Las recientes indagaciones que hace el Ministerio Público al empresario Max Ayora Inoñán, según sus abogados defensores, es la misma denuncia que se hizo maliciosamente hasta en tres distintos distritos judiciales del país y ha sido archivada en tres ocasiones y la última presentada en Lambayeque consideran que seguirá la misma suerte.
Las indagaciones programadas por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, en la que involucra a 40 personas, entre ellos, a Max Ayora Inoñán y diversos funcionarios de la empresa Pucalá, por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, defraudación tributaria y fraude contra la administración de persona jurídica, son similares a cinco denuncias que presentaron en diferentes sede judiciales del país con distinto nombre de denunciante y que finalmente fueron archivadas definitivamente.
Así lo precisó Julio Flores, apoderado de la empresa quien detalló que denuncias similares a las que se han difundidos en medios de comunicación de la ciudad el día de hoy, fueron archivadas definitivamente, por ejemplo, por el Fiscal Eduardo Vladimir Cueva Poma de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activa y Pérdida de Dominio de fecha 16 de agosto del 2021, en la que dispone no haber mérito al inicio de diligencias preliminares contra Ayora Inoñán y otros por los citados delitos en agravio del Estado, archivándose el caso.
Otra denuncia similar a la que se ha iniciado investigación en Chiclayo, fue archivada por la Fiscal Superior Luz Elizabeth Peralta Santur de la Tercera Fiscalía Superor Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos de fecha 30 de abril del 2021 mediante la Disposición Superior Nº 139-2021, que confirma no haber mérito para investigar a los citado empresarios y confirma la decisión de primera instancia que determinó archivar la queja.
También la denuncia bajo el mismo tenor presentada en el Ministerio Público, ante el 4to Despechado-Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rimac-Jesús María el pasado 11 de Junio del 2021 a las 7.31 de la noche por Marcelino Zeta García, por los delitos de Lavado de Activos, Crimen Organizado y otros delitos contra los mismos citados empresarios, se dispuso que sea derivada a la Mesa Única de Partes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio con competencia nacional, conformada por Fiscalías Superiores y Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas, con sede en Lima, para que actúen conforme a sus atribuciones.
Finalmente la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, el pasado 17 de Setiembre del 2021, dispuso no iniciar investigación contra Luis Alberto Dávila, Yolanda del Carmen Pérez Arrascue, Paulina Consuelo Ventura Zapata y Maxs Deyvis Ayora Inoñán y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la figura no precisada en hecho ni derecho en agravio de la empresa Agrupucalá SAA, Industrial Pucalá y el Estado Peruano. Esta denuncia fue presentada por Marcelino Zeta García contra 51 personas, entre jurídicas y naturales.
En suma, precisa el representante de la empresa Pucalá, que la denuncia difundida por algunos medios de comunicación sólo responden a intereses mediáticos y nada responsables, pues ni siquiera llamaron a los involucrados para pedirles su versión. “Confiamos que, así como ha sucedido en otros distritos judiciales, esta denuncia terminará siendo archivada como lo han hecho otros fiscales”, precisó el funcionario.
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