El ministro de Justicia y Derechos Humano, Félix Chero Medina, dialogó con Expresión sobre la situación del gobierno y las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo y su entorno más íntimo.

Lo sucedido con Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la república, Pedro Castillo, y su presupuesta participación en procesos de contratación del Estado, ¿ponen al gobierno en una situación más crítica por las denuncias de presunta corrupción?

Sin lugar a dudas es una preocupación. Sin embargo, debemos aclarar que en el Ejecutivo hacemos todos los esfuerzos por trabajar y resolver los grandes problemas del Perú y cualquier caso aislado que se produzca por un miembro del gobierno o algún familiar, es justamente eso, un caso aislado que debe ser investigado.

De ninguna manera, por estos hechos, se puede involucrar al presidente de la república, porque cualquier persona, cualquier miembro del Ejecutivo y hasta familiares pueden tomar el nombre.

En este momento yo estoy dando esta declaración y no sé si algún funcionario de mi despacho o algún familiar está tomando mi nombre de manera, tal vez, irresponsable, inmadura y eso de ninguna manera podría vincular los actos de gobierno.

Reitero, estamos haciendo todos los esfuerzos por resolver los problemas más álgidos del país y por eso es que hacemos casi semanalmente los consejos de ministros descentralizados, en los que escuchamos a la población, a las organizaciones civiles y a las autoridades locales.

Sin embargo, el cuestionamiento desde que empezó el gobierno sigue siendo el mismo: el gobierno del presidente Pedro Castillo despierta sospechas y no suma esa vocación de trabajo que usted señala. ¿Qué más hace falta para que el Ejecutivo lo comprenda?

Definitivamente hay actores y actores, hay personas vinculadas al gobierno que cometen algunos exabruptos, hay exfuncionarios que han participado de actos que son materia de investigación, pero como lo dijo el presidente de la república en su primera presentación ante el Congreso: investigación y sanción para todos aquellos que incurran en actos de corrupción, aun cuando sean vinculados al gobierno.

Debemos ser claros en señalar que nuestro propósito y objetivo como Ejecutivo es realizar todos los actos de gobierno para que se resuelvan todos los problemas de los sectores más necesitados, pero también tenemos que hacer un alto a todo tipo de concertación para ponernos a trabajar armónicamente por las grandes necesidades del país.

Usted es un hombre de Derecho y académico, además. ¿Cómo se ha sentido cuando ha escuchado al presidente Castillo señalar que se somete a los usos y costumbres y a una investigación de las rondas campesinas, sabiendo que estas no tienen función jurisdiccional? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento similar de sometimiento al Ministerio Público, pues lejos de ello la defensa del presidente ha buscado anular las investigaciones en su contra?

Dentro del Derecho formal y positivo, el presidente de la República ha concurrido a la fiscalía y ha declarado por más de cuatro horas respondiendo cada una de las preguntas en la investigación que se le viene realizando.

Cuando él ha señalado que se somete al tribunal comunal de las rondas campesinas es porque las rondas ejercen una justicia comunal de estándares morales de los que él proviene. Él es rondero y responde a esa expectativa social.

El mensaje es que el sometimiento a ese tribunal comunal es moral, de que puede responder no solo ante la justicia formal y organizada jurídicamente, sino también en aquellos espacios en los que el mensaje para el país son claros.

No podemos desconocer que las rondas han jugado un rol histórico en nuestro país incluso en la pacificación, cuando han combatido entre el 80 y el 90 al terrorismo. Es justo reconocer esa labor histórica de las rondas.

¿Quiere decir que si las rondas encuentran al presidente moralmente responsable, lo tomarán a chicotazos como se ha visto en estos días con mujeres, a las que incluso han secuestrado?

El presidente lo ha dicho de manera simbólica, él es rondero y ha dicho que se someterá a los usos y costumbres como un mensaje de transparencia y de reconocimiento a la justicia de las rondas y a la justicia comunal, pero entendamos que lo dice dentro del estándar moral que le permite vincularse con esta organización histórica.

Reitero, él se ha sometido a los interrogatorios de la fiscalía y viene respondiendo a los actos investigatorios como lo debe hacer cualquier ciudadano.

A días de cumplirse el primer año del gobierno, ¿cuál es la autocrítica que debe hacer el Ejecutivo de su desempeño al frente del país?

Tal vez no haber, razonablemente, propuesto una agenda país articulada con el Congreso de la República. Hemos caído, posiblemente en la provocación y hemos encontrado muchas confrontaciones.

Creo que es el momento en el que hagamos un alto a esas confrontaciones y nos pongamos a trabajar por el bienestar de todos los peruanos y peruanas, y desde el Ejecutivo y el Legislativo establezcamos una agenda país para resolver los grandes problemas. Estoy convencido que es posible, porque tanto el presidente como los congresistas han sido elegidos por un período de cinco años, pero para servir con vocación y convicción.

¿Acaso no se agudizado la confrontación con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? El premier emite sus pronunciamientos y comunicados en base a cómo evoluciona la política en el país, es muy enfático, muy vehemente, como lo somos todos los que somos voceros del gobierno. El premier tiene la firme voluntad y convicción de trabajar junto al Congreso e incluso ha dejado un acuerdo de gobernanza.

¿No deja algún mensaje el impase de la última semana que provocó la reacción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas?

Es una forma de cómo a veces se desnaturalizan nuestras expresiones. El premier ya ha emitido un comunicado oficial en el que ha reproducido sus declaraciones y ha señalado que si se han sentido ofendidas las Fuerzas Armadas ofrece las disculpas del caso y su compromiso firme de trabajar por su empoderamiento y el de la Policía Nacional.

¿El presidente Castillo se ha puesto en una situación compleja con la publicación del Decreto Supremo que aprueba la intervención de una entidad de derecho privado como es la Derrama Magisterial? Usted es el la práctica el asesor legal del Ejecutivo, ¿se le consultó sobre esta medida?

Hay organizaciones, hay instituciones que históricamente tienen un conflicto y una pugna interna y creo yo que el Estado y el Ejecutivo tiene que tener un rol orientador, fiscalizador, para que cuando se desborden los estándares organizativos se den lineamientos y pautas jurídicas para una mejor administración de instituciones como la Derrama Magisterial, que sabemos, tiene grandes conflictos.

Pero es una entidad privada…

Vamos a revisar la propuesta y haremos las recomendaciones y sugerencias que el caso amerita. Creo yo que la iniciativa del presidente, como docente y miembro de los colectivos de maestros, es válida y en su momento el sector Justicia tendrá que revisarla y hacer los correctivos si el caso lo amerita.

El proyecto de ley impulsado por su despacho que busca restringir la información sobre investigaciones fiscales, ¿no es un atentado contra la libertad de expresión e información?

No hay de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de quien lo representa una intención de vulnerar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres de prensa en nuestro país.

Es más, cuando estuvo aquí el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos hecho ver cuál es el comportamiento que nosotros tenemos frente a los medios de comunicación.

Particularmente yo siempre he mostrado un gran respeto y conexión con los hombres y mujeres de prensa en el país. No hay ninguna intención encubierta en este proyecto de ley.

Lo que buscamos es salvaguardar la reserva de la investigación.

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