Los representantes de Lambayeque en el Congreso de la República no dejan de sorprender. En las últimas semanas dos iniciativas para la creación de igual número de jurisdicciones distritales han sido presentadas a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado. Sin embargo, esta no es una prerrogativa del Legislativo, sino del Poder Ejecutivo.
Entre el 2016 y el 2018 se presentaron en el Congreso de la República tres iniciativas legislativas para la creación de distritos en Lambayeque. La primera, el Proyecto de Ley N° 0217/2016-CR, presentado por el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, para la creación del distrito de Pampa Grande, que se desmembraría de Chongoyape.
Dicho proyecto carece de viabilidad, debido a que uno de los requisitos para la creación de nuevas circunscripciones es que exista una dinámica poblacional creciente y de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la población de Pampa Grande no crece.
Otro caso es el del Proyecto Legislativo N° 2787/2017-CR, para la creación del distrito de Penachí, al separarse de Salas, presentado por el excongresista Marvin Palma Mendoza y, por insistencia, por los exlegisladores Milagros Takayama Jiménez y Héctor Becerril Rodríguez. El proyecto también es inviable, debido a que proponía que el distrito nazca con una capital de 572 habitantes.
De acuerdo a la norma vigente, una nueva capital distrital debe tener, como mínimo, dos mil 500 habitantes.
Eso sucede también con el Proyecto Legislativo N° 3433/2018, para la creación del distrito de Tongorrape, al desprenderse de Motupe, también presentado por Milagros Takayama. La iniciativa planteó crear el distrito con una capital de 748 habitantes.
A ello se suman dos proyectos legislativos más: la creación de la provincia de Zaña, que incluiría a los actuales distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña y Lagunas; y la creación de la provincia de Olmos. Ambos son del 2016.
Nuevas iniciativas
Con el nuevo Congreso, la práctica legislativa de proponer la creación de nuevas circunscripciones territoriales continúa, aún cuando la norma nacional señala que esta es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, concursando los tres niveles de gobierno.
Así, el 19 de enero de este año, la parlamentaria fujimorista Rita Ayasta de Díaz presentó el Proyecto de Ley 6962/2020-CR, “Ley que declara de interés nacional la creación del distrito de Cruz del Médano, en la provincia de Lambayeque”.
Cruz del Médano es actualmente centro poblado de Mórrope.
Del mismo modo, el 30 de marzo la congresista por Lambayeque María Gallardo Becerra, presentó ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobierno Local y Modernización del Estado, el Proyecto de Ley 7433/2020-CR, “Proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Pósope Alto, en la provincia de Ferreñafe”.
Pósope Alto comprende parte del distrito de Pátapo, en la provincia de Chiclayo.
Ambos proyectos han sido aprobados por la comisión presidida por el legislador Grimaldo Vásquez Tan.
Normativa
De acuerdo a la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, la demarcación territorial es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 7 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, así como lograr el saneamiento de límites y la organización racional del territorio de la República.
La misma norma define como demarcación territorial al proceso técnico-geográfico mediante el cual se organiza el territorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones político-administrativas a nivel nacional, la cual es aprobada por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, y tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de límites.
a norma señala que el petitorio de una nueva demarcación territorial debe ser elevado al Gobierno Regional, para que este, tras la evaluación correspondiente, remita el expediente a la Presidencial del Consejo de Ministros.
Decisiones a la ligera
“En medio de un contexto de elecciones y tan reñidas, da lugar a pensar que este tipo de decisiones que adopta el Congreso forman parte de una campaña política. Hay que reflexionar sobre esto para saber si las iniciativas de los congresistas se condicen con la realidad, con las aspiraciones o tienen, más bien, mucho de demagógicas”, señala el antropólogo Pedro Alva Mariñas.
Anota que en ningún sentido se puede omitir que muchas de estas iniciativas parlamentarias tienen el respaldo de grupos de pobladores que, con justicia, anhelan mejorar el entorno en el que se desarrollan y, con ello, sus condiciones de vida.
Sin embargo, al tener la decisión del Congreso un valor netamente declarativo, las aspiraciones de la gente pueden quedar truncas y servir de germen para futuros conflictos sociales.
“Una cosa es acoger el sentimiento y la demanda de la gente y otra canalizarlas mal, con salidas que no tienen respaldo ni en la realidad ni en los procedimientos establecidos, y que van a chocar contra muros legales. Después vienen la desilusión y el desencanto, y el promotor de este tipo de iniciativas simplemente se va de vacaciones porque deja de actuar políticamente”, manifiesta.
Más recursos
Pedro Alva refiere que es indudable que existe la demanda de más recursos en todos los territorios del país, aspecto que debe ser abordado por las autoridades políticas, pero empleando los canales correctos.
“No me cansaré decir que, a nivel nacional, el departamento de Lambayeque tiene la menor asignación per cápita, y eso se debe a la falta de liderazgo y de entendimiento de nuestro gobierno regional y de los congresistas, quienes pese al tiempo no han luchado para mejorar esa situación. Hay, entonces una tarea que podría unirnos a todos”, menciona.
Añade que también es fundamental reevaluar cómo se invierten los presupuestos que se reciben desde el gobierno central y de qué manera se pueden descentralizar, de tal manera que la posibilidad de desarrollo llegue a todos.
“En los últimos diez años ha habido una especie de crecimiento de la inversión pública en Lambayeque, pero de parte del gobierno central, a través de sus ministerios. El porcentaje más alto de inversión lo tiene el gobierno nacional, desplazando al gobierno regional y a las municipalidades”, informa.
Acota que problemas transversales son la ineficiencia y la corrupción, muy marcados a nivel departamental, permitiendo la fuga de recursos que podrían reducir las brechas de desarrollo en las diferentes circunscripciones territoriales.
“De nada vale que la gente pelee por la creación de nuevas jurisdicciones o la asignación de más recursos si estos se perderán por la ineficiencia y la corrupción. Por eso debemos poner énfasis para que lo que se tiene se invierte. ¿Qué pasa si tenemos un nuevo distrito y sus pocos recursos son administrados de manera corrupta o ineficiente? Nada cambia”, asevera.
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