José María Balcázar Zelada formará parte de la representación parlamentaria por Lambayeque en el próximo Congreso, aunque como representante de su gremio profesional aún tiene una deuda pendiente. Tras una gestión plagada de cuestionamientos al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, el electo padre de la patria aún no ha rendido el informe económico de su administración, hecho que viene generando serios perjuicios a la gestión actual, según denuncia el vigente decano Carlos Martínez Oblitas.
La insistencia de la actual directiva por que Balcázar Zelada rinda cuentas se debe a que el dinero de la orden se ha manejado en las cuentas personales del exdecano. Este caso se remonta a marzo del 2019, cuando inició la confrontación entre el entonces decano y casi la totalidad de su Consejo Directivo, salvo el director de Ética. A la fecha, existe una investigación en el Ministerio Público contra el extitular del ICAL por apropiación ilícita.
“A los dos meses de haber jurado Balcázar hubo un cisma entre dos partes de una misma lista, en un lado se quedó el decano y en otro la directora de Economía, y los manejos económicos en los bancos se hacen siempre con las firmas de ambos. No se puede sacar dinero si no está la chequera con las dos firmas. Eso motivó a que Balcázar abra una cuenta en la Caja Trujillo a título personal”, señala Martínez Oblitas.
La ruta del dinero
Refiere que entre el 2019 y el 2020 ingresaron a la orden profesional aproximadamente dos millones 800 mil soles, que son sobre los cuales José María Balcázar debe explicar en qué se invirtió, pues no ha dejado documentos sustentatorios ni libros contables que permitan realizar siquiera una auditoría.
“Hasta el presidente de una APAFA (Asociación de Padres de Familia), por más chiquito que sea el centro educativo, da cuenta con documentos de en qué se gasta el dinero. Yo no he encontrado documentación debidamente establecida, no hay libros, no hay actas, no hay contabilidad de ninguna clase, pero sí está probado que ingresaron dos millones 800 mil soles. Por la experiencia que tengo pienso que no se ha invertido todo el dinero. Una parte debe estar en su poder y tiene que entregarla en algún momento”, sostiene.
Además, José María Balcázar tampoco ha entregado hasta la fecha la medalla de la orden profesional, que además de tener un valor histórico, pues desde hace más de 20 años pasa de decano en decano, tiene un elevado valor económico, pues esta hecha de oro puro de 24 kilates.
“Le hemos remitido diplomáticamente y con el mayor respeto cartas notariales para que, además de rendir su informe económico, devuelva la medalla de la orden. Nadie más que él puede tenerla. Sin embargo, hace caso omiso. Tiene un valor histórico porque la han usado varios decanos solamente en ceremonias muy especiales, porque es peligroso que se pierda. Debe tener un valor de entre 40 mil y 50 mil soles”, afirma.
Pasivos
Martínez Oblitas advierte que la gestión de Balcázar Zelada le ha dejado una deuda de 150 mil soles, producto de una multa que le aplicó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, por la aplicación incorrecta de la suspensión perfecta de labores a un grupo de trabajadores, quienes debieron ser repuestos, pero la anterior directiva se negó.
Asimismo, menciona que la administración que lo antecedió tampoco les pagó gratificaciones a los trabajadores ni les dio vacaciones. Por el lado de las obligaciones tributarias, tampoco cumplió con el pago del impuesto predial a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De igual forma, cuestiona que la gestión de Balcázar Zelada haya retirado la guardianía de la sede donde se edifica el centro de esparcimiento de la orden (carretera a Monsefú), pues producto de ello han ingresado a robar los vidrios, calaminas y material sanitario que se había instalado. En total, calcula que se debe haber perdido un millón de soles de inversión.
“Quisiera dirigirme al doctor Balcázar para que dentro del marco de la buena fe que debe haber entre las instituciones, y mucho más ahora que ejercerá un cargo de gran responsabilidad como es el de congresista, se presente y rinda cuentas, que diga qué cosas ha hecho y entregue la medalla. Después se verá si hubo un buen manejo o no. Eso lo determinará la auditoría que haremos”, destaca.
Inscripción registral
Producto de la disputa que hubo entre Balcázar Zelada y su Consejo Directivo, la gestión de Martínez Oblitas no ha logrado aún su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP. Según explica el líder gremial, esto se debe a que José María Balcázar vacó a su vicedecano Yuri Díaz Jaime e inscribió esta vacancia ante la oficina registral.
