En los últimos días, gremios de pescadores de diferentes partes del país se han movilizado en contra del proyecto de ley presentado por el congresista Jaime Quito, que propone modificatorias a la Ley General de Pesca, iniciativa que según los dirigentes del sector afectaría a miles de familias que dependen directamente de la explotación de productos hidrobiológicos.

El proyecto del parlamentario de Perú Libre apunta a aplicar diversas modificatorias a la norma vigente, como propiciar la creación de un Consejo Nacional de Pesca, que tendría competencias consultivas; incorporar la categoría recurso sobreexplotado, la protección de las cinco millas (la cual busca proteger la pesca artesanal y reducir el uso de artes de pesca de alto impacto), estandarización de los plazos de vigencia de los permisos, entre otros.

Esta última es una de las medidas que más rechazo genera entre los hombres de mar, pues consideran que la anulación del plazo indeterminado en las autorizaciones de pesca poner en riesgo sus planes de inversión y rompe con la industria pesquera pequeña y mediana, que es la que abastece el mercado interno.

El proyecto de Jaime Quito propone que los permisos tengan una vigencia de 10 años como máximo.

Cuestionamientos

“Estamos realizando esta marcha pacífica. Queremos entablar una mesa de diálogo con todos los congresistas de la región para que apoyen al sector pesquero. No estamos de acuerdo con la nueva ley, pues busca dejar sin trabajo a 200 mil familias. Aquí en Lambayeque somos 20 mil pescadores y por eso estamos acá. Nuestras embarcaciones van a tener fecha de caducidad en 10 años, ¿cómo vamos a invertir?, ¿qué seguridad jurídica y económica hay para invertir?”, explicó el presidente de la Asociación de Armadores Industriales de Santa Rosa, Víctor Orozco Nuntón, quien el lunes último lideró las protestas en la Panamericana Norte.

Los pescadores exigen que se mantenga la vigencia de la Ley N.° 25977, cuya pórroga se dio en el 2001.

Otro aspecto que critican es que la Comisión del Producción del Congreso haya aceptado opiniones técnicas de la organización sin fines de lucro Oceana Perú, y no del Instituto del Mar del Perú – IMARP, como entidad competente en representación del Estado.

“Esto no beneficia a ningún sector. La ONG Oceana busca que todos los barcos del norte, desde Tumbes a Áncash se dediquen a la pesca recreativa. El objetivo es regalar las 188 millas a barcos extranjeros y sacarnos del mercado”, denunció Orozco Nuntón.

No fue aprobado

El lunes, la Comisión de Producción del Congreso debatió por segunda vez el pre-dictamen de una nueva Ley General de Pesca. Luego de las intervenciones de los congresistas, se confirmó el consenso que existe en todas las bancadas sobre la urgente necesidad de actualizar la ley, pero igual se aprobó una cuestión previa (tal como sucedió en la sesión anterior) para que haya más debate sobre el dictamen final.

De acuerdo a lo informado por Oceana, “esta cuestión previa pone nuevamente en pausa la aprobación de cuatro proyectos de ley de diferentes bancadas (los PL 712/2021, 828/2021, 1477/2021 y 2236/2021), los cuales buscan, en esencia, evitar la sobreexplotación de nuestros recursos en las primeras cinco millas del mar peruano a partir de una adecuada reclasificación de la flota pesquera: es decir, enviar a las embarcaciones de menor escala que utilizan redes de arrastre o cerco mecanizado (las cuales son poco selectivas y dañan el fondo marino) fuera de esta zona, debido a su vital importancia en la sostenibilidad de nuestros recursos. Además, el dictamen busca la implementación de mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones futuras”.

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