consorcio Techquk obtuvo la buena pro en la licitación pública y el 29 presentó la documentación exigida por las bases. Entre esta documentación, se ingresa el Certificado de Trabajo de fecha 30.09.2021, firmado por el ingeniero Slim Cabrera Díaz, jefe de Seguridad de la Empresa Besco Besalco S.A.C. Señala que el Ingeniero Alex Roel Bautista Tafur ha laborado en esa empresa entre el 09.03.2021 y el 30.03.2022.

Con este documento, al parecer, se daba cumplimiento a lo requerido para los “Requisitos de Calificación” y “Calificaciones del plantel profesional clave”, de las bases de la licitación, para acreditar la experiencia del profesional Especialista Ambiental en tiempo y especialidad. Así, el 11 de octubre el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió el contrato.

Sin embargo, en el control posterior, que se hace por ley, se advirtió una incongruencia evidente: El documento del 30.09.2021 considera una experiencia del 30.03.2022; es decir, certifica una experiencia que iba a ocurrir un año después; “lo que evidentemente es imposible por las sencillas reglas de la lógica del tiempo; pues nadie puede certificar lo que aún no ocurre”.

Del mismo modo, el Consorcio Techquk, adjunta el Certificado de Trabajo del 06.02.2021, suscrito por la señora Leyla Nicol Ibáñez Guevara, “Representante Común” del Consorcio del Valle SAC, en el que señala que el ingeniero Alex Roel Bautista Tafur ha laborado en esa empresa entre el 03.01.2020 y el 06.03.2021 como Especialista ambiental. En este caso, nuevamente el Gobierno Regional advierte una evidente incongruencia, pues el citado documento certificaba una experiencia posterior, lo que igualmente es imposible.

“Habiéndose advertido incongruencias en estos documentos (certifican hechos futuros), que, a pesar de haber sido redactadas y suscritas por personas distintas, se permite inferir que se trata de documentos que contienen información falsa y que, por la premura en su elaboración llevaron a esos errores”.

Entonces, Logística del Gobierno Regional notifica al Consorcio Techquk las diversas observaciones, otorgando el plazo para que subsane. A su vez, se le informó del procedimiento de fiscalización posterior al contrato.

Por esta razón, se pidió a la empresa Besco Besalco S.A.C, determinar la autenticidad del Certificado de Trabajo del ingeniero Alex Roel Bautista Tafur. El ingeniero Roger Luna García, apoderado de esta última empresa respondió que el Certificado de Trabajo (del Ingeniero Alex Roel Bautista Tafur) “no es veraz ni se encuentra reconocido por nuestra parte”; en consecuencia, es falso.

El 21 de octubre, la Oficina de Logística del Gobierno Regional concluye: “Conforme a lo expuesto, habiéndose advertido que el Consorcio Techquk, presentó certificados de su personal clave con información adulterada, la que deviene en documentación falsa, hecho sancionable de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde se corra traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles, a fin de que el Consorcio realice su descargo.

El mismo día el Consorcio Techquk presenta sus descargos. Sin embargo, señala que existe una afectación al debido procedimiento por el plazo otorgado y que “los documentos cuya falsedad se señala, han sido reemplazados por otros, que no sirvieron para suscribir el contrato y finalmente que la persona que suscribe el documento de respuesta de la Empresa Besco Besalco S.A.C, no es el representante”.

Los responsables

En la misma resolución, el Gobierno Regional ha dispuesto se determinen las acciones administrativas correspondientes con respecto a los hechos que dieron lugar a la nulidad de oficio, a fin de que se inicie al procedimiento administrativo sancionador correspondiente. Asimismo, se encarga comunicar al Procurador Público Regional, para que interponga las acciones legales que correspondan ante el Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, al haberse encontrado un documento falso en el expediente.

50 camionetas por 8 millones

Con respecto a los 50 vehículos para la PNP, la autorización, firmada por el gobernador Anselmo Lozano Centurión a través de Resolución Ejecutiva Regional, es para ejecutar el proyecto “Mejoramiento de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarias rurales y departamentos especializados en la región Lambayeque”.

“Desde comienzos de setiembre último, esto fue conversado con el jefe de la II Región PNP, general Santos Zenón Loayza Díaz y la misma autoridad policial se mostró satisfecha con el proyecto”, reveló el gobernador. No sucedió lo mismo con el proyecto que había elaborado la MPCH, en el que la Policía Nacional había sido dejada prácticamente de lado.

De acuerdo a las especificaciones técnicas, se adquirirán 23 patrulleros (camioneta doble cabina 4x2 equipadas, barra de luces e incluye herramientas de auxilio) y 27 unidades móviles (camioneta doble cabina 4x2 equipadas, circulina, cubículo e incluye herramientas de auxilio).

Previamente se firmó un convenio específico de cooperación interinstitucional de financiamiento para la ejecución del proyecto de inversión, entre el Ministerio del Interior, con intervención de la Policía Nacional de Perú y el Gobierno Regional de Lambayeque, mediante el cual esta última institución asume la competencia para la ejecución de la inversión para el mejoramiento de los servicios policiales en esta región.

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