El Congreso de la República, a través de su presidenta, María del Carmen Alva Prieto, promulgó la ley que reconoce el pago del 100 % de la CTS a los maestros nombrados, equivalente a una Remuneración Íntegra Mensual – RIM, acabando así con la situación discriminatoria que se implementó en contra del magisterio desde el 2012.
Cuando en el 2012 el gobierno de Ollanta Humala Tasso promulgó la denominada Ley de Reforma Magisterial, estableció que los maestros percibirían el 14 % de la RIM para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, con lo cual se generó una situación discriminatoria cuestionada, incluso, por el Tribunal Constitucional.
Discriminatoria porque el resto de servidores estatales reciben el 100 % de una remuneración anual para el cálculo de la CTS al cese o jubilación.
De esta manera, con la norma impulsada desde el 2020 por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, un maestro de primera escala pasará de percibir 10 mil 80 soles por 30 años de servicio a 78 mil soles, en promedio.
A decir del decano del Colegio de Profesores de Lambayeque, Percy Morante Gamarra, señala que la noticia se recibe con mucha alegría y esperanza entre el magisterio, pues es la reivindicación del trabajo docente después de diez años de trato desigual por parte del Estado.
“Pensamos en los más de 254 mil docentes que ahora podrán gozan de una CTS digna al cese o la jubilación, pero también en los maestros que lamentablemente no alcanzaron este derecho. Después de muchos años, de esfuerzo y sacrificio, vemos hecha realidad esta ley, la cual es justa. Hay que tener en cuenta que muchos de los docentes ingresan a la Carrera Pública Magisterial con 22 o 23 años y no era justo que al salir reciban montos irrisorios como los que consideraba la ley del 2012, con el 14 % para la CTS”, menciona.
Refiere que con la norma promulgada el lunes 11 de abril se otorga cierta tranquilidad a los docentes que están próximos a la jubilación, pues contarán con un ingreso que les permita vivir.
“No exagero, porque lo que han estado haciendo los maestros es sobrevivir, debido a las pensiones mínimas que reciben después de jubilación y más, con los montos que se entregaban por CTS”, anota.
Tránsito de la norma
El trabajo para la promulgación de la ley ha sido esforzado y perseverante. El primer proyecto sobre el 100 % de la CTS se presentó a iniciativa del SUTEP en el 2020 y fue aprobado por la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso en septiembre de ese año. Hacia mayo del 2021 el pleno la había aprobado en primera y segunda votación, quedando expedita para su promulgación.
Sin embargo, el entonces presidente de la república, Francisco Sagasti, observó la norma y la devolvió al Congreso casi al término de la legislatura, lo que impidió su aprobación por insistencia.
Así, instalado el nuevo Congreso, en julio pasado, la dirigencia nacional del SUTEP retomó la gestión del proyecto y logró que sea desarchivado, aprobado por la Comisión de Educación en diciembre y vaya nuevamente al pleno, que en enero de este año la aprobó por unanimidad (112 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones), exonerándola de segunda votación.
La iniciativa pasó al Ejecutivo para ser promulgada por el presidente Pedro Castillo, quien la observó y devolvió al legislativo. Ante ello, el sindicato de maestros volvió a presionar por su aprobación en la Comisión de Educación, siendo aprobado el allanamiento, el mismo que fue ratificado por el pleno en febrero.
Por razones presupuestales, la norma aprobada por el Congreso ha establecido el siguiente cronograma: los maestros que cesan este año recibirán el 50 % de la CTS, el 30 % en el 2023 y el 20 % en el 2024; los que cesen el próximo año recibirán el 70 % y el 30 % restante en el 2024, en tanto los que cesen a partir del 2024 en adelante percibirán en un solo pago el 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicio.
“Los docentes cuando ya se jubilan en una escuela pública no tienen la misma ventaja que los profesionales de otras ramas, que inmediatamente pasan a laborar al sector privado o generan sus propias empresas. Un docente después de la jubilación no tiene esa alternativa, aun cuando el maestro es la base sobre la cual gira el desarrollo del país, permitiendo que se logre el progreso académico y humano. Con la ley promulgada se abre una oportunidad para que los maestros tengan otras aspiraciones y tener una vida más tranquila”, señala Morante Gamarra.
Decepción
El comportamiento del presidente de la república ante esta reivindicación del magisterio genera – en opinión del Decano del Colegio de Profesores – una decepción, pues él también es maestro.
“Creo que el común de maestros sentimos decepción al ver que el presidente, siendo docente, nos dio la espalda, cuando él debió estar adelante, enarbolar y liderar esta reivindicación. Los maestros tenemos muy presente que el Ejecutivo observó la ley y que el Congreso tuvo que recurrir al allanamiento para que podamos gozar, en adelante, de este beneficio que es justo”, acota.
Percy Morante anota que, en cambio, es justo reconocer a los maestros que durante estos años han luchado por el reconocimiento del derecho.
“Maestros luchadores que han salido a las calles para alzar la voz contra todo tipo de atropellos. Hemos visto cómo se ha tratado al docente cuando ha salido a reclamar lo que es legal. Es justo reconocer al SUTEP por haber estado durante años luchando para que se cristalice este derecho que beneficiará a todos los maestros del país”, menciona.
Agrega que aún falta reconocer el 100 % de la CTS para los maestros contratados y auxiliares de educación.
“Lo alcanzado genera un precedente que facilitará el reconocimiento del derecho para los demás colegas. Ellos, son docentes como nosotros, con la única diferencia que aún no acceden a un nombramiento y, de igual manera, a los auxiliares de educación. Si nos comprometemos en la unidad, será posible que se alcance ese derecho”, manifiesta.
Deuda social
Asimismo, está pendiente de reconocimiento el pago de la deuda social por el 30 % por preparación de clases y evaluación, sin judicializar.
A la fecha, aproximadamente 50 mil maestros del país han recurrido al Poder Judicial para que este ordene el pago de la deuda, la misma que se realiza de manera parcial y por listas de beneficiarios priorizados (enfermedad terminal, cáncer u otros), pese a tener sentencias con calidad de cosa juzgada.
La deuda social de educación se generó desde 1991, cuando el gobierno de Alberto Fujimori desconoció los derechos adquiridos por la Ley del Profesorado, de 1984, y su modificatoria, Ley 25212.
“Lo que exigimos es que los maestros ya no sean obligados a acudir a un estudio jurídico o un juzgado para exigir el pago de la deuda social. Con tantas sentencias en contra, el Estado debería allanarse al pago por vía administrativa. Ese proyecto también se encuentra en el Congreso y debe ser priorizado”, refiere.
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