Con siete años de Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y dos de pandemia del COVID – 19, las cosas en las 143 universidades del país viven su propia tensión entre una reforma que apenas comienza, y no debe parar, y unos retos impuestos por una enfermedad que han de superarse.
Dos marcos contextuales, que conocen de intersecciones, marcan la educación universitaria en el Perú al término de 2021. Por un lado, el afianzamiento de la labor de la SUNEDU que puesta en marcha por mandato de la Ley 30220, sancionada en 2014, reemplazó el cuestionable papel de una Asamblea Nacional de Rectores (ANR), de lo que hemos abundado previamente desde esta y otras tribunas. En pocos años, la SUNEDU ha puesto regular orden en un sistema que antes de ella no supo autorregularse. Orden se puede resumir básicamente en la imposición de las ocho condiciones básicas de calidad que las universidades deben demostrar cumplen para obtener licenciamiento. Con unos mecanismos operativos que pueden y deben mejorarse, el panorama del licenciamiento no sólo ha de medirse en sus cifras brutas sino, sobre todo, lo que eso ha supuesto en logros para la universidad peruana toda.
Tenemos 143 universidades en el Perú. De ellas 51 son públicas y 92 privadas. Con casi el doble de estas últimas, curva que se engrosó con una puerta muy abierta por la anterior Ley Universitaria, nuestro sistema universitario a 2021 conoce de ciertas tendencias. Aun cuando una amplia mayoría, y no sin empellones, ha obtenido licencia, algunas -entre ellas la lambayecana Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo- se resisten obtusas a proceder en orden por el bien de la propia educación superior. Con todo, el licenciamiento no es un fin, sino un comienzo, exigencias que llegaron y deben ser superadas de sus mínimos de motuo propio. Y no siempre con las universidades más del mínimo es la meta. Entre otros, Rodolfo Benites, especialista en políticas públicas y educación superior, con un equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha documentado en un valioso estudio cuatro aspectos claves de la Educación Universitaria Peruana: 1) tendencia a la masificación y privatización, 2) participación desigual, 3) bajos niveles de empleabilidad e investigación, y 4) principales apuestas de la reforma universitaria: regulación y gobernanza.
Este último punto es interesante. Y preocupante en un país en el que la SUNEDU por sus exigencias, y por sus sus procesos que pueden resultar atosigantes para la operatividad de quienes le deben reportar indicadores, no es precisamente monedita de cien para todos. La sombra de un poder legislativo y/o un poder ejecutivo siempre la acecha en su naturaleza, funciones y fines, como la última intentona de la Comisión de Educación del Congreso de querer con un proyecto de Ley moverle el tablero por partida doble: extendiéndole plazos de licenciamiento a universidades no licenciadas y reconfigurando su órgano directivo, volviendo a las dudosas cuotas de la funesta ANR. Desautorizar a la SUNEDU, con cualquier excusa, incluso aquella inviable de que trastoca la autonomía universitaria, es desconocer lo evidente y la propia revisión legal y constitucional: Ya ante iniciales pataletas, el 26 de enero de 2016 su constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional.
La mejor forma de probar que los apretones de la SUNEDU han dado resultados es la entrada progresiva de varias universidades peruanas a rankings mundiales en los que antes de 2015 ninguna casa superior de estudios nuestra prácticamente aparecía. Diversos rankings que miden la reputación académica, la confianza de los empleadores de diferentes sectores, entornos laborales y educativos amistosos, la pertinencia de los cuerpos docentes, número de doctorados de sus cuadros, productividad de trabajos de investigación, publicaciones indexadas, presencia en web, compromisos sociales de acuerdo a tendencias globales, y otros comienzan a incluir a las universidades peruanas que paulatinamente se toman en serio cuestiones tangenciales para el éxito final de lo que significa su ser y hacer.
Una de esas áreas es la investigación. En un país en donde el presupuesto dedicado como nación es de los más bajos de la región (baste esto: Según al anexo 5 de la Ley del presupuesto del sector público para 2022, el monto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC es de 127 096 501 soles, en una disminución de 23,4 % respecto a 2021) y del mundo, las universidades antes de las presiones de la SUNEDU, no reconocían -más allá de lo declarativo- a la investigación para fortalecerla, impulsarla y financiarla ciertamente. Hoy cada universidad autónomamente ve sus mecanismos de insuflarle aliento a esta área de maneras creativas cada vez más, destinando no sólo presupuestos para laboratorios definidos y proyectos con fondos concursables, sino erigiendo áreas de investigadores dedicados con funciones específicas de producción y productividad en metas al estilo de las universidades investigativas, las research universities de las que hablaba Van Hoof. Es cierto: hay muchas casas de estudio que aún no caen en esa cuenta, pero lo harán tarde o temprano, incluso por meras razones de sobrevivencia.
