El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque - ICAL volverá a realizar referéndum para evaluar a jueces y fiscales de la Corte Superior de Justicia, así lo anunció su decano, Carlos Martínez Oblitas, cuya directiva ya cuenta con reconocimiento ante Registros Públicos.
Luego de diez meses de una ardua tarea legal, la directiva de Carlos Martínez Oblitas logró que la Primera Sala Registral de Lima le otorgue la personería jurídica, con lo cual ya podrá disponer de los recursos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, y de esta forma poner en marcha sus promesas de campaña y pagar las deudas que se tienen pendientes.
“Hace una semana que se nos ha notificado la resolución por parte de la Primera Sala Registral de Lima, donde acudimos en apelación, luego que el registrador público de Lambayeque resolviera en nuestra contra. Ha sido casi todo un año de ardua tarea legal, de documentación e ir poco a poco desglosando este problema por el enfrentamiento que hubo en la gestión anterior, que lejos de traer paz y tranquilidad nos trajo muchos problemas, pero actualmente lo estamos ya superando”, indica.
Rendición de cuentas
Resalta que ahora que su directiva ya cuenta con personería jurídica podrá disponer los recursos con los que cuenta la orden en los diferentes bancos, aunque apunta que ese dinero pertenece a gestiones anteriores, pues el último decano José María Balcázar Zelada todavía no cumple con rendir cuentas de los dos millones 800 mil soles que ingresaron durante su administración.
“El anterior decano no ha querido rendir cuentas porque decía que éramos ilegales, pero ahora que ya tenemos la personería jurídica veremos el planteamiento del exdecano. Y si no quiere rendir cuentas ante nosotros, lo tendrá que hacer ante la fiscalía que hace la investigación por apropiación ilícita”, afirma.
Apunta que la Comisión de Ética procesará disciplinariamente a José María Balcázar, pues se debe sentar un precedente para que hechos como estos no se repitan. Adelanta que incluso podrían haber responsabilidades civiles por el daño ocasionado a la orden profesional, pues durante su gestión se retiró la guardianía en el centro de esparcimiento, lo cual ha ocasionado que se roben parte de la infraestructura y el mobiliario.
“El anterior decano Juan Zamora Pedemonte hizo una inversión de millón y medio de soles en el centro de esparcimiento, pero Balcázar Zelada retiró los dos guardianes y la comunidad de alrededor ha hecho un festín allí, no ha dejado ni una astilla. Eso es gravoso para el colegio”, asevera.
Recursos
Señala que con los fondos a los que podrá acceder se les pagará el concepto de fondo mortuorio a los familiares de 18 abogados que fallecieron durante la emergencia sanitaria. En total, los decesos en la orden desde el inicio de la pandemia suman 108.
“Por cada colega fallecido se paga seis mil soles, siempre y cuando hayan estado al día con sus aportaciones. Hemos pagado más de medio millón de soles. Nos falta pagarles a cerca de 18, tan poco tengamos el manejo económico nos pondremos al día y nos proyectaremos en tareas propias de la gestión”, refiere.
Asimismo, comenta que el ICAL tiene por pagar una multa de 156 mil soles, debido a que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, adoptó el reclamo de un grupo de trabajadores que fueron enviados a suspensión perfecta de labores en marzo del año pasado.
“La autoridad del trabajo -luego del reclamo de los trabajadores- ordenó su inmediata reposición, no cumplió y en este momento estamos a puertas de que nos ejecuten coactivamente la multa, porque en su mismo período fue declarada consentida, pero no las impugnó. Es inaudito que un decano deje pasar 156 mil soles de multa”, anota.
Actividades
Por otro lado, detalla que este año han ingresado a la orden cerca de 250 nuevos abogados, quienes cuentan con todos los beneficios que ofrece esta ofrece como los diplomados gratuitos que iniciarán desde febrero del próximo año.
“Nuestra gestión siempre se caracterizó por los diplomados gratuitos, pero dada la condición económica en que recibimos el colegio no teníamos dinero, por eso se nos ha sido imposible desarrollar estos eventos, pero estamos haciendo un esfuerzo, por primera vez el colegio va a contar con plataformas virtuales de su propiedad para atender toda clase de aspectos, pero desde febrero iniciaremos programas de diplomados de diversas especialidades, los cuales serán permanentes durante todo el 2022”, afirma.
No obstante, anuncia que este año no se realizará la tradicional chocolatada para los hijos de los abogados, pero sí se sortearán 450 canasta navideñas entre los miembros de la orden.
Actualmente, el ICAL cuenta con nueve mil 300 colegiados, de los cuales hay entre cinco mil y cinco mil 500 hábiles.
Política
En cuanto a la coyuntura política nacional, indica que Pedro Castillo no es un presidente que esté a la altura de lo que el país demanda. Sin embargo, cuestiona que desde el Congreso se haya buscado su vacancia y que algunos líderes políticos no hayan aceptado desde un inicio que él haya ganado las elecciones.
“Los congresistas creen que si vacan a Castillo se quedarán muy tranquilos, pero no, si vacan al presidente y vicepresidente, el pueblo también sacará al Congreso para que se convoquen nuevas elecciones”, enfatiza.
Expresa que Castillo Terrones debe rodearse de personas que le den estabilidad a su gobierno y le ayuden a salir adelante. “Nos guste o no, él es el presidente y ha sido elegido democráticamente. Muchos podemos renegar, pero debemos respetar el resultado de las elecciones”, sostiene.
En cuanto a las elecciones regionales y municipales que se avecinan el próximo año, exhorta a la población a estar vigilante y poner sus propios filtros, pues a veces al Jurado Nacional de Elecciones se le escapan candidatos hasta con sentencias judiciales, por lo que el mismo elector debe ser consiente y emitir un voto informado.
Emergencia
En tanto, Martínez Oblitas opina que se debe declarar en emergencia el Poder Judicial y permitir -mediante un presupuesto adicional- que se contraten por dos o tres meses a abogados calificados que ayuden a destrabar la carga procesal. Asimismo, señala que se debe exigir a la Junta Nacional de Justicia que las plazas de los jueces supernumerarios pasen a concurso para que obtengan la calidad de nombrados.
“Puede haber magistrados que cumplan con su función, incluso fiscalías en el aspecto penal, pero el embalsamiento es notorio. Basta con ver la fijación de las audiencias que tardan ocho, diez meses, en algunos casos hasta un año. Esto demuestra que el Poder Judicial no está funcionando bien, la salida tiene que ser que se contraten abogados para que hagan la función de los llamados jueces numerarios suplentes, que se encarguen de destrabar. Esto debe ir acompañado de la convocatoria a un concurso público de todos los jueces y fiscales”, afirma.
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