La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la Policía Nacional realizaron la madrugada del 16 de septiembre un operativo de ubicación y captura contra funcionarios y ex funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo - SBCH, presuntamente involucrados en irregularidades en la compra de un terreno para un nuevo cementerio.
La medida de detención preliminar por tres días por el presunto delito de colusión agravada involucró a los exintegrantes del Directorio de la SBCH, María Reynoso de Vargas, Carlos Uriarte Núñez y Franklin Marín Gonzáles.
En el requerimiento fiscal que fue acogido por el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo también se incluyó a la expresidente del Directorio Rosario Verástegui León, quien no fue hallada en el operativo y se mantiene no habida de la justicia.
Asimismo, se dispuso la detención de la ex gerente general de la entidad María Chávez Alarcón; el ex jefe de Ingeniería, Juan Ferroñán Viera; el exjefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, José Niquén García y la exjefa de Asesoría Legal, Martha Pita Mundaca.
También fueron intervenidos los miembros de la comisión de búsqueda y ubicación del terreno: Felipe Llerena Gómez y Elena Barrueto Horna.
Hechos imputados
La diligencia dirigida por los fiscales José Guevara Gilarmas y Daniel Gerardo Flores Aguinaga, con el apoyo de fiscales anticorrupción y personal de la Policía Nacional, se desarrolló ante una orden de detención preliminar, allanamiento y descerraje solicitada por el Ministerio Público ante el juzgado especializado, la que comprendió 11 inmuebles en las ciudades de Chiclayo, Pimentel, Lambayeque y Huacho, en Lima.
De los actos de investigación se tiene que los imputados se habrían concertado con Massimiliano Mizz en el marco del procedimiento de Contratación Directa N° 01-2018-SBCH, para la “Adquisición de un terreno para el nuevo cementerio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo”, con la finalidad de que dicha entidad adquiera, el terreno ubicado en el sector Las Pampas, distrito de Pimentel, a un precio presuntamente sobrevalorado, por el importe de un millón 193 mil 760 dólares americanos, a efectos de defraudar patrimonialmente a la entidad, por la suma de 288 mil 94,8 dólares, equivalentes a un millón mil 469,14 soles.
De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, con dicho accionar se habría vulnerado la Ley de Contracciones del Estado su Reglamento y la Ley de Cementerios y su Reglamento.
Informe de OCI
Rosario Verástegui fue designada como presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo durante el gobierno municipal de David Cornejo Chinguel.
Fue así como la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional – OCI, detectó que la SBCH había adquirido en el 2018, mediante contratación directa un terreno no apto para la construcción de un cementerio en el distrito de Pimentel.
En el Informe N° 010-2020-2-0512, se evidenció que la SBCH, sin justificación técnica ni legal, compró el inmueble de 3.9 hectáreas.
Según Contraloría, el área no cumple con las condiciones exigidas para la construcción de un cementerio, según el Reglamento de la Ley de Cementerios, ni los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios emitidos por la Municipalidad Distrital de Pimentel.
Una de las condiciones que exige el reglamento es que la superficie del terreno no debe estar dividida o separada por avenidas, autopistas o carreteras de uso público; sin embargo, el inmueble está dividido por la avenida Colectora Oeste. Además, se determinó que el acceso al predio es por una trocha carrozable, al costado de un dren contaminado; algo que incumple la normatividad.
En cuanto al Estudio de Mecánica de Suelos, la SBCH especificó que se ha llegado a un nivel de tres metros, sin encontrar nivel freático. No obstante, la comisión de control localizó dos pozos con presencia de agua a 2.50 m. y 2.35 m. de profundidad Asimismo, el terreno tiene forma irregular, lo que dificultaría la construcción del cementerio, con el agravante de la división del terreno.
El Ministerio Público expuso ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que en el Informe Técnico N° 01-2020/OCI-SBCH-JMPP, de fecha 30 de septiembre del 2020, se concluye lo siguiente: el acceso al terreno objeto de estudio es por camino de vigilancia del DREN 3100, el cual se encuentra contaminado con basura, presenta aguas negras y emite malos olores.
El terreno no cuenta con ningún tipo de servicio básico; no obstante, cerca de este, existe una red eléctrica de media tensión; según los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, emitidos por la Municipalidad Distrital de Pimentel, el terreno no es compatible para la construcción de un cementerio y se pudo apreciar superficialmente que el terreno presenta material arcilloso (greda).
El terreno es de forma irregular, lo que dificultaría la construcción de un cementerio; asimismo, la avenida Colectora Principal Este – Oeste (proyectada), cruza el terreno, dividiéndolo en dos, agravando aún más su irregularidad.
Asimismo, en el “Informe Técnico de Tasación” del terreno se concluye que, al mes de enero del 2018, el valor comercial del terreno adquirido por la SBCH, ascendía a 905 mil 665.92 dólares americanos.
Prisión preventiva
El fiscal José Guevara Gilarmas, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicitó 12 meses de mandato de prisión preventiva contra cinco de los investigados por el caso de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, señalados como responsables del presunto delito de colusión agravada.
La medida restrictiva fue solicitada contra la expresidente del Directorio de la entidad Rosario Verástegui León; la ex gerente general Martha Chávez Alarcón; el exjefe de Ingeniería Juan Ferroñán Viera, y el exjefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, José Niquén García.
Asimismo, contra Massimilliano Mizzi, quien vendió el terreno a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, por el cual se pagó cuatro millones de dólares.
La audiencia de prisión preventiva se inició el domingo 19 a las 3:30 de la tarde.
Respecto de los imputados María Astrid Reynoso de Vargas, María Vásquez Pérez, Carlos Uriarte Núñez, Franklin Gonzales Salazar, Martha Pita Mundaca, Felipe Llenera Gómez y Elena Barrueto Horna, el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Leonardo Carrillo Reynaldo, ordenó su inmediata liberación. Sobre estos no existe mandato de comparecencia restringida.
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