Han transcurrido cinco meses desde la muerte de Miguel Coronado Peche en la ejecución de la obra del Colegio Santa Magdalena Sofía, en Chiclayo. Por increíble que parezca hasta el momento no existe resultado de la necropsia de ley; la viuda, quien ha quedado a cargo de cuatro niños, tampoco puede acceder al seguro de vida y el Ministerio Público no responde los escritos presentados por la defensa. ¿Qué motivos retardan la investigación en este caso que comprometería a la constructora ICM?
Los trabajos en el nuevo local del Colegio Santa Magdalena Sofía se paralizaron la mañana del 7 de febrero pasado. Cerca de las 9:00 horas, Miguel Coronado Peche, de 30 años, cayó del tercer nivel de uno de los edificios en construcción.
El proyecto “Rehabilitación de la infraestructura de la Institución Educativa del Nivel Secundario Santa Magdalena Sofía Barat, distrito y provincia de Chiclayo”, fue adjudicada el 28 de junio del 2021 por el Gobierno Regional de Lambayeque a Ingeniería Civil Montajes – ICM SA, representada por su gerente general Rodolfo Dávila Ugaz.
Dávila Ugaz y el jefe de la Oficina Regional de Administración, Kristian Polo Sánchez, suscribieron el Contrato de Obra N° 000009-2021-GR.LAMB/ORAD, por un importe de 15 millones 622 mil 437.48 soles para la ejecución de la obra, la misma que empezó semanas después.
Coronado Peche ingresó a trabajar como obrero en noviembre.
“La mañana del 7 de febrero Miguel Coronado se encontraba realizando sus labores en un tercer piso y cayó. Minutos después llegó la Policía, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, y el médico ocupacional levantó un acta. El cadáver fue enviado a Medicina Legal para la necropsia de ley y se inició la investigación el 28 de febrero en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, a cargo de la fiscal Sara Alvarado Cabrera, abriéndose la Carpeta N° 669-2022”, comenta Miguel Calleja Vela, abogado de los deudos.
La fiscal estableció el plazo de 90 días para el desarrollo de sus diligencias de investigación, tiempo que se prolongó con la Disposición N° 4, del 1 de junio, otorgando una ampliación por 30 días más.
El plazo se venció, pero lo avanzado es poco.
Circunstancias de la muerte
Calleja Vela refiere que la muerte de Coronado Peche resulta, por lo menos, extraña, pues se entiende que la obra cumplía con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.
“Se supone que el trabajador se encontraba en el tercer piso sujeto al arnés de seguridad. ¿Si lo tenía cómo pudo caer? Según el médico ocupacional y algunos ingenieros que han declarado en fiscalía, Miguel Coronado no habría estado con el arnés, por lo tanto pretenden deslindar a la empresa de toda responsabilidad y trasladársela a la víctima”, señala.
Lo cierto es que días después de la muerte de Coronado Peche, inspectores de SUNAFIL acudieron a la obra y paralizaron las actividades durante seis días.
La propia SUNAFIL informó en una nota de prensa, que aparece publicada en el Portal del Estado Peruano, www.gob.pe (https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/586698-lambayeque-paralizan-trabajos-en-obra-por-poner-en-riesgo-a-100-trabajadores-de-construccion-civil), que la obra estaba a cargo de la empresa ICM SA, “la cual tiene antecedentes de no brindar las condiciones mínimas de seguridad a sus trabajadores”.
“Durante la fiscalización, realizada por el Equipo Itinerante e Inspección del Trabajo, se determinó que los 100 operarios que estaban laborando, estaban en riesgo grave e inminente.
Observaron la falta de barandas en los pisos superiores, lo que podría generar la caída de los trabajadores; los andamios no reunían las condiciones técnicas, necesarias para brindar estabilidad; detectaron que las plataformas por donde transitaban los operarios estaban incompletas; así como el uso inadecuado del arnés”, señala la circular informativa.
“Desde que se abrió la carpeta fiscal no se han realizado las diligencias de investigación más exhaustivas para determinar la responsabilidad no solo de personas, sino también de la empresa contratista de la obra. De toda investigación los únicos que han sido llamados a declarar son el médico legista, los policías, los trabajadores y dos ingenieros. No ha sido llamado el supervisor de la obra, el coordinador o asignado del Gobierno Regional de Lambayeque, de ICM, que es la contratista, no se ha llamado a nadie. Todos los que han declarado han acudido con un mismo mensaje e incluso con el mismo abogado”, denuncia Miguel Calleja.
Subcontratación
Uno de las razones por las que no se habría llamado a los representantes de ICM a la fiscalía es porque la empresa que ganó la buena pro de la obra habría subcontratado parte de los trabajos.
“La subcontratación habría sido realizada con Marlon Paul Oblitas Mendoza. No se han realizado más actos de investigación”, menciona el abogado.
