El próximo 5 de julio se iniciará un nuevo juicio oral por otro caso de corrupción del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, en el que está implicado el empresario Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del premier Aníbal Torres, por el direccionamiento de una obra en favor del Consorcio Transatlántica al cual representó.
La reportera Juana Avellaneda, del programa dominical Contra Corriente, de Willax Televisión, llegó a Chiclayo en busca de las andanzas del empresario Víctor Antonio Torres Vásquez y de Iván Torres García, hermano y sobrino, respectivamente, del premier Aníbal Torres, quienes se habrían coludido con el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, para beneficiarse con la buena pro de una obra en el casco central de la Ciudad de la Amistad.
De acuerdo a la tesis fiscal, Víctor Antonio Torres Vásquez, Iván Torres García y Víctor Hugo Carbajal Alzamora, empresarios que conformaron el consorcio Transatlántica, son cómplices del exalcalde Roberto Torres Gonzáles.
La periodista entrevistó a la fiscal Tania Bravo, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo del caso a quien se le preguntó si sabía que el imputado Víctor Antonio Torres Vásquez es hermano del premier Aníbal Torres. “No, no lo sabía”, respondió escuetamente.
Expediente
El voluminoso expediente fiscal que obra en su poder podría llevar al empresario Víctor Antonio Torres Vásquez a la cárcel si se comprueban los hechos irregulares en su contra en el nuevo juicio oral que se iniciará por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
La fiscal ha pedido para todos los implicados nueve años de cárcel por el delito de colusión por hacer negocios ilícitos con Roberto Torres Gonzales, sindicado como el cabecilla de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”.
La fiscal Tanía Bravo refiere que de acuerdo a las investigaciones, el proceso de adjudicación de la buena pro estuvo direccionado para favorecer al consorcio Transatlántica, representado por Víctor Antonio Torres Vásquez, también formado por la empresa Corporación de Construcciones e Inversiones SAC, representada por Iván Torres García ,y por Víctor Hugo Carbajal Alzamora.
“El consorcio presentó documentación falsa para obtener la licitación de la obra para el mejoramiento de pavimento y veredas del casco central de la ciudad de Chiclayo”, anotó la representante del Ministerio Público.
Ello sucedió con la complicidad de un alcalde que paradójicamente llegó al poder con el movimiento regional “Manos Limpias”. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario cuando administró el dinero de todos los chiclayanos.
La fiscal Tania Bravo narró que se detectó que el profesional abogado que presentaba el consorcio Transatlántica tenía irregularidades en su identidad, pues el número de DNI de una declaración jurada que el mismo profesional presentó pertenecía a una persona totalmente diferente, pese a ello, obtuvo el máximo puntaje.
Otra irregularidad que llamó la atención de la Procuraduría fue la postergación sistemática por parte del comité de selección del Municipio de Chiclayo, que aplazó la fecha de adjudicación de la obra hasta en seis oportunidades.
Jorge Chávez Pita, consultor y testigo del Ministerio Público, reveló que uno de los consorciados no tenía vigente su Registro Nacional de proveedores, “entonces han esperado que adquiera la vigencia para recién llevar el acto público para la adjudicación de la buena pro”, reveló.
La fiscal Bravo indicó que las justificaciones de los miembros del comité es que en las fechas que tenían que reunirse estaban ocupados en otras actividades y postergaban y postergaban la adjudicación de la obra, del 4 de septiembre misteriosamente se cambió al 16 de septiembre de ese mismo año, exactamente 17 días después de que el consorcio de Torres Vásquez fuese habilitado en el sistema. ¿Será una coincidencia?, se preguntó la reportera, respondiendo, que la fiscal no lo cree así.
“Hay una participación de los mismos miembros del Comité de Selección, desde la misma cabeza de la municipalidad, que es el alcalde hasta su representante, que es el gerente general”, advierte la representante fiscal.
Para el Ministerio Público se trata de un concierto de voluntades para favorecer a un grupo empresarial, por esta razón están solicitando hasta 9 años de cárcel para todos los imputados, desde el alcalde hasta los integrantes del consorcio, quienes además entregaron la obra fuera del plazo establecido y superando el presupuesto acordado.
“La obra tenía un valor referencial de ocho millones 359 mil soles y causó un perjuicio al Estado de 76 mil 945 soles por el pago en exceso”, aseveró Bravo.
El Ministerio Público tiene pruebas más que suficientes para sustentar que el municipio de Chiclayo, presidido por el exalcalde Roberto Torres otorgó la buena pro de manera irregular al Consorcio Transatlántica representado por Víctor Antonio Torres Vásquez.
“Es claro que hay un direccionamiento, difícilmente este caso puede terminar en una absolución”, agregó la fiscal Bravo.
