El 22 de julio del 2004, mediante el Decreto Legislativo N° 957, el gobierno promulgó el Nuevo Código Procesal Penal con el objetivo fortalecer la actuación policial y fiscal, para garantizar una adecuada protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del delito, así como incrementar las probabilidades del esclarecimiento del hecho delictuoso. Sin embargo, para el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi Capurro, se cometió un gran error al trasladarle todo el peso de la investigación a la fiscalía.
“Antes quien desarrollaba la investigación preliminar era el policía, quien hacía el atestado, pero desde la implementación del Código Procesal Penal lo hace el fiscal, que llega tarde y no sabe investigar, porque esa no es su profesión, es un abogado. La investigación preliminar debe retornar a la Policía. El fiscal debe tener la dirección jurídica de la investigación, él verá qué delito es, cuál es el artículo del código que se ha violado y cuál es la pena para el delincuente, pero la investigación debe volver a manos de la Policía”, afirma.
Apunta que la fiscalía ha demostrado que tiene falencias a gran escala para investigar, como en los casos de corrupción relacionados a Lava Jato, donde hasta el momento no hay ningún alto funcionario sentenciado.
Estrategia
Rospigliosi Capurro, quien integra el equipo técnico de la candidata Keiko Fujimori, señala que el principal problema que afecta a la población en términos de inseguridad ciudadana es el relacionado a los delitos callejeros: el raqueteo, robo de celulares, de carteras, autopartes, asaltos a bodegas y casas. Todos estos -menciona- no son incluidos usualmente en las estrategias de orden interno de los gobiernos de turno, que por lo general se encargan de desarticular grandes bandas de crimen organizado, puesto que son más fáciles de combatir.
“Normalmente presentan supuestas bandas de crimen organizado, que a veces sí lo son y otras no tanto, solo juntan a algunos delincuentes y los presentan como banda. En fin, eso está bien, pero no van al delito callejero. Y no lo hacen porque es más difícil combatirlo, en el sentido de que hay muchos y por todas partes. Para hacerles frente se necesita fortalecer las comisarías”, asevera.
Explica que en las comisarías se necesitan más y mejores detectives, que sí existen en la Policía, pero en su mayoría forman parte de las grandes unidades y no de las comisarías, que son la célula básica del sistema policial. Sin embargo, apunta que los oficiales y suboficiales no van a estas porque no tienen incentivos, ya que suman más puntos en su hoja de servicio para un ascenso si es que laboran en las unidades especializadas.
“Hay que cambiar esto, hay que poner los incentivos sobre las comisarías y hacer una selección de la mejor gente, a la cual se le dé un entrenamiento especial, porque no se está dando la atención debida al ciudadano”, asevera.
Añade a esta estrategia el patrullaje inteligente, es decir, el recorrido de los agentes policiales por los denominados puntos calientes, que son donde hay mayor incidencia de fechorías. Para ello se requiere tener actualizado el mapa del delito, aunque eso abre otro problema: según el Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI, solo el 15.5 % de víctimas de delitos hace la denuncia respectiva.
“¿Hay razones para no confiar en el sistema? Claro que sí, porque vamos a la comisaría o a la fiscalía y no nos atienden bien, se demoran y finalmente no cumplen con su cometido. Debemos tener una policía comunitaria. El policía de barrio debe estar en contacto con el guachimán, con la junta vecinal, con el bodeguero de la esquina. Debe tener un grupo de WhatasApp con los vecinos, donde le reporten algún hecho sospechoso”, sugiere.
Penales
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, en el Perú hay 69 cárceles, la cuales en su conjunto tienen una capacidad para 39 mil 300 reos. No obstante, hasta el 2019 habían 92 mil 300 internos, lo que representa una sobrepoblación del 134 %. Esto hace prácticamente imposible la resocialización de los convictos.
“Allí no puedes hacer trabajos, no puedes estudiar, no puedes hacer nada. Es una situación atroz, hay que cambiar eso radicalmente y construir más cárceles. Además, las penas cada vez son más duras, se eliminan los beneficios penitenciarios y hay más delincuentes”, explica.
Señala que hoy las cárceles son escuelas de delincuentes porque no se segrega entre los internos avezados y aquellos que ingresan por delitos menores. Por ejemplo, considera absurdo que se encarcele a los sentenciados por omisión a la asistencia familiar, ya que es casi improbable que en prisión alguien pueda generar recursos y cumplir con el pago de la pensión de alimentos.
