Elías Tapia Julca postula al decanato del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, con una intención: quiere hacer de la orden profesional el ente técnico que brinde soluciones reales al Ejecutivo en torno a la ejecución de los grandes proyectos del país. Encabeza a la lista número 4 denominada ‘Un ingeniero, un gestor’, que este 21 de noviembre competirá en la lid electoral. Una de sus principales ofertas es alcanzar al Legislativo un proyecto de ley que pretende hacer más amigable la Ley de Contrataciones del Estado.
“Cuando empezó la pandemia teníamos 30 hospitales por terminar, casi listos. De acuerdo a los programas, estos hospitales debieron terminar un año antes, pero el retraso se produce por esta situación de conflicto que da nuestra Ley de Contrataciones del Estado, la cual propicia la pelea entre los constructores y entidades contratantes”, afirma.
Explica que, para ganar la buena pro, las empresas deben ofertar un 10 % menos de lo que realmente cuesta la obra, lo cual se suma a que la norma actual establece penalidades de hasta el 20 % para las contratistas, con lo cual están prácticamente obligadas a ejecutar una obra con un 30 % menos del valor real, lo que hace que pidan ampliaciones y prestaciones adicionales. En caso estas no sean concedidas, se van a arbitraje, situación que tiene como consecuencia que a la fecha haya más de dos mil obras paralizadas a nivel nacional, según reporte de la Contraloría.
“Si ganamos el decanato vamos a plantear leyes que no solo penalicen, sino premien. No es posible que, si el expediente técnico dice que la utilidad es del 5 %, penalicemos con el 20 %, no tiene ningún sentido. La penalidad debe limitarse también al 5 %. Y así como hay penalidades, debemos bonificar, pero no con dinero, porque el Perú no está para regalar dinero, pero sí incentivar al contratista. Por ejemplo, si demuestra tener obras terminadas antes de tiempo, debería tener prioridad para la buena pro”, sostiene.
“La Ley de Contrataciones del Estado es muy caduca, conflictiva. No es posible que, teniendo tantas necesidades, y teniendo dinero el Estado, tengamos casi tres mil obras paralizadas. En este momento se han resuelto varios contratos de hospitales: el de Camaná, de Chala (Arequipa), Machu Picchu (Cusco), Tacna, Pucallpa, etcétera. Falta gestionar, habilidades blandas. ¿Para qué llegar a la resolución de un contrato cuando se puede conciliar y buscar de manera armoniosa las mejores soluciones?”, añade.
Apunta que se debería retornar al Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, marco bajo el cual se hicieron grandes obras como el Proyecto Especial Chira (Piura), la primera etapa de Majes Siguas (Arequipa), Charcani V (Arequipa), así como la primera etapa de Olmos y Gallito Ciego.
“Lamentablemente quienes hacen las leyes son los abogados, que no saben nada sobre obras, pero las regulan. Tampoco saben nada de equipamiento médico y regulan su compra. Las obras antes mencionadas se hicieron sin ningún problema porque en ese momento la Ley de Contrataciones era hecha por ingenieros, teníamos el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, hecho por ingenieros, que conocen todos los conflictos que hay en las obras y las mejores soluciones”, asevera.
Obras de gobierno a gobierno
Asimismo, Tapia Julca considera que los contratos de gobierno a gobierno generan un perjuicio económico para el país, ya que el gobierno extranjero no aporta recursos, sino que todo se hace con los fondos del Estado. Lo más grave -afirma- es que se tiene que pagar un porcentaje de la inversión al gobierno con el cual se firma el contrato.
“Por la reconstrucción del norte, por el Fenómeno El Niño Costero, estamos pagándole el 10 % al gobierno de Reino Unido, para la carretera central estamos pagando al gobierno de Francia el 8 %, para el aeropuerto de Chinchero pagamos al gobierno de Corea el 6 %. Nos damos el lujo de pagar a gobiernos extranjeros cuando la solución es modernizar nuestra Ley de Contrataciones del Estado”, enfatiza.
Además, señala que esta modalidad de contrato también atenta contra la ingeniería nacional, pues el gobierno extranjero no contrata a empresas peruanas, sino que trae a sus propias contratistas para gerenciar los proyectos y luego subcontrata a precios “irrisorios” a los ingenieros locales.
“Nuestra lista ya tiene un proyecto de ley culminado. Vamos a acercarnos al Legislativo y al Ejecutivo para decirles esta es una ley especializada, con esta ley vas a poder hacer obras y aparte con estas nuevas modificaciones vas a tomar decisiones respecto a qué hacer con las obras paralizadas. Por ejemplo, la carretera Tacna-La Paz se quedó en un 95 %, pues cuando ocurrió el tema de Lava Jato se resolvió el contrato a Odebrecht, la obra se abandonó y resulta que ahora para terminarla el Estado debe invertir un 20 %, cuando falta solo 5 %”, comenta.
Propone a los alcaldes y gobernadores que no tengan miedo de hacer una invitación directa para continuar con las obras que han quedado paralizadas por los contratos resueltos. Señala que este proceso debe hacerse con participación de la Contraloría para seleccionar a las mejores empresas nacionales. “Es cuestión de decisión, de no tener miedo”, afirma.
Minería
En cuanto a la minería, refiere que no es posible que proyectos como Conga sigan paralizados, sobre todo cuando existe tanta necesidad como en Cajamarca. Igual opinión tiene respecto a Tía María, cuya realización generaría que el distrito de Cocachacra reciba 10 millones de dólares por año durante los 20 años de explotación.
“Cocachacra es un pueblo chico, de tres mil 500 habitantes, que recibiendo 10 millones de dólares habrá asegurado en cinco años la vida de su gente y de todas sus generaciones. La provincia de Islay recibiría 20 millones de dólares por año, Arequipa 30 millones, pero el proyecto no se ejecuta porque le han hecho creer a la gente que se tomará el agua del río Tambo, lo cual es mentira. Los agricultores protestan, pero deben explicarles que no se tocará ni una gota del río. El agua para la operación minera llegará desde el Océano Pacífico. Se hará una planta de desalinización en Mollendo y se llevará con una línea de impulsión sin que pase por la ciudad”, explica.
Postulación
Por otro lado, señala que el 21 de noviembre deberán acudir alrededor de 180 mil ingenieros a votar a nivel nacional, aunque considera que se debió dar carta abierta para que los 250 mil colegiados sufraguen y no solo los que están habilitados, ya que en tiempos de pandemia no se puede exigir el pago estricto de las cuotas.
“Desde hace tres años he recorrido todo el país dando conferencias, conversando de los problemas del país con todos los ingenieros. Ya es hora que seamos nosotros los que opinemos en los temas técnicos en lugar de los políticos. Tenemos que dar la luz verde al final, pues somos los que más sabemos. Lamentablemente, nuestras autoridades han estado calladas y el Ejecutivo ha hecho lo que ha podido”, manifiesta.
Refiere que uno de sus planteamientos es crear un seguro de defensa legal para los ingenieros, pues hoy se ha criminalizado su labor y quedan desamparados cuando son denunciados.
“Lamentablemente, a raíz de Lava Jato se ha criminalizado la ingeniería, pero quienes han cometido los actos de corrupción son los presidentes, los ministros, gobernadores, mas no los ingenieros. Ahora es muy fácil acusar injustamente a un ingeniero y no tienen cómo defenderse porque, aún trabajando para el Estado, quedan a su suerte. Esto causa temor en los funcionarios, quienes tienen miedo de firmar resoluciones. En cambio, si cuentan con el seguro legal que les pretendemos dar, las cosas marcharán mejor”, sostiene.
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