Pese a tener a un equipo a exclusividad, liderado por el fiscal Sergio Zapata Orozco, siete años después de iniciado el caso “Limpios de la corrupción”, el Ministerio Público no ha podido demostrar la responsabilidad de los imputados en los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, delitos madre que dieron pie al operativo de captura realizado contra el ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, regidores, funcionarios, colaboradores y familiares el 30 de septiembre del 2014.
Inicio del caso
El 3 de julio del 2014, el ciudadano Carlos Canales Guevara presentó una denuncia penal contra el contador Augusto Montalvo Cuadra; subgerente de Contabilidad y Finanzas de EPSEL S.A., por el delito de estafa.
Canales Guevara narró haber recibido la llamada de José Ucañay Huamanchumo (trabajador de EPSEL S.A.), quien le manifestó que por encargo de Montalvo Cuadra podía conseguir la cancelación de su deuda (45 mil 129.39 soles), por concepto de remuneraciones devengadas, pago ordenado por el Primer Juzgado Laboral Transitorio de Chiclayo (Expediente N° 707-2007). Al respecto, EPSEL S.A., había comunicado al juzgado el pago fraccionado de la deuda en mensuales pagaderas hasta diciembre del 2015. Entre otras cosas, para cancelar la deuda en solo dos partes, una de las condiciones que le habría señalado Ucañay Huamanchumo era el pago de siete mil soles.
La denuncia fue derivada el 7 de julio de ese año a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo. El 18 de julio, el fiscal Sergio Zapata Orozco, coordinador de la fiscalía dispone el inicio de investigación preliminar por el plazo de 80 días, por el delito de abuso de autoridad en su figura de concusión, contra Montalvo Cuadra y Ucañay Huamanchumo en agravio del Estado, y contra Juan Valdivia Goycochea, por omisión de denuncia, llevándose a cabo la investigación en el Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de Lambayeque.
El 27 de agosto del 2014, el fiscal César Celis Zapata requirió al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil no solo de los investigados, sino también de Juan Martín Villanueva Velezmoro, Percy Quesquén Díaz y Herman Paredes Ángeles. Ese mismo día, la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró procedente el pedido, incluyendo a José Baca Távara.
De colusión a criminalidad organizada
El 4 de septiembre del 2014, teniendo como referencia la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, el coronel PNP Luis Farfán Silva, jefe de la Ofinterpol Chiclayo, en consideración del Informe Policial N° 120-14-DITERPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, solicita al fiscal adjunto Juan Carrasco Millones el levantamiento del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica de los números indicados en el referido informe, en la desarticulación de la organización “Los limpios de la corrupción”, incluyendo a 22 personas entre funcionarios, familiares y proveedores.
El 28 de septiembre, mediante Memorando N° 1977-2014, el general Jorge Flores; Director General de la PNP, se dirige al general Walter Rocha Hidalgo; Director Ejecutivo de Personal, disponiendo el destaque por 30 días, con cargo a regularizar su situación, del mayor Romel Díaz Paz (que se encontraba asignado en Lima) y del teniente Víctor Chafloque Oliden (que se encontraba asignado en la ciudad de Piura), a la Región Policial Nor Oriente en la ciudad de Chiclayo.
El 29 de septiembre del 2014, se emite el Oficio N° 1593-2014-RPNO-DIRTEPOL- LAMB/OFIENTERPOL-CH, supuestamente enviado por Farfán Silva a Carrasco Millones, que contenía el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH de la misma fecha, rubricado por Díaz Paz dando conformidad, y Chafloque Oliden como “instructor”. En el referido informe, en el numeral “Q”, los referidos oficiales, señalan textualmente que: “En tal consideración y estando a los elementos de convicción tanto documentales emitidos por SUNAT y SUNARP (…) se debería proceder a su ubicación y captura…”, mientras que en el numeral “T”, manifiestan que: “En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del fiscal del caso Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un Equipo de Contraloría…”.
El mismo día, el fiscal Sergio Zapata Orozco, a cargo de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, emite el requerimiento de detención preliminar judicial contra una veintena de personas, por supuestamente pertenecer a la organización criminal “Los limpios de la corrupción”.
Operativo de captura
El 30 de septiembre del 2014, a menos de tres meses de iniciada la investigación por colusión, la juez provisional Cecilia Costa Gonzáles emitió la Resolución N° 1 (Expediente Judicial N° 5207-2014), trasladando parte del Informe N° 136-2014- RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH y del Requerimiento de Detención Preliminar Judicial, ordenando la Detención Preliminar de una veintena de personas por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
El mismo 30 de septiembre se realiza el operativo de ubicación y captura, y allanamiento de viviendas a funcionarios, familiares y proveedores de la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzáles, quienes días después fueron internados en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, bajo mandato de prisión preventiva por tres años.
