Haciendo gala de su florido verbo, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, ofreció una entrevista al canal del Estado, TvPerú, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú – AMPE, espacio en el que hizo aseveraciones que no corresponden a la verdad, como, por ejemplo, que la Contraloría General de la República no interviene en la comuna local, pese a los reiterados pedidos que hace.
“Pido al contralor de la república, que los contralores, los jefes de OCI, pertenezcan a los comités de adquisiciones, a los comités de compras, que ellos participen, que también estén vinculados. (El control concurrente) No existe, desde el 2019 lo vengo escuchando. Realmente, no existe, no lo he visto en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Pedimos la participación de la Contraloría, pero no existe. Solamente mandan opinión después, pero no quieren firmar, en ese momento, opinión. Solamente después lo hacen. El control concurrente, aún, es una necesidad y una ilusión”, aseveró Gasco Arrobas.
El edil añadió que en el 2019 habló con el contralor de la república, Nelson Shack Yalta, sin que haya resultados a su pedido. ¿Cuál era? Según Marcos Gasco, la implementación del control concurrente.
“Lamentablemente no se ha podido concretar, quizá por la pandemia, quizá por los cuatro presidentes y ha tenido problemas, como también lo han tenido los alcaldes, pero, ¿por qué no hace algo más rápido? Que los mismos contralores de cada municipio del Perú entren y sean uno más en los comités de compra, que son comités totalmente fuera de las municipalidades, totalmente aislados y toman sus propias decisiones”, dijo.
Pedido inviable
En su afán por sorprender a la prensa nacional, Gasco Arrobas hizo una serie de afirmaciones falsas e inexactas. En principio, porque los comités encargados de las contrataciones en las entidades del Estado son designados, para cada proceso, por el titular del pliego, en el caso de una municipalidad el alcalde, o por el funcionario en orden jerárquico que este designe, que puede ser el gerente general o gerente municipal. Así lo señala la Ley de Contrataciones del Estado.
La misma norma no contempla la posibilidad de que los integrantes de un Órgano de Control Institucional – OCI, que tiene autonomía para actuar, conformen comités de selección, por lo que su pedido no solo resulta impreciso, sino también ilegal.
Responsabilidad penal
Respecto de la intervención de la Contraloría en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco también mintió.
A través del N° 009-2022-2-0425-SCE, emitido la semana pasada, el ente de control detectó el perjuicio económico por un millón 300 mil soles en la compra de 14 compactadoras en la gestión de Marcos Gasco, además de responsabilidad penal en los integrantes del Comité de Selección encargado del proceso, toda vez que estos trasgredieron la Ley de Contrataciones del Estado para otorgar la buena pro a un consorcio que no cumplía los requisitos exigidos en las bases.
El comité estuvo conformado por Gino Chanamé Díaz, como presidente, y Pedro Reyes Tassara y Carlos Montalvo Calderón, como primer y segundo miembro titular, respectivamente.
“Los hechos expuestos afectaron el principio de legalidad, al evidenciarse que en la etapa del procedimiento de contratación inobservaron la normativa de contrataciones del Estado, así como afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública, al desarrollar un procedimiento de selección bajo criterios no objetivos ni legales, ocasionando por el actuar al margen de la normativa, de los miembros del comité de selección en la etapa a su cargo de la fase de selección de la licitación pública”, señala el informe.
En el mismo, se pide al órgano instructor realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo comprometidos en los hechos observados y se solicita al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción “iniciar las acciones legales penales contra los funcionario y servidores” involucrados.
En el 2019, Contraloría también detectó un perjuicio económico por más de 240 mil soles en la contratación directa de Veolia para el recojo de residuos sólidos, caso por el que el Ministerio Público pide seis años de cárcel contra Gasco Arrobas por el delito colusión agravada. El requerimiento plantea una pena accesoria de cuatro años por negociación incompatible.
Los implicados en la acusación son Marcos Gasco Arrobas, alcalde de la comuna; Cinthya Flores Huamanquispe, exgerente de Asesoría Jurídica; el también gerente de Asesoría Jurídica José Flores Cabanillas, los exgerentes del municipio Cristian Rosenthal Ninapaytan; Ricardo Romero Rentería y Luis Ponce Ayala; Juan Ibáñez Álvarez, ex gerente de Administración; Óscar Ahumada Ramos, ex jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Edgardo Siaden Ortega, jefe de la Unidad de Logística; Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega.
Informes sobre su gestión
Contraloría detectó también el incumplimiento de perfiles para la designación de cargos de confianza en la gestión de Marcos Gasco, irregularidades en la distribución de canastas para familias vulnerables en el marco de la pandemia por el Covid-19, irregularidades en la ejecución de trabajos de pistas y veredas en la Urbanización Bancarios y ha intervenido por el caso de presuntos proveedores fantasma.
Asimismo, irregularidades en la ejecución de las instituciones educativas Capullitos de Rosa y César Vallejo, deficiencias en la gestión tributaria a cargo del SATCH, perjuicio económico de 261 mil soles en el contrato del servicio de notificaciones de papeletas de tránsito, irregularidades en el proceso de contratación para la pavimentación de la Urbanización Los Parques y otros más.
Defensa en caso Veolia
“Tengo 49 investigaciones, de las cuales 39 ya están archivadas. El caso Veolia es el único caso de corrupción por el que estoy siendo investigado y abro las puertas del municipio”, dijo en la entrevista Marcos Gasco con total tranquilidad.
Acto seguido, el alcalde pasó a defender – una vez más – la contratación directa con Veolia por la cual el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pide cárcel en su contra.
“Le voy a decir algo, Veolia es la empresa más grande del mundo en gestión de los residuos sólidos. Es una empresa francesa gigantesca. A pesar que hubo una propuesta de desabastecimiento inminente, con lo que se puede decir que se compra (contrata) con uno y no más, a quien se elija a dedo. Fue una propuesta de desabastecimiento inminente y compra directa que se aprobó en el concejo provincial. Sin embargo, invitamos a varios, para hacerlo transparente”, acotó.
Yendo en contra de lo señalado por la investigación fiscal, afirmó que los regidores de la comuna recibieron los informes correspondientes para arribar al acuerdo de desabastecimiento. Sin embargo, Contraloría confirmó que la información fue incompleta y desactualizada.
“Costó 136 soles la recolección de una tonelada de residuos en Chiclayo, con costos mayores al proveedor. ¿Usted sabe cuánto cuenta en Lima Metropolitana? 260 soles, y es información pública. Ahí es un tema administrativo, quizá, que no tiene por qué empañarme a mí, pero son efectos mediáticos. Lamentablemente el Ministerio Público está totalmente mediatizado y eso hace que se den este tipo de cosas, que considero totalmente injustas”, manifestó.
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