Miguel Coronado ganaba, en promedio, 800 soles semanales, según las boletas de pago emitidas a su nombre por Oblitas Mendoza, con RUC N° 10477120801, quien desde el 16 de junio del 2021 emite facturas.
Entre junio y diciembre pasado, Oblitas Mendoza no registra trabajadores en planilla ante la SUNAT. Recién en enero reportó 77 trabajadores, 95 en febrero, 82 en marzo y 61 en abril. Desde mayo ya no ha reportado trabajadores.
“Desde que asumí el caso he presentado tres escritos a la fiscalía y ni siquiera ha sido resuelto el de apersonamiento como abogado. He pedido que se realicen actos de investigación que la fiscal ha debido ejecutar y no tenemos respuesta. Por ejemplo, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, no ha sido oficiado para que remita información, tratándose de una obra pública, tampoco al Gobierno Regional de Lambayeque. Hemos requerido que se informe sobre el Registro Nacional de Proveedores de ICM como del subcontratista, si tienen antecedentes de sanción o problemas similares respecto a la seguridad de los trabajadores. Tampoco se requerido el contrato de obra, para establecer si ICM estaba facultada para subcontratar o no. SUNAFIL realizó una inspección, pero en la carpeta fiscal tampoco se ha requerido información sobre las conclusiones”, señala el abogado.
La necropsia
Pese a que la muerte de Miguel Coronado ocurrió el 7 de febrero y el cadáver fue traslado a Medicina Legal para la necropsia de ley, en la carpeta fiscal tampoco obran los resultados de la misma.
Según explica Miguel Calleja, la fiscal Sara Alvarado formuló la ampliación de la investigación por 30 días, con la Disposición N° 4, “únicamente para que se incluyan los resultados de la necropsia”.
El tiempo venció a fines del mes pasado y las conclusiones del estudio forense siguen sin aparecer en la carpeta fiscal.
“Están tratando de cubrir a una empresa grande”, asevera el abogado, añadiendo que todos los citados por la fiscalía “han ido completamente preparados para declarar lo mismo”.
“Marcan cierta distancia con el fallecido, dicen que el día de la caída el arnés no estaba conectado. Trasladan la responsabilidad a la víctima. El sindicato tampoco ha dicho nada”, afirma.
Seguro y conciliación
De acuerdo con Miguel Calleja, lo extraño es que quien habría buscado conciliar con la viuda de Coronado Peche, Ana Reyes Culqui no es el subcontratista, sino ICM.
“Quien ha buscado conciliar es ICM cuando esta empresa, aparentemente, no tiene ningún vínculo laboral. Lo más curioso es que el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo – SCTR, lo paga ICM, además que existe un seguro por fallecimiento que está coberturado por la empresa Mapfre, que le ha requerido información a ICM y esta le ha entregado copia de toda la carpeta fiscal”, explica.
Comenta que de la normativa señala que cada contratista o subcontratista asume responsabilidades por sus trabajadores, lo que incluye los seguros y pólizas.
“ICM se está arrogando una responsabilidad que en términos aparentemente legales no tiene y eso genera dudas de quién era realmente el empleador del trabajador fallecido. Lo que nosotros estamos requiriendo a la fiscalía para que pueda determinar quién es el verdadero empleador, que desde nuestra posición está siendo cubierto por un subcontratista”, precisa.
La viuda de Coronado Peche no logra, hasta el momento, cobrar el seguro de vida ley debido a que la aseguradora ha respondido que espera el informe final de la fiscalía. Lo que no se precisa es cuál es ese informe, si una sentencia o una resolución de archivamiento.
“A mí nadie de la empresa me comunicó lo que había pasado con mi esposo, fue mi cuñado quien trabajaba ahí quien me llamó. No hubo una comunicación formal. Cuando llegué al colegio no me dejaron entrar, no pude ver a mi esposo”, manifiesta Ana Reyes, viuda del trabajador.
Comenta que el subcontratista la ayudó con los gastos. Con ICM – cuenta – hubo una reunión en la que se le informó que se seguiría el proceso y que “había que esperar”.
“A mí ICM no me ha pagado nada, fue el subcontratista quien me ha pagado todos estos meses como si mi esposo estuviera trabajando. Las primeras semanas me pagaron en promedio 800 soles semanales. Luego 600 soles semanales, hasta antes de la quincena de julio. Ya me comunicaron que esos eran los últimos depósitos”, refiere.
Reyes Culqui tampoco ha podido acceder a su pensión por la AFP Hábitat, a la que estaba afiliado su esposo. Según cuenta, la compañía le pidió resolver primero lo del seguro SCTR, pero tras cuatro meses de trámite la aseguradora respondió que no le correspondía ningún cobro porque Miguel Coronado había fallecido – aparentemente – por negliencia propia.
“Estoy a la espera de la acreditación ante la AFP, porque lastimosamente los empleadores a veces hacen los descuentos a sus trabajadores, pero no pagan a la compañía. Eso pasó con mi esposo”, enfatiza.
Deja tu Comentario