Contrato con CENARES
La reportera de Willax recordó que Víctor Antonio Torres Vásquez logró contratar con este gobierno a través de su empresa Aldem SAC por 14 millones de soles para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimientos Estratégicos de Salud- CENARES, en agosto del 2021, cuando su hermano Aníbal Torres ya era Ministro de Justicia.
“Parece mentira que el señor premier siendo abogado haya tratado de mentir de manera tan grosera y de confundir a los peruanos”, comentó Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones con el Estado.
“Porque lo que él dijo es que la empresa donde su hermano es apoderado ganó la buena pro antes que él sea ministro, pero lo que no dijo es que firmó el contrato cuando asumió el cargo de ministro y la ley establece impedimento tanto para ganar la buena pro como para firmar el contrato”, anotó la especialista.
La Ley General de Contrataciones además prohíbe que los familiares directos de ministros o altos funcionarios contraten con el Estado mientras administran presupuesto público.
Hecha pública la denuncia, Mónica Yaya advierte algo peor, que hasta la fecha el cuestionado y millonario contrato no ha sido anulado, por lo tanto, siguen cobrándole al Estado.
“Esto significa que el señor Aníbal Torres Vásquez ha ejercido amplía y abusivamente su poder”, anotó.
En tal sentido la pregunta es si usará su poder el primer ministro para proteger a su hermano de la justicia. “Nosotros hacemos nuestro trabajo sin mirar nombres y apellidos, la labor que hacemos en fiscalía es clara, porque nosotros ya hemos tenido una sentencia condenatoria” anotó la fiscal Tania Bravo.
Cabe señalar que el 29 de noviembre del 2018, Víctor Antonio Torres Vásquez fue condenado por el delito de colusión simple en agravio del estado y el municipio de Chiclayo, pero extrañamente su sentencia fijada en dos años y seis meses de cárcel fue sustituida por el juez Carlos Larios Manay en jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
“La pena debió ser efectiva, las razones de la conversión no están debidamente justificadas”, advirtió Tania Bravo.
Para el Ministerio Público tampoco fue justificada la absolución del exalcalde Roberto Torres, del sobrino de Aníbal Torres y de Víctor Hugo Carbajal Alzamora, tercer socio del consorcio, por lo que volverán a juicio este 5 de julio.
“Volvemos nuevamente con la imputación tal cual la hemos planteado desde un primer momento: que hubo un concierto de voluntades del otorgamiento de esta buena pro”, insiste la fiscal Bravo.
El mismo apellido
La reportera anotó otro detalle importante: el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres tiene el mismo apellido paterno que Víctor Antonio Torres Vásquez, gerente general del consorcio Transatlántica, además, ambos tienen el mismo lugar de nacimiento: Chota – Cajamarca.
Según la fiscalía ya ha solicitado información a la RENIEC de los padres, tanto del exalcalde como del hermano de Aníbal Torres para establecer si les unen lazos de consanguinidad.
“Si nosotros logramos establecer esos vínculos de parentesco, podría ser un elemento más que suma a la gran cantidad de indicios que tenemos del direccionamiento”, subrayó la representante del Ministerio Público.
Juan Carlos Velásquez, ex abogado de Roberto Torres, manifestó que no tiene conocimiento de la familiaridad entre ambos imputados.
El responsable que anteriormente no se haya preguntado por el parentesco es el exfiscal Esdras Sánchez Moreno, quien se encuentra prófugo de la justicia y está en la lista de los más buscados de la Policía por cometer el delito de cohecho.
Tania Bravo refiere que en el nuevo juicio del 5 de julio está en la facultad para hacer esa pregunta. “De hecho hay que hacerla”, acotó.
La reportera llegó hasta la avenida José Leonardo Ortiz N° 430, oficina 202, en busca de Jaime Delgado Arana, abogado de Víctor Antonio Torres Vásquez, así también de la doctora Úrsula Alfaro Arriola, abogada del otro investigado, Iván Torres García, quienes consignan la misma dirección pero no fueron ubicados. Igual fue vana su búsqueda en sus domicilios en la ciudad de Lima.
“Si la tesis del Ministerio Público no está corroborada no se va a poder condenar a un ciudadano por más polémico que haya sido en una determinada ciudad”, subrayó el exabogado del alcalde Roberto Torres.
Sin embargo, esta vez, el juez Juan Alex Cubas Bravo, del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, tendrá la decisión final de condenarlos o limpiarlos.
La periodista finalizó el reportaje preguntándose si volverá a librar la cárcel el hermano de Aníbal Torres, actual premier de la república, como lo hizo la primera vez, y todo quedará en familia, o si la justicia está vez actuará con todo el rigor para sancionar tanto a los malos funcionarios como empresarios que actúan al margen de la ley. Solo el tiempo lo dirá.
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