El asesor legal de la Empresa Agroindustrial Tumán, Agustín Vásquez Paz, cuestionó las administraciones judiciales impuestas por el Poder Judicial y advirtió que detrás de la demanda laboral por 12 millones de soles se esconde una nueva intención de volver a este tipo de administraciones, que solo han causado daño y caos en las azucareras.
Invocó a la masa trabajadora, a los socios y a los jubilados de la Agroindustrial Tumán a asumir responsablemente la obligación de sacar adelante a la empresa. “Nosotros somos técnicos que estamos apoyando la titánica labor de recuperación de los activos para sacarla adelante, pero sin legitimidad, sin seguridad jurídica, nada se podrá lograr, así que invoco que cesen estos actos de sabotaje de los extrabajadores, pero principalmente pido al Poder Judicial a frenar las administraciones judiciales que solamente causan daño”, señaló.
Recordó que en el 2017 la empresa fue secuestrada en el manejo administrativo y de gestión por los mandatos judiciales ilegales que provenían de otros distritos judiciales fuera de Lambayeque, es decir, de Amazonas, Bagua, Sullana, entre otros.
En ese contexto, terceras personas sin ningún tipo de legitimidad manejaron a su antojo el patrimonio de la empresa hasta el año 2019, en que el quinto directorio que preside el abogado Iván González Valdivia, retomó la gestión y recuperó la legalidad de los órganos de gestión.
Indicó que se logró declarar la nulidad del proceso instaurado en Bagua, después de dos años de una larga lucha judicial para traer el proceso a la ciudad de Chiclayo, asumiendo la competencia el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Juan García Mayorga.
“Después de un largo debate judicial logramos declarar la nulidad de la medida cautelar que afectaba a la empresa y además también declarar la nulidad de la supuesta deuda a favor de un acreedor por tres millones de soles”, anotó.
El factor Marrufo
Precisó que en esta acción fraudulenta apareció como un actor principal, el famoso abogado Salatiel Marrufo, asesor presidencial del gobierno de Pedro Castillo, quien generó este tipo de obligaciones que a su vez fue la consecución de otras medidas cautelares tramitadas en la ciudad de Bagua, presuntamente “inventando deudas para mantener secuestrada a la empresa”.
Señaló que dicha situación concluyó el año pasado con un fallo definitivo por parte del Juzgado Civil de Chiclayo. Sin embargo, por cuestiones de interpretación, los órganos de gestión recién fueron registrados este año.
Manifestó que la emisión de medidas cautelares fuera de la jurisdicción está controlada. Sin embargo, la nueva estrategia de quienes buscan el control de la empresa sería aprovechar el estado de indefensión e introducir un nuevo proceso laboral, esta vez, con el auxilio y la convivencia de trabajadores de la empresa que tienen acreencias laborales.
“El año pasado ha ingresado en forma acumulada una demanda judicial por un promedio de 12 millones de soles”, anotó.
Indicó que el tema es gravísimo, porque la empresa está paralizada y los terrenos están abandonados. “Con las vigencias registrales nos apersonamos al proceso y hemos solicitado la nulidad de lo actuado hasta la emisión de la demanda, ya que recién se nos está notificando los actuados para ejercer defensa”, anotó.
Formalismos del juez
Sin embargo, prosiguió, “nos hemos encontrado con un juez excesivamente formalista que sostiene que aun cuando la empresa ha estado secuestrada, ha tenido representantes legales, omitiendo revisar la partida registral”.
“Por ello hemos adjuntado el último mandato judicial que declara la nulidad de los órganos fraudulentos y se retrotrae hasta el año 2017; es decir, la nulidad no solamente abarca la última administración judicial del señor Erick Benavides Timaná, sino que también se retrotrae a las otras administraciones que han sido canceladas por falsas o por nulas”, indicó.
En ese contexto, explicó, el magistrado estaba obligado a suspender el proceso, y remitir copias al Ministerio Público, tal como se ha pedido mediante un documento formal.
“Los mismos trabajadores demandantes han sido sorprendidos por un supuesto acreedor al momento de que ellos han emitido poder, por ello, se desisten de la demanda y denuncian que han sido sorprendidos”, remarcó.
Sin embargo, el juez de la causa no les hizo caso y ordenó pagar las tasas judiciales por el desistimiento y por la forma especial de conclusión del proceso.
Asimismo, estableció que esa nulidad iba a ser tramitada posteriormente. “Los trabajadores con mucho esfuerzo hacen el pago de sus tasas judiciales y el juez emite sentencia y después ha corrido traslado de la nulidad”, indicó.
