La seguidilla de procesos investigatorios en contra del presidente Pedro Castillo en tan solo un año de su gobierno, no hace sino mostrar fuertes sospechas que el dignatario de la nación se encontraría inmerso en actos de corrupción y en hechos contrarios a su función gubernamental, tal como los presidentes que lo antecedieron implicados en el caso Lava Jato.
El primer caso
Las indagaciones a nivel fiscal respecto a la serie de adjudicaciones para la prestación de servicios por montos millonarios y la ejecución de obras de gran envergadura, serían las más fuertes que podrían desencadenar – según los juristas especializados – en una condena severa de privación de la libertad del mandatario Pedro Castillo después de dejar el cargo, principalmente por la adjudicación presuntamente fraudulenta a favor del Consorcio Tarata III, delatada por la colaboradora Karelim López, que como es bien sabido, estuvo conformado, entre otras, por la empresa INP Ingeniería Integración de Proyectos de propiedad de los hermanos Aguilar Quispe.
Estos estarían ligados a los sobrinos del mandatario Castillo, que al parecer sería el jefe de una organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo del exministro Juan Silva Villegas, donde se habría logrado consumar el direccionamiento de la ejecución de dicha obra valorizada en 300 millones de soles.
Los ascensos en las Fuerzas Armadas
El sistema de justicia también investiga a Pedro Castillo por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por las presuntas presiones que habría ejercido el mandatario en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas - FF.AA., con el objeto de manipular el sistema de ascensos de los militares de alto rango, quienes serían de su entorno amical y otros de su misma línea ideológica gubernamental.
En este caso, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco – hoy en manos de la justicia -, habría jugado un rol importante sosteniendo conversaciones directas con los jurados para presuntamente recibir las prebendas, al parecer, por encargo del jefe de Estado, producto del activismo ilegal de una presunta organización criminal supuestamente liderada por Castillo Terrones denunciada por el excomandante del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, quienes públicamente revelaron que recepcionaron mensajes de parte del exministro de Defensa Walter Ayala para favorecer con los ascensos a ciertos militares producto de una orden presidencial.
El caso Petroperú
Un similar caso que los anteriores viene siendo procesado por el Ministerio Público en contra del jefe de Estado, donde el ente indagador busca articular la tesis para acusarlo por los delitos de colusión y tráfico de influencias agravado, cuando subrepticiamente se reunió con el empresario Samir Abudayeh, a quien, coincidentemente, luego de la conversación sostenida con Castillo Terrones y el exgerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo, se le adjudicó la buena pro para la adquisición de combustible valorizado en 74 millones de dólares, requerida por la empresa estatal que maneja los hidrocarburos en el país.
Incluso la colaboradora Karelim López tuvo una participación activa como asesora de la empresa ganadora en las negociaciones presuntamente realizadas entre Castillo, Ayala y el dueño de la empresa favorecida Samir Abudayeh, la misma que tuvo que ser revocada producto de los hallazgos advertidos por algunos medios periodísticos.
Los plagios
A las presuntas ilicitudes en las que habría incurrido el hasta hoy jefe de Estado, se suma el plagio de su tesis de maestría aprobada por la Universidad César Vallejo – UCV, conjuntamente con su esposa Lilia Paredes, la misma que ha sido identificada con un plagio que alcanza el 54 % por el sistema de verificación Turnitin, hecho que ha sido confirmado por las altas esferas académicas de la UCV ante la SUNEDU.
Ante ello, el Ministerio Público viene realizando las investigaciones preliminares correspondientes, con la finalidad de determinar la presunta comisión por parte del mandatario y la primera dama de la nación de los delitos de falsedad genérica, plagio agravado y cobro indebido que bien podrían culminar con una sentencia en contra de la pareja presidencial, cuando el titular de la investigación, en este caso el Ministerio Público presente la acusación formal ante el Poder Judicial.
La información falsa
Castillo también acarrea una investigación reabierta por el Ministerio Público por los delitos que habría cometido, como falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica e ideológica tipificados como tal en el Código Penal, cuando el hoy elegido mandatario de la nación intentaba ser elegido para dicho cargo en los comicios electorales del año 2021 como candidato del partido Perú Libre.
En ese entonces no consignó en su hoja de vida que por esas fechas desempeñaba el cargo de gerente del Consorcio Chotano e Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C., condición que fue puesta en el ojo público por un medio periodístico, la misma que en su momento fue asumida de oficio por la fiscalía de turno, la cual luego de ser archivada, ha sido reabierta para realizar las indagaciones preliminares que correspondan y permitan su acusación formal ante el juez de la causa, que bien podría conllevar a una sentencia por parte del Poder Judicial.
Las posibles sentencias
Las investigaciones a nivel fiscal involucran a una serie de personajes, entre ellos el jefe de Estado, el hoy habido Bruno Pacheco, el prófugo exministro de Transportes Juan Silva, los sobrinos del presidente Castillo y los delatores Karim López y Zamir Villaverde, entre otros, todos ellos investigados por presuntamente haber cometido un concurso de delitos.
Se incluyen la esposa del mandatario Lilia Paredes y su cuñada, Yenifer Paredes.
En este sentido es que algunos abogados penalistas consideran que los procesos seguidos por el Puente Tarata II y Fuerzas Armadas podrían ser considerados los más graves en contra del jefe de Estado y los demás implicados, por cuanto provienen de delitos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y que demandan una exhaustiva investigación para concluir con penas severas a los responsables.
El caso de la cuñada del presidente
Cabe hacer mención que actualmente la familia presidencial atraviesa una situación complicada, pues la primera dama Lilia Paredes y su hermana Yenifer, vienen siendo sometidas a extensos interrogatorios a nivel fiscal y congresal, por los presuntos actos cometidos producto de los ingresos del amigo de ocasión Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción, quien conjuntamente con la cuñada –hija del presidente, aparecen en un video impulsando la ejecución de una obra de saneamiento en el distrito cajamarquino de Chadin.
Se busca determinar la existencia del delito de patrocinio ilegal a favor de la empresa gerenciada por Espino Lucana, cuya hermana Anggi Espino Lucana, representando a la constructora Destcon Ingenieros y Arquitectos, se vio favorecida con la buena pro de una millonaria obra en el municipio de Anguia.
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