Los impactos de la COVID – 19
Según los datos más discretos, en el año 2020, en que la pandemia de la COVID – 19 apareció del modo sorpresivo y caótico que todos sabemos, se tuvo un total de 1 007 766 estudiantes universitarios matriculados, en una caída de 310 522 alumnos (MINEDU, 2021). La tasa del 30 % de universitarios que aparecían afectados en un sistema de por sí complejo, exponía una característica más a ese sistema: una vulnerabilidad latente. Rápidamente, las universidades, sobre todo las privadas, acudieron a las bondades de la tecnología para erigir -como se hizo en la educación básica- a modos remotos, que supusieran un paliar a la espera de un regreso que se prometió en un inicio más o menos pronto. Hoy, tras dos años ya, sabemos que lo remoto quedará por algo o bastante más tiempo al menos como componente de una mecánica híbrida que combine con lo presencial, en cuotas que aún no se anima nadie a decretar para el país.
El punto más analizado por tirios y troyanos sobre lo que significó la COVID – 19 en los modelos educativos ha ido por su viraje, en efecto, de lo presencial a lo virtual. Desde un panorama doble básico: 1) el poco manejo de herramientas tecnológicas o digitales de los actores de los sistemas educativos (en lo universitario: docentes y alumnos) y 2) los pobres accesos para ambos en países como el Perú. Sobre el primer punto, diversos estudiosos ya han reseñado bastante lo poco preparados que los docentes se encontraban en el uso de las tecnologías necesarias para facilitar en remoto educación no solo universitaria, así como también los propios estudiantes quienes según su rango étareo era de suponer mejor manejo (los jóvenes, sobre todo), algo que no necesariamente fue cierto. Sobre el acceso a la digitalidad, la realidad peruana nos vuelve a estallar en la cara para abrir brechas que muchas veces no son sencillas de superar: la tenencia de internet es de las más bajas de la región, según INEI (2020) y llega a solo cuatro de cada diez hogares urbanos, lo que recrudece si pasamos al ámbito rural andino y amazónico, sobre todo.
Pero otras aristas incidían en una realidad universitaria que vio mermada las cuotas de accesibilidad al mismo sistema de estudio. Una importante fue -y lo es aún- el factor económico. La pandemia provocó más allá de cualquier frontera una crisis económica inédita. Para el Perú supuso una caída de casi el 30% y de cerca a 10 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el segundo y tercer trimestre del 2020, según INEI (2020). Además de un bajón del 40.2 % y 16.5 % de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en dichos trimestres, respectivamente. Esto impactó en la no matrícula y la deserción universitaria para ese año aciago, y que no ha terminado de recuperarse aún ya finalizado 2021. Benites cita en su análisis a varios expertos (como Marginson, 2020; Albatch y de Wit, 2020) quienes observan que son las universidades privadas de bajo costo las más vulnerables a esta crisis, pues dependen directamente en su financiamiento del pago de sus alumnos. La lógica de esa afectación es simple, analizábamos con un colega, hace varios años para otra crisis: la que desataría una eventual fenómeno de El Niño: las universidades de bajo costo reciben estudiantes de recursos medios a bajos para quienes la educación es ante otras necesidades más básicas, sencillamente postergable… y prescindible; orillados por una elección en la que no tienen mayor opción, la educación pasa a un segundo o tercer plano.
… Los retos que vienen
Con un panorama en que la SUNEDU tiene sus metas trazadas para elevar una calidad universitaria que antes de sus siete años era elusiva, y una pandemia de COVID – 19 que se reacomoda en cepas y cepas con el ánimo de quedarse, la educación universitaria en el país tiene bastante aún por hacer para articular estrategias creativas y no menos serias que superen escollos que en muchos casos están fuera de los mismos predios académicos -como el político, lo tecnológico, lo financiero- pero que deben de preverse porque como nos ha probado este tiempo siempre terminan afectándola.
--------------
Licenciado en Periodismo, Magister en Docencia Universitaria y Doctor en Comunicación Social. Desde noviembre de 2021 es docente investigador en la Universidad Privada del Norte.
Deja tu Comentario