Informes inexistentes
El 6 de mayo del 2015, mediante Oficio N° 843-2015-REGIÓN POLICIAL-LAMB/ORI.SEC., el coronel Luis Farfán Silva, ante una solicitud de la abogada Deysi Lorena Villanueva Velezmoro, le hace llegar el Rol de Servicio del personal asignado a la Oficina Regional de Inteligencia de la Región Policial de Lambayeque, del mes de septiembre del 2014, en el que se puede corroborar que no figuran el mayor Romel Díaz Paz y el teniente Víctor Chafloque Oliden.
El 30 de mayo, la abogada solicitó a Farfán Silva copia de los documentos sustentatorios del Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, elaborado en la dependencia bajo su jefatura, y el 1 de junio, mediante Oficio N° 1008-2015-REGIÓN POLICIAL- LAMB/ORI.SEC., este da respuesta a la haciéndole de conocimiento que “de conformidad al documento signado en la referencia, en esta Unidad Especializada no se ha formulado el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, de fecha 29SET2014…”.
En una nueva comunicación del 4 de junio, mediante Oficio N° 1027-2015-REGIÓN POLICIAL- LAMB/ORI.SEC., Farfán Silva da respuesta a Villanueva Velezmoro, haciéndole de conocimiento que “…en los archivos de esta Unidad no se encuentra documento alguno relacionado al caso, no obstante al recibir la copia de dicho documento remitido por Ud., se puede apreciar los nombres de los dos (02) oficiales PNP que firmaron su autoría, que si bien es cierto trabajaban en la ciudad de Chiclayo, pero que no han prestado servicios en esta Jefatura, desconociendo los motivos, por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad”.
El 30 de enero del 2019, Juan Valdivia Goycochea formuló denuncia penal contra Díaz Paz, Chafloque Oliden y los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad genérica, por su actuación en las investigaciones seguidas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014.
El 12 de marzo del 2019, el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Carlos Enrique Osores Padilla, mediante Disposición N° 1, dispone iniciar Investigación preliminar contra los oficiales solo por el delito de Usurpación de funciones, archivando los delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica, aduciendo prescripción de la acción penal.
El 24 de abril de 2019, la jefe de la División de Servicios al Contribuyente de la SUNAT, informó, vía correo electrónico a Valdivia Goycochea que recién con fecha 1 de octubre del 2014 (dos días después de elaborado el Informe N° 136-2014-RPNO- DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, mediante Oficio N° 555- 2014/SUNAT-6H000, se dio respuesta a la solicitud del Ministerio Público (Juan Manuel Carrasco Millones), referente al Levantamiento de la Reserva Tributaria dispuesta por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. Sin embargo, en el Informe de Inteligencia del 29 de septiembre se hizo referencia a informes de SUNAT con los que todavía no se contaba.
El 2 de mayo del 2019, la Contraloría General de la República informó, mediante Oficio N° 001118-2019, a Juan Valdivia Goycochea, que luego de la búsqueda efectuada en su sistema de trámite documentario, “esta Entidad Fiscalizadora Superior no ha recibido por parte del señor Sergio Zapata Orozco ni de la Policía Nacional del Perú en el periodo 1 de enero de 2014 al 29 de septiembre de 2014, requerimiento alguno de ‘Equipo de Contraloría’ para que participe de las investigaciones seguidas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014…”.
Pese a ello, el 4 de noviembre del 2019, el fiscal Osores Padilla, mediante Disposición N° 3, dispuso que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Díaz Paz y Chafloque Oliden por el delito de usurpación de funciones, archivando los actuados. La decisión fue quejada por Valdivia Goycochea.
El 10 de diciembre del 2019, el Procurador Público del Ministerio del Interior interpuso un Recurso de Queja contra la Disposición N° 3 y solicitó la ampliación de la investigación por el presunto delito de falsificación de documento público por parte de Díaz Paz y Chafloque Oliden. Un año después, el 10 de diciembre del año pasado, el fiscal concedió los recursos de queja.
Cierre de la investigación
Con Disposición 337, del 22 de octubre del 2018, el fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, dio por concluida la investigación preparatoria de la Carpeta 2447-2014, sin que hasta el momento haya formalizado la acusación por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por los cuales se solicitó la detención preliminar y luego la prisión preventiva para el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles y sus principales colaboradores.
De ese modo llegó a su fin los más de cuatro años desde que se inició el sonado caso. Lo preocupante es que siete años después, Zapata Orozco sigue a dedicación exclusiva del caso (ya sin procedimientos de investigación) y no se establece si se configuró o no las causales por las que se montó el operativo del 30 de septiembre del 2014.
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