Afirmó que tienen conocimiento que el grupo que antes impulsó las administraciones fraudulentas quiere recobrar el manejo de la empresa, y ya ha interpuesto una medida cautelar en forma de administración judicial. “Eso es gravísimo, por eso nosotros estamos invocando a los órganos jurisdiccionales y al presidente de la Corte para que en defensa de la imagen del Poder Judicial no se permita esta clase de leguleyadas”, anotó.
“Nosotros creemos y confiamos en los órganos de administración del Distrito Judicial de Lambayeque, porque después de una larga lucha nos han permitido recobrar legitimidad y vigencia, que son los únicos elementos que se puede tener para lograr el reflotamiento empresarial, tal como ha ocurrido en la empresa Pomalca, en la cual yo también dirigí la gestión legal”, señaló.
Recordó que ahí se demostró que con solo seguridad jurídica se puede asumir una verdadera gestión de reflotamiento.
Manejo parcial
Reveló que desde que se inició el proceso de reflotamiento y estructuración de Tumán no se ha logrado recobrar el control total de las instalaciones, porque hay un grupo que ocupa la gerencia, el directorio y otras oficinas administrativas, “teniendo secuestrada toda la documentación financiera, administrativa y laboral”.
“Nosotros ya hemos hecho la denuncia, pero lamentablemente como todo estado de derecho tiene un trámite, recién el día 26 de agosto el Ministerio Público ha programado la diligencia en mérito a la carpeta fiscal 2402- 2022, a cargo del fiscal Eduardo Céspedes García, donde se va a verificar precisamente el estado de secuestro de información”, acotó.
Añadió que la toma de instalaciones para impedir de puedan ejercer de manera válida y sustentada el derecho de defensa, porque al no contar con los medios suficientes informativos no pueden dar a conocer a los juzgados la verdadera situación financiera y laboral.
Precisó que las personas que ahora tienen tomado el control físico de algunas instalaciones estarían inmersas en el delito de usurpación agravada.
“Los trabajadores inmersos en el fraudulento proceso judicial laboral cometen los delitos de fraude procesal y falsedad, porque se está incluyendo dentro de la pretensión laboral periodos que no han laborado y están reclamando gratificaciones de los años 2019- 2020, en los cuales la empresa estaba paralizada”, señala.
Indicó que estimar el daño causado a la empresa es complicado, pues “son millones de soles del patrimonio que se está destruyendo”.
“Es importante identificar la verdadera razón por la cual estas mafias están enquistadas y para apropiarse de las tierras de la azucarera”, reveló.
Patrimonio
Señaló que la actual gestión viene recuperando un promedio de 250 hectáreas de tierras urbanas, dispuestas ilegalmente por los administradores judiciales nombrados por el Poder Judicial.
Estimó la invasión en un promedio de mil hectáreas que significan millones de dólares en daños y perjuicios, sin tener en cuenta la falta de producción y la falta de siembra de los campos.
No obstante, señaló que la empresa Tumán tiene la suficiente capacidad para recuperarse, por cuanto su valor patrimonial es cuantioso.
Manifestó que aún hay un promedio de 500 hectáreas por recuperar, entre terrenos agrícolas y urbanos, ubicados al costado de las carreteras, y por un tema de carácter legal son incorporadas dentro de la estructura de carácter urbano. “Entonces su valor patrimonial se multiplica por 10 o por 15, entonces este nicho de negocios es el imán para las redes criminales”, enfatizó.
Agregó que estas acciones vienen siendo investigadas por la Fiscalía de Crimen Organizado de Lambayeque, para lo cual se está estableciendo una serie de diligencias. “Uno de los principales procesados es el señor Salatiel Marrufo junto a otros ex administradores judiciales de la empresa”, detalló.
Recordó que Salatiel Marrufo fue apoderado del administrador judicial Daniel Riojas. “Le entregó poder a este abogado para que hiciera y deshiciera con el patrimonio de la empresa”, dijo.
Señaló que el Poder Judicial ha declarado nula su gestión y, por lo tanto, esa nulidad también alcanza y se extiende a los actos celebrados por estas personas, por lo tanto, todos los contratos suscritos son nulos. “Gracias a ello se empezará a recuperar poco a poco el patrimonio”, acotó.
respuesta de Raul Adolfo el 2022-08-21.
AgustÃn Vásquez quien eres a quien representas, por tu alago egocentrista parece que represents al grupo mafioso de los oviedos becerriles,
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