Una complicada situación se ha configurado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, debido al incumplimiento de la Ley N° 31364, dada en noviembre del 2021, la cual indica que aquellos profesores que no están cursando estudios de maestría deben ser retirados de la docencia, en tanto aquellos que no cursan estudios de doctorado deben bajar de categoría. A quienes se encontró realizando estudios al momento de la publicación de la norma, se les otorga plazo hasta diciembre del 2023 para regularizar su situación.
La Ley N° 30220, Ley Universitaria, promulgada en julio del 2014, estableció en su artículo 82 que para el ejercicio de la docencia universitaria se debe tener como requisito el grado de magíster para la formación en el nivel de pregrado, en tanto que para el dictado de maestrías o programas de especialización el grado de magíster o doctor, mientras que para la formación en el nivel de doctorado el grado exigido es el de doctor.
Tal como explica el vicerrector Académico de la UNPRG, César Cardoso Montoya, los profesores de la casa de estudios superiores han tenido un plazo de ocho años para adecuarse a las exigencias de la ley.
“[Los docentes universitarios sabíamos desde el 9 de julio del 2014, fecha en la que se promulgó la Ley Universitaria, los requisitos para ingresar a la universidad y para ascender y/o mantenernos en la categoría de docentes principales. El rector tiene la obligación de hacer cumplir la ley. En última instancia es su responsabilidad y del Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno”, menciona.
Siendo así, el año pasado la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, detectó que en total 241 profesores de la UNPRG no cumplían con los requisitos para la docencia, por lo que se procedió a notificarlos para que informe los avances en sus estudios de postgrado.
Del total, 13 profesores no han informado sobre la realización de estudios de maestría, mientras que 43 que tienen la categoría de “principales” no han reportado estudios de doctorado, por lo que en atención a la Ley N° 31364, deben bajar de categoría.
“La universidad es un bien público y naturalmente se desenvuelve en un estado de Derecho. La universidad no está en la jungla y su comportamiento institucional está debidamente normativizado. De acuerdo a la Ley 30220, Ley Universitaria, para ingresar a la docencia se tiene que tener el grado de magíster. Aquellos colegas que no tienen el grado requerido, tuvieron el plazo que la ley les dio, en un primer momento hasta hace un año y recientemente hasta fines del 2021. Sin embargo, hay colegas que no han cumplido. A fines de noviembre salió otro dispositivo legal por el cual la autoridad tiene que implementar nuevas medidas”, manifiesta.
En mérito a la Ley N° 31364, un porcentaje de profesores que no tienen el grado de magíster deben ser cesados. En tanto, aquellos que están en calidad de “principales” y que no tienen el grado de doctor, de acuerdo a esta norma, bajan a la categoría de “asociados”.
“En el caso de los profesores que pasarán de principales a asociados sí es un número considerable. Ellos lamentablemente no han hecho el doctorado y han tenido plazo desde julio del 2014. Simplemente no han tenido voluntad y a nosotros nos corresponde simplemente implementar la norma. Eso no significa que la autoridad cometerá un atropello, ello bajo ningún punto de vista”, precisa.
“Esto debió de implementarse a partir del 1 de diciembre del año pasado, pero para el caso de nuestra universidad no se ha dado porque hay un acuerdo del Consejo Universitario que se implemente a la finalización del ciclo, a fines de abril de este año”, refiere Cardoso Montoya.
El 7 de enero de este año, el Consejo Universitario acordó no separar a los 13 docentes que no tienen maestría en curso ni bajar a la categoría de “asociados” a los 43 que no tienen doctorado.
El Consejo Universitario se conforma por 10 miembros. Nueve votaron por la aplicación de la ley al culminar el ciclo, con el argumento – según se desprende de la Resolución N° 013-2022-CU – esperar a la elaboración del reglamento de la norma, previa consulta al Ministerio de Educación y la SUNEDU.
De este modo, la separación y recategorización es solo cuestión de tiempo, no habiendo espacio – según César Cardoso – para que los profesores afectados por la disposición recurran al Poder Judicial, como ya se ha visto en otros casos.
“Me parece que no habría una salida judicial a estas decisiones. Eso sería una criollada académica por cuanto existe el dispositivo legal y la norma es clara. Pienso que el Poder Judicial no se podría prestar a este tipo de leguleyadas”, manifiesta el vicerrector Académico.
Docentes investigadores
Otra de las dificultades que tiene actualmente la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es el número de docentes investigadores.
La universidad tiene en promedio 900 docentes.
“El número de docentes investigadores es un porcentaje que tenemos que alcanzar de todas maneras. En el lapso del año habrá concurso de cátedras y vamos a tratar de llegar bien a ese 5 o 12 %, que de acuerdo a norma debemos tener como profesores RENACYT. En esa perspectiva caminamos”, refiere César Cardoso.
Añade que esta es una de las principales trabas a sobreponer para que la universidad alcance el licenciamiento institucional, pues actualmente es la única casa de estudios superiores de naturaleza pública que no ha recibido la validación de la SUNEDU. En esa situación también estaba la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, pero se licenció en enero pasado.
“Nuestra preocupación fundamental es el licenciamiento, ya tenemos alrededor del 85 % de actividades realizadas y lo que nos quedan son más o menos 50 actividades para cerrar. Sí o sí, entre junio y julio, la Pedro Ruiz Gallo debe estar licenciada. Lo que venimos haciendo desde noviembre a la fecha son actividades muy aceleradas, un trabajo que no tiene horario, sino un compromiso con la colectividad, porque ya es un problema social, pues al no tener exámenes de ingreso estamos causando un daño tremendo. Un problema de esta índole nunca más debe volver a suceder. Nunca más debemos tener autoridades irresponsables”, enfatiza el vicerrector.
Los administrativos y el trabajo
Menciona que en esta etapa es fundamental la labor de los trabajadores administrativos. Sin embargo, no todos se han incorporado a las labores presenciales.
“Si no hacemos consciencia universitaria de los efectos del no licenciamiento, estamos mal. El personal administrativo aún no se ha integrado del todo, sino no tuviéramos CAS y locadores no podríamos avanzar con las actividades que he mencionado. El personal administrativo tiene que integrarse, sino estará fuera de la historia de la Pedro”, asevera.
Ausentismo preocupante
Cardoso Montoya comenta que en lo que va de pandemia no se ha producido el retiro de estudiantes, pero sí se ha registrado un ausentismo considerable del 30 %.
“Deserción no, porque esta implica una ida sin retorno, lo que tenemos es ausentismo, por problemas de carácter geográfico o familiar. Antes teníamos entre 11 mil y 12 mil matriculados, hoy hemos bajado a ocho mil. Son tres mil alumnos menos. A ello sumamos que tenemos dos años sin ingresantes, que representan más de cinco mil alumnos”, señala.
En atención a las directivas emitidas por el Ministerio de Educación, la UNPRG se prepara para inicio de clases presenciales.
“Esta semana tengo una reunión con la directora general de Educación para discutir las reglas del retorno del hogar a la universidad. Eso lo estamos discutiendo junto a todos los vicerrectores académicos del país”, informa.
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