“No me queda la menor duda que se está realizando una gestión mafiosa en Chiclayo”, afirma el abogado Germán Vásquez Merino, al numerar las recientes denuncias que se han presentado contra el alcalde de la ciudad, Marcos Gasco Arrobas.
En los últimos días, la autoridad municipal fue denunciada por los regidores de minoría por el incumplimiento de lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al no entregar la información documentaria solicitada sobre la contratación de extrabajadores del restaurante ‘Ventarrón’, propiedad del edil, como locadores de servicios de la comuna, inobservando los plazos fijados por la norma vigente.
Asimismo, se conoció del presunto cobro de cupos a los funcionarios de la gestión a razón de 400 soles mensuales cada uno, sumando un total de 12 mil soles que habrían sido recepcionados por la gerente de Administración por orden del alcalde. Este caso se hizo público al trascender el manuscrito entregado por el ex gerente municipal Juan José Salazar García, en el que se da cuenta de los presuntos cobros irregulares, que – según el oficialismo – serían “voluntarios”.
En tanto, en sesión de concejo el burgomaestre no tuvo reparos en conminar a los regidores oficialistas a votar en contra de la recomendación presentada por el concejal Orlando Puell Varas para que se proceda a la reducción de los sueldos de los funcionarios de confianza. Conforme ha quedado registrado en audio, el alcalde señaló que aquellos regidores que votasen a favor de dicha medida estarían en la lista de afectados por “las acciones” que tomaría.
“El alcalde amenazó directamente a todos los regidores y, en especial, a los de su bancada. La amenaza fue muy clara, muy directa y con eso no me queda la menor duda que aquí hay un manejo al estilo mafioso, en el que el capo es el que maneja todo en secreto con sus subordinados y si es que alguien se atreve a mostrarse en contra puede sufrir algo grave. Es una situación tal como sucedió en gestiones anteriores. La primera vez fue una comedia, ahora una tragedia”, asevera Vásquez Merino.
Caso ‘Ventarrón’
El abogado señala que pese a que los medios de comunicación informan a diario lo que sucede en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Ministerio Público, a través de las fiscalías anticorrupción y de crimen organizado, así como la Policía Nacional y la Contraloría General de la República se mantienen indiferentes.
“Los latrocinios siguen y lamentablemente no hay una autoridad que proteja a Chiclayo, que proteja las arcas municipales. El erario municipal está siendo saqueado. La contratación de los extrabajadores de Ventarrón, por ocho mil 600 soles cada uno, es un caso escandaloso, más porque los regidores de minoría han pedido información de las contrataciones que se hacen desde el 2019 y la gestión de Marcos Gasco se ha negado”, afirma.
Anota que de acuerdo a información del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la comuna de Chiclayo ha destinado más de 12 millones de soles para la contratación de personal temporal (locadores de servicio), en lo que va de la gestión de Gasco Arrobas.
“Ahí están amigos, familiares, concubinas, queridos y allegados de Gasco y sus funcionarios”, enfatiza Vásquez Merino.
El letrado refiere que en el caso ‘Ventarrón’ se habría configurado el delito de negociación incompatible, pues no cabe duda que hubo un nexo entre los locadores de servicios y el alcalde de la ciudad previo a la contratación.
“El alcalde es cabeza del Ejecutivo, al lado del gerente general, y la ley penal señala que quien promueve o favorece a alguien por razones que no son propias de la institución, sino para beneficio personal y de terceros, incurre en negociación incompatible. Siendo autoridad y teniendo la facultad de contratar, Gasco sí puