El ingeniero Elías Tapia Julca, vicepresidente de la Asociación Peruana de Consultoría en Ingeniería – ACP, señaló que es necesaria la modificatoria de las reglas con las que las empresas compiten para contratar con el Estado, eliminando, por ejemplo, las cartas de línea de crédito que se exigen en los procesos de selección.
Frente a la coyuntura nacional y a la luz de los destapes en relación a las contrataciones del Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, con empresas chinas, ¿se podría suponer que este casi es el ‘Lava jato’ del presidente Pedro Castillo?
En realidad es el ‘Lava jato’ desde el presidente Martín Vizcarra, pues hasta la fecha, incluyendo al gobierno de Francisco Sagasti, se han otorgado 192 contratos de ejecución de obras a las empresas chinas, con una inversión de 15 mil 400 millones de soles, que constituyen el 60 % de la inversión de todas las obras públicas en el Perú.
Esto es un escándalo.
¿Los negocios con dichas empresas eran, a su entender, la razón por la que Juan Silva se mantuvo como ministro de Transportes y Comunicaciones durante cuatro gabinetes de Pedro Castillo?
No podríamos personalizar solamente en el ministro Silva, eso habría que investigarlo. Lo concreto es que ya desde antes, hace unos tres años, se da está situación, amparada en una directiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, ni siquiera la ley, porque esta tiene un principio que es el del trato justo e igualitario.
En este caso se ha privilegiado a las empresas chinas por un requisito relacionado con las cartas de línea de crédito, que deben ser otorgadas por entidades bancarias.
¿Las cartas de línea de crédito generan desventaja para los postores en los procesos de contratación?
Si fuera una concesión, en la que los inversionistas van a poner su dinero y con ese dinero ejecutar la obra, tendría sentido la exigencia de una carta de línea de crédito.
Sin embargo, esos 192 contratos son obras públicas, obras del Estado cuyo prerequisito para que se liciten es que se tenga el financiamiento público.
Entonces, si el Estado va a financiar las obras por qué se pide una línea de crédito que nunca se va a utilizar.
¿Por qué nunca se utilizaría?
La Ley de Contrataciones del Estado establece que para una obra pública hay un adelanto del 10 %, por concepto de adelanto directo, y otro 20 % por materiales.
Es decir, desde el inicio de la obra el contratista ya tiene el 30 % de recursos que el Estado le va a suministrar para ejecutar la obra. Además, cada fin de mes se hacen las valorizaciones y luego de aprobadas la entidad tiene 30 días para pagarla.
Entonces, no tiene ningún sentido que se pida una línea de crédito que nunca se va a usar.
¿Garantiza algún cambio la presencia de Nicolás Bustamante como ministro de Transporte, teniendo en cuenta que fue el secretario de Juan Silva?
Hay que esperar que desempeñe su función por lo menos un mes o dos y así evaluaremos cómo será su desempeño y si hay algún cambio de rumbo.
Lo concreto es que el nuevo ministró sí tendría que dar muestras y una de ella sería eliminar este requisito de las licitaciones como es la presentación de líneas de crédito, que no garantizan nada.
Esa sería una señal inequívoca y contundente de que quiere cambiar las cosas.
¿Cómo se entiende que el Estado firme contratos para mantenimientos de vías por cinco años? ¿Es materialmente posible corroborar o fiscalizar que la empresa cumpla con esas labores?
Este es otro punto que también se tiene que corregir. En el gobierno de Vizcarra se creó un servicio de conservación de carreteras, pero que en realidad, si se ve el alcalde de esos trabajos, no solamente se trata de conservación, sino también obras.
Una conservación es un servicio, pero en estos contratos se ejecutan, además, obras. El meollo del asunto es que la conservación es un servicio y, por lo tanto, se permiten bajas hasta del 20 %, mientras que en una obra hasta el 10 %.
Se creó este mecanismo supuestamente para darle agilidad a las obras, porque al ser un servicio no se necesita de expediente técnico, pero es ahí donde viene el problema. ¿Sin expediente cómo controlamos el gasto?
Ese es otro aspecto sobre el cual el nuevo ministro podría desmarcarse y mostrar la voluntad del cambio. Que no se convoque más estos contratos millonarios de 400 o 500 millones de soles, inclusive hay uno que es el de Huánuco – La Unión, por mil 500 millones, mezclando los mejoramientos o con las conservaciones.
Las empresas chinas que han contratado con el MTC han presentado fianzas de bancos chinos. ¿Se puede rastrear sobre su legalidad y validez?
Los bancos chinos están trabajando en el Perú con la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, o sea son legales y, a su vez, legales las cartas que estos emiten. Por ahí no hay discusión.
El tema es la relevancia, la eficacia de las líneas de crédito. ¿En qué ayuda para que la obra salga mejor? En nada, porque esa línea de crédito nunca se usa, nunca en una obra pública el contratista, sea peruano o sea chino, tiene la necesidad de invertir, porque siempre va a trabajar con la plata del Estado.
¿Las cartas de línea de crédito no son garantías de la solvencia de las empresas?
No, no garantizan nada, porque en ningún momento el contratista va a necesitar el crédito de un banco, porque, repito, el Estado licita obras ya presupuestadas.
El Estado está obligado a pagar las valorizaciones en 30 días después de aprobadas. Es más, el Reglamento de la Ley de Contrataciones dice que si el Estado se demora más de ese tiempo el contratista puede paralizar la obra.
¿Por qué el Estado se demoraría tres meses en pagar una valorización si tiene el financiamiento? Que haya lentitud o burocracia, no implica que se van a demorar tres meses. Entonces, nunca se va a usar esa línea de crédito y no es garantía de nada.
¿Pero sí hay que cuidar la validez absoluta de las cartas fianza?
Eso es otra cosa y ahí tampoco hay mayor problema, porque todas las empresas peruanas y extranjeras tienen sus líneas de fianza. El problema son las líneas de crédito.
Dada la volatilidad y el clima político, en estos momentos cualquier inversión es un riesgo, entonces el banco no otorga líneas de crédito elevadas a empresas peruanas porque entiende que el riesgo país es muy alto. Por eso las empresas peruanas no pueden participar en las grandes obras en las mismas condiciones que las empresas extranjeras.
Ojo, la línea de crédito no es obligatoria. Sin embargo, muchas entidades las exigen con el afán de direccionar los procesos. Con esa traba se permite que solo algunos participen de las licitaciones, ese es el punto.
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