El general Marco Miyashiro Arashiro, excomandante del Grupo Especial de Inteligencia – GEIN, equipo que logró la captura de Abimael Guzmán Reinoso y la cúpula de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992, afirma que Perú Libre, el partido fundado por Vladimir Cerrón Rojas, está infiltrado por simpatizantes del terrorismo e incluso que el candidato presidencial Pedro Castillo Terrones fue designado como dirigente magisterial por el brazo político de la organización subversiva.
“No tengo la menor duda: Perú Libre está infiltrado por elementos pro terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA”, declaró a Expresión, en una entrevista exclusiva.
Marco Miyashiro precisó que tiene certeza de la vinculación de Perú Libre con Sendero Luminoso, debido a que Pedro Castillo estaría relacionado al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales – MOVADEF.
“El profesor Pedro Castillo fue nombrado como dirigente del SUTEP por gente del CONARE. ¿Qué es el CONARE? Es la facción informal, la fracción no reconocida que promovió la huelga del año 2017, en la que estuvo el MOVADEF”, afirma.
Sostiene, además, que las relaciones con organizaciones subversivas vendrían también de la alianza suscrita entre Perú Libre, el Movimiento Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, y el partido Juntos por el Perú.
“Nuevo Perú y Juntos Perú, a penas salieron en libertad dos grandes terroristas del MRTA: Peter Cárdenas Schulte, que era el encargado de cometer los asesinatos y los secuestros, y Alberto Gálvez Olaechea, que fue el que promovió la creación de los grupos subversivos armados en la zona rural del departamento de San Martín, los presentaron como luchadores sociales. Ambos fueron defendidos por Verónika Mendoza, por lo tanto no me queda la menor duda de que ellos están defendiendo a grupos de la izquierda radical que lindan con el terrorismo”, enfatizó el también ex viceministro del Interior.
Lucha política
Miyashiro Arashiro, quien ha sido reconocido, junto a los ex GEIN, como ‘Héroe de la Democracia’, sostiene que tras la derrota militar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru – MRTA, el Estado debió realizar acciones para derrotarlos también políticamente.
Empero, como esta última tarea no se realizó de manera efectiva, remanentes del terrorismo se han vinculado a organizaciones de base, gremios y partidos políticos, a fin de seguir operando.
“Aquí ocurrió todo lo contrario, porque aquellos sentenciados por asesinato, traición a la patria y destrucción de bienes públicos y privados, comenzaron a llevar sus juicios a cero, las sentencias a cero y a abrir nuevos procesos, con la condición que las penas a imponer en esos nuevos procesos tenían que ser menores que las anteriores”, manifiesta.
Suma a ello lo sucedido con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, convocada y constituida en el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao, tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori Fujimori.
“Los integrantes de la comisión hicieron mucho trabajo, pero estaban ideologizados, a tal punto que sus integrantes fueron consultados con el mismo cabecilla terrorista Abimael Guzmán, a ver si estaba de acuerdo con que esos señores (los comisionados) debían integrar la Comisión de la Verdad, aplicando unas teorías que no eran dables para nuestra patria”, manifiesta.
De allí que aún existe – reconoce – resistencia de buena parte de las Fuerzas Armadas y Policiales para aceptar los términos empleados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para referirse al período de violencia que se vivió en el país entre 1983 y el 2000.
“La comisión lo denominó como un conflicto interno armado en el que los terroristas eran luchadores sociales, condición que la legislación peruana no les reconoce, desde la época del segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry”, explica.
La primera incursión documentada de Sendero Luminoso sucedió el 17 de mayo de 1983, en el distrito de Chuschi, distrito de Cangallo, en Ayacucho, con la quema de ánforas y padrones de las votaciones municipales de ese año.
“La primera legislación específica para combatir al terrorismo fue el Decreto Legislativo 046, que ya calificaba el delito de terrorismo. Entonces, una Comisión de la Verdad que no se ajustó a los parámetros legales que han regido a nuestra nación, no es tan válida como se sostiene”, indica.