“La SUNARP pone en tela de juicio cómo un decano encargado que estaba vacado pudo convocar a elecciones. Ese es el principal escollo. Estamos haciendo todo lo posible para lograr nuestra inscripción, sino tendremos que recurrir al Poder Judicial. Sin embargo, la inscripción es solo para efecto del tratamiento de los bancos, porque para todo lo demás ya hay un decreto supremo que me habilita a tener la vigencia como decano”, refiere.
Añade que la Junta Nacional de Colegios de Abogados ya lo reconoció como decano y que incluso basta solo con la presentación del acta de proclamación del comité electoral.
No obstante, hasta que su directiva no tenga la personería jurídica, la gestión de Martínez Oblitas no podrá abrir ninguna cuenta bancaria ni utilizar los fondos que tiene la orden profesional en las entidades financieras. Por lo pronto, el dinero que ingresa al colegio profesional se está empleando directamente para el pago de planillas y de fondo mortuorios.
Pandemia
Por otro lado, refiere que han fallecido 95 abogados en lo que va de la pandemia, de los cuales 85 han sido a causa del COVID-19. Apunta que su gestión se esfuerza por cumplir con el pago del fondo mortuorio, que asciende a seis mil soles.
Refiere que el colegio profesional ha adquirido 13 balones de oxígeno para atender a los abogados que lo necesiten, así como a sus familiares directos (padres, cónyuges en hijos). El costo por recarga, que en promedio en el mercado es de entre 800 y 900 soles, se descuenta del fondo mortuorio.
“Quiero dejar constancia que los colegas de la orden aportan cinco soles por mes, lo que al año hace 60 soles y en 30 años, mil 800. Sin embargo, a los familiares de quienes estuvieron al día en sus cuotas se les entrega un fondo mortuorio de seis mil soles. En algún momento los abogados tendremos que evaluar el monto del aporte (…) Si tuviésemos más dinero hubiésemos adquirido dos o tres veces más balones de oxígeno para alcanzar a los agremiados de Jaén, Chota y Cutervo, que también nos piden”, indica.
Gestión
Martínez Oblitas indica que está gestionando la implementación de una plataforma virtual que permita la intermediación bancaria, de modo tal que los agremiados del ICAL puedan realizar sus aportes mensuales desde cualquier parte del país. Esta fue una de sus promesas de campaña, pero debido a la difícil situación económica en la que se encuentra la orden aún no la ha podido cristalizar.
Menciona que ha pedido apoyo a algunas instituciones, las cuales en promedio han valorizado en 35 mil soles el costo de la instalación de este sistema. Por el momento su gestión está evaluando otras ofertas.
“Lo que estamos haciendo ahora es enviarles a los agremiados que no están en Lambayeque la copia escaneada, vía WhatsApp, de su habilidad. Les pedimos a los abogados que hagan sus pagos a través de un familiar o conocido”, invoca.
Por otro lado, afirma que han detectado que la gestión anterior otorgó colegiaturas a egresados, que no habían pasado por el tamiz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – CSJL, y cuyos títulos tampoco habían sido inscritos por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU. En total, hay 140 agremiados que están en esta situación.
“Les pedimos que regularicen sus papeles, porque hay algunos que llevan cerca de un año ejerciendo y no tienen título en SUNEDU. Eso no es correcto. Por eso nosotros solo estamos colegiando a los que ya tienen inscripción en SUNEDU y han pasado previamente por el tamiz de la corte”, asegura.
Reuniones
El titular del ICAL apunta que ya tuvo dos reuniones con Juan Riquelme Guillermo Piscoya, presidente de la CSJL, en las cuales han tratado la problemática de la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales, sobre todo ahora en pandemia.
“Hay una enorme preocupación porque las audiencias están demorando ocho meses, nueve meses y a veces hasta un año para ser reprogramadas. No sé si es por la dinámica propia de la virtualidad o porque los auxiliares de justicia y los mismos jueces y fiscales no son tan acuciosos, no dan un poquito más de su tiempo para acelerar los procesos. Hay una acumulación de expedientes a los que no se les está dando el trámite debido”, postula.
En contraste, felicita a Guillermo Piscoya por su práctica de realizar visitas inopinadas a las sedes judiciales, ya que eso motivo a los auxiliares jurisdiccionales a tener al día, en la medida de lo posible, los expedientes a cargo.
“Estamos fortaleciendo nuestro Consejo de Ética porque hay muchas denuncias contra colegas que no hacen mucho esfuerzo por tramitar las causas. La gente debe ser responsable”, menciona.
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