El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, enfrenta su primer pedido de cárcel. Después de investigarlo (dilatadamente), por casi tres años, la fiscal Karin Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, formuló el requerimiento acusatorio contra el también presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE. ¿El delito? Colusión agravada.
La acusación fiscal está referida a los presuntos actos de corrupción (confirmados por la Contraloría) en el caso Veolia, por el alquiler de maquinaria para la limpieza pública en el primer año de la administración de Marcos Gasco, en abril del 2019.
Implicados
De acuerdo al requerimiento, presentado al juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Chiclayo, Karim Ninaquispe ha formulado la acusación por la presunta comisión del delito de colusión agravada (seis años de prisión), alternativamente negociación incompatible (cuatro años), en agravio del Estado.
Los implicados en la acusación son Marcos Gasco Arrobas, alcalde de la comuna; Cinthya Flores Huamanquispe, exgerente de Asesoría Jurídica; el también gerente de Asesoría Jurídica José Flores Cabanillas, los exgerentes del municipio Cristian Rosenthal Ninapaytan; Ricardo Romero Rentería y Luis Ponce Ayala; Juan Ibáñez Álvarez, ex gerente de Administración; Óscar Ahumada Ramos, ex jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Edgardo Siaden Ortega, jefe de la Unidad de Logística; Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega.
El caso
La fiscal da cuenta al juez que el 14 de enero del 2019, Gasco Arrobas, en su condición de alcalde de Chiclayo, solicitó al entonces gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, un convenio de cooperación interinstitucional entre el municipio y la región consistente en el apoyo de maquinaria pesada (volquetes y cargador frontal), para retirar la acumulación de residuos sólidos en los puntos críticos en las vías de acceso y zonas urbanas de la ciudad, debido a la inoperatividad de más del 60 % de la maquinaria de la comuna. Dicho convenio se firmó el 22 de enero.
Estando vigente el convenio, el mismo que se prolongó hasta marzo de ese año, el 28 de febrero se realizó la sesión de concejo liderada por Gasco Arrobas en la que por mayoría, con 12 votos a favor, se aprobó el desabastecimiento inminente del servicio de recojo de residuos sólidos por un período de 90 días. Los tres votos en abstención fueron de los regidores: Jhony Piana Ramírez, Percy Espinoza Gonzales y Orlando Puell Varas.
En base a ese acuerdo, el 11 y 12 de marzo, el área de Logística solicitó cotizaciones para la contratación de maquinaria, obteniendo el mismo 11 de marzo la respuesta de Veolia Servicios Perú SAC, que ofertó el recojo de tonelada de basura a 140.42 soles. Tres días después, el 14 de marzo, la empresa bajó su oferta a 136.88 soles por tonelada.
Otras dos empresas ofertaron 130 y 122 soles por tonelada.
Orientación de oficio
Frente a lo estaba sucediendo en la comuna, el Órgano de Control Institucional comunicó al alcalde el Informe de Orientación de Oficio N° 289-2019-MPCH/OCI, en el que indica que los informes que sustentaron el acuerdo de declaratoria de desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos “no determinan con precisión cuál es el bien o servicio cuya ausencia inminente compromete la continuidad de las funciones de la entidad (…) no se identifica cuál es el hecho o situación extraordinaria e imprevisible que determinó la ausencia inminente del bien o servicio y que los hechos generan el riesgo que la entidad realice una contratación directa al margen de la normativa de contrataciones, contraviniendo el principio de legalidad con que deben actuar las autoridades administrativas y la correcta administración pública”.
Y fue justamente los que sucedió. El 15 de marzo el concejo volvió a sesionar y aprobó nuevamente 12 a 3, especificaciones a su acuerdo inicial, para allanar el camino a la contratación directa, señalando que el “proceso de desabastecimiento inminente implicará la contratación del servicio de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos por el período de 90 días”.
Contratación directa
El 25 de marzo, Edgardo Siaden Ortega, subgerente de Logística, volvió a requerir cotizaciones, pedido reiterado al día siguiente a Veolia, empresa que finalmente respondió el 27 de marzo, junto a la empresa Eco-Rin SAC. También se tenía la cotización de Interaseo Perú.
Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, indicó el 27 de marzo que las cotizaciones de las dos primeras empresa eran viable, mas no la de Interaseo Perú, “porque en calidad de área usuaria las compactadoras municipales de 19 m3 manejan una capacidad de 10 toneladas, no de 13 como indica la propuesta”.
El 4 de abril, por invitación, Veolia presentó su propuesta por un millón 896 mil 750 soles, suscribiéndose el 22 de ese mes el Contrato N° 001-2019-MPCH/A para la prestación del servicio. Los firmantes fueron: Marcos Gasco Arrobas, como alcalde de Chiclayo, y Juan Bendezú Zevallos, representante de la empresa.
El 16 de diciembre del 2019, OCI emitió el Informe N° 029-2019-2-0425-AC, en el que se confirma que la contratación fue irregular y que la pericia contable arrojó un perjuicio económico de 218 mil 733.14 soles.
Los regidores Piana, Espinoza y Puell presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo del 2019 y recién en octubre del año pasado la fiscal Karim Ninaquispe declaró el fin de la misma. Desde entonces, demoró seis meses en formular el requerimiento acusatorio.
Actuación tardía
“La ley dice que la fiscal tenía 10 días, terminada la investigación, para acusar o archivar, y se ha demorado seis meses. La denuncia se hizo en marzo del 2019 y en octubre del 2020 recién formaliza. Contraloría hizo todo el trabajo y ella bien pudo solicitar restricciones de derechos como impedimentos de salida, comparecencias restringidas e incluso prisiones preventiva. Pero no lo hizo. La dilación es demasiado sospechosa”, sostiene Germán Vásquez Merino, abogado de los regidores.
Para el especialista, la fiscalía estaría favoreciendo al alcalde de Chiclayo, pues hasta que se programe el control de acusación y se inicie el juicio oral, este ya habrá concluido su gobierno.
“Quien ha aportado al detalle y con precisión es la Contraloría. Este no es un invento, no es un caso mediático. Se inventó el desabastecimiento para hacer esa contratación directa a todas luces irregular. Eso está probado, por lo tanto existen todas las posibilidades de lograr una condena en este caso”, manifiesta.
Acota que también se debió considerar el delito de falsedad, pues para el otorgamiento de la buena pro se consignó en el acta que Veolia tenía todos los permisos para contratar, cuando carecía de las autorizaciones de parte del Ministerio del Ambiente.
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