Razón de seguridad
Marco Miyashiro, quien también fue director general de la Policía Nacional del Perú y congresista de la república en el período 2016-2019, menciona que uno de los problemas que tiene el Perú es que han existido organizaciones afines al terrorismo, que han actuado como fachada y a las que no se ha combatido con eficacia.
“Hay organizaciones que ya no se llaman Sendero Luminoso, pero que persiguen, siguen y defienden el llamado ‘Pensamiento Gonzalo’. ¿Qué cosa es el Pensamiento Gonzalo? Gonzalo era la chapa, el apodo, que tenía el criminal terrorista Abimael Guzmán. Esas organizaciones que defienden el pensamiento de Guzmán tienen en sus nombres palabras que no tienen nada que ver con Sendero Luminoso. Ejemplo: Movimiento por la Amnistía y la Defensa de los Derechos Fundamentales – MOVADEF”, detalla.
En el 2011 el MOVADEF buscó su inscripción como partido político, pedido que fue rechazado firmemente por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, al identificar que en su ideario evocaba al ‘Pensamiento Gonzalo’.
“Defender el ‘Pensamiento Gonzalo’ es una actitud antidemocrática y no se puede aceptar como partido político. Al fracasar la inscripción del MOVADEF, en el 2014 pretenden volver a inscribirse con el nombre de Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano – FUDEPP, que también fue rechazada. Ahora tienen otra estrategia y su candidato es un profesor que fue elegido por el MOVADEF para que los represente en la huelga magisterial del año 2017. Con eso está claro que están defendiendo al ‘Pensamiento Gonzalo’”, afirma Marco Miyashiro.
El excomandante del GEIN asevera que los libros publicados a partir de la captura de Abimael Guzmán han generado mayores confusiones respecto del fenómeno terrorista que se vivió en el Perú entre las décadas del 80 y el 2000.
“La literatura ha creado ciertas confusiones, porque muchos de los autores toman como referencia las investigaciones realizadas por la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación. Nuestro país nunca fue reconciliado y eso se debe, en parte, a las reformas que se hicieron a nivel del Código Procesal Penal y la legislación anti terrorista, que en vez de favorecer o reconciliar al país, crearon mayores divergencias”, enfatiza.
La legislación
Marco Miyashiro sostiene que, si bien la estrategia antisubversiva debe tener un componente político, también implica mejorar la lucha contra la delincuencia común, entendiendo a la seguridad como un todo.
“Siempre escuchamos la frase: ‘La policía lo capturo, pero la fiscalía o el juez lo pusieron en libertad’. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra legislación nacional no está adaptada a la realidad y eso se ha reconocido en una serie de fórum y simposios a nivel internacional. El Código Procesal peruano es idéntico al colombiano, en sus inicios, pero en Colombia se dieron cuenta que un fiscal no puede dirigir la parte operativa de la policía, tal como sucede aquí. Entonces, se llegó a la conclusión, si quitar la calidad garantista, que todo lo que hace la policía tiene valor en el juicio oral. En el Perú, si en la diligencia que realiza la policía no está el fiscal, esta no tiene validez en el proceso. Por lo tanto, a falta de pruebas, el juez se ve obligado a dar libertad”, detalla.
Dice esto en alusión al trabajo de inteligencia que se realizó a través del GEIN, el mismo que permitió desarticular al Comité Central de Sendero Luminoso.
Revela que cuando fue congresista de la república, integrante de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, preparó dos dictámenes: uno referido a la modificatoria del Código Procesal Penal para devolver la labor operativa a la Policía Nacional, y otro sobre la reforma constitucional para anular lo señalado en el extremo de que la Policía está obligada a cumplir los mandatos del fiscal.
Sin embargo, admite que sus iniciativas no recibieron el respaldo del vocero de la bancada fujimorista de ese momento (Luis Galarreta), pues “se privilegió la confrontación política”.
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