Disímiles decisiones son las que desenmascaran los vacíos legales que contiene la Ley de Contrataciones del Estado, cuando a pesar que los representantes de empresas investigadas por corrupción aceptaron que delinquieron, siguen contratando con las entidades públicas sin reparo alguno.
El 29 de abril del 2022, el Municipio de José Leonardo Ortiz realizó el proceso de Adjudicación Simplificada N° 05-2022-MDJLO, que se convocó para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la calle San Salvador, desde la Calle San Pedro hasta la Av. Kennedy en el Distrito de José Leonardo Ortiz”, proceso en el cual participó la cuestionada empresa Constructora y Consultora Quetzal SAC, integrando el Consorcio Los Santos conjuntamente con su par Constructora e Inmobiliaria Los Sauces SAC.
La no admisión de la oferta
De acuerdo al acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección, publicada en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el comité de selección presidido por Wesley Aguilar Sánchez e integrado por los miembros José Alonso Tejada Pérez y Heber Navarro Sánchez, decidió no admitir la oferta presentada por el Consorcio Los Santos, por cuanto uno de sus integrantes, en este caso la Constructora y Consultora Quetzal S.A.C. – según lo referido en al acta -, está impedida para contratar con el Estado, conforme lo dispone el Art. 11, numeral 11.1 Inciso m) y n) de la Ley 30225. Ley de Contrataciones del Estado.
El comité de selección amplía sus argumentos sobre la no admisibilidad de la oferta del consorcio en cuestión haciendo mención, en primer orden, al literal m) del artículo pre citado, en cuanto invoca un considerando elemental – según el comité – que, el impedimento le alcanza al consorcio participante cuando este se extiende a las personas que directamente o a través de sus representantes, “hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente”, esto es, entre otros, los delitos de concusión y peculado, corrupción de funcionarios. Asimismo, el literal n) agrega que, tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.
La aceptación delictiva
La Constructora y Consultora Quetzal obtuvo la buena pro de una serie de procesos para la ejecución de obras cuando el exgobernador Anselmo Lozano Centurión se desempeñaba como alcalde de la comuna de La Victoria, razón que motivó para que el Ministerio Público decidiera detener e investigar a su representante legal Walther Vladimir Padilla Mera, quien al prestar sus declaraciones en el caso denominado “El imperio del mal”, admitió haber otorgado dádivas al mismo Lozano Centurión, indicando las cantidades y la forma de las entregas dinerarias.
Es decir, admitió su responsabilidad como actor mediato de los actos ilícitos cometidos, lo cual – según el comité de selección – le impide ser participante en procesos de selección y contratar con el Estado, razón que sirvió para no aceptar la oferta presentada por el Consorcio Los Santos.
Decisión diferente en la MPCH
Sin embargo, la empresa Constructora y Consultora Quetzal, integrando el Consorcio Santa María, el pasado 6 de abril, obtuvo la buena pro para la ejecución de la obra “Rehabilitación de la avenida Juan Tomis Stack”, valorizada en más de dos millones de soles, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH.
En dicho proceso, el comité de selección no tuvo en cuenta el posible impedimento para ser participante en el proceso por las razones ya conocidas, Muy por el contrario, el presidente del comité y a la vez gerente de Infraestructura Pública de la MPCH, Raúl Olano Guevara, respondió a un medio periodístico que la empresa cuestionada no está inhabilitada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, y, por lo tanto, no está impedida de participar en alguna contratación.
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