Refiere que una buena alternativa para este tipo de personas es la vigilancia mediante el sistema de grilletes electrónicos, el cual pese a ya tener reglamento no se ha aplicado por la “indolencia” de las autoridades.
“Con el grillete se le dice al reo que tiene permiso de salir de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por ejemplo. Durante esas horas puede trabajar y no puede irse fuera de la ciudad. Ahora con la tecnología todo está programado e inmediatamente salta una luz roja cuando el sentenciado viola las reglas. Eso le pasó a Toledo en Estados Unidos y por eso el juez le advirtió que podría devolverlo a la cárcel”, sostiene.
Corrupción
Por otro lado, comenta que durante su período como ministro del Interior (julio del 2003 - mayo del 2004) creó la Oficina de Asuntos Internos de dicha cartera, cuya directiva era dar caza a los altos mandos de la Policía que cometieran actos de corrupción.
“Mi dirección fue clara: vamos por las cabezas. Había que empezar a dar el ejemplo, porque la corrupción empieza desde arriba. Si la gente que está abajo en la cadena de mando ve que el de arriba hace cosas raras, entonces dice yo también lo hago y como le conozco sus cosas, él no me va a denunciar si es que me ve haciéndolas. Ese es el típico círculo vicioso que se arma”, explica.
Asegura que en la Policía se han infiltrado malos elementos, debido a que en los últimos años los gobiernos han priorizado la cantidad sobre la calidad y ahora las escuelas de oficiales, que son 29 en total, están exigidas a cumplir con cuotas de ingreso.
“Cada cierto tiempo vemos al ministro del Interior o al presidente decir que hay tres mil nuevos policías o cuatro mil, cuando no se trata de cantidad, sino de calidad. Claro que es importante tener más efectivos, pero debe priorizarse la calidad. Además, 29 escuelas son una barbaridad. La Policía no puede manejar ese número, porque no tiene los profesores ni el control sobre el ingreso, no tiene nada”, alerta.
Cuenta que antes se designaba a un policía para que vaya a la casa del postulante, a su barrio, a preguntar por él. Se hacía una idea de quién era para contrastarlo con lo que declaraba en el papel. Así se tenía un control sobre el ingreso y se evitaba la infiltración de malos elementos. Sin embargo, se cuestionó que ese tipo de inspección era discriminatoria y se dejó de hacer.
Refiere que una de las propuestas de Fuerza Popular es suprimir el costo de ingreso a las escuelas policiales y recién hacer efectivo el cobro cuando estén en el ejercicio profesional. Apunta que hoy las escuelas de oficiales cobran alrededor de ocho mil 500 soles y las de suboficiales cerca de seis mil 500.
“Esa cuota de ingreso es muy alta y muchas personas no la pueden pagar. Tienen que hacer sacrificios terribles y a veces ni así lo logran. Tenemos que eliminarla y distribuir el monto en varios años, para que sea pagado cuando el oficial o el suboficial esté en actividad”, asevera.
CONASEC
Por otro lado, afirma que Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC, debe volver a ser dirigido por el ministro del Interior y no por el presidente del Consejo de Ministros, como ocurre ahora.
“El presidente del Consejo de Ministros es el vocero oficial del gobierno, el que debe articular con el Congreso y con otros políticos. Debe ocuparse de un millón de problemas, entonces para él la seguridad ciudadana tranquilamente es el problema número 835, pero para el ministro del Interior es el problema número uno”, afirma.
VRAEM
En tanto, sobre el asesinato de 16 personas en el VRAEM, que fue atribuido a remanentes de Sendero Luminoso por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirma que la acción policial debe hacerse con inteligencia, tal como se hizo en el 2012 para capturar a Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como camarada Artemio.
“En los 90, cuando se capturó a Guzmán y a su cúpula, Sendero se derrumbó, solamente quedaron remanentes en las zonas de la coca porque trabajan con el narcotráfico, pero en el Alto Huallaga se les liquidó, se detuvo a un pequeño grupo de cabecillas y el resto de la organización se dispersó. Lo mismo debe pasar en el VRAEM. No hay que detener ni abatir a 50 ni a 100 terroristas, bastan seis u ocho, los principales cabecillas para que el resto se entregue o se disperse. Se puede hacer, ya lo hemos hecho antes. No vamos a descubrir la pólvora”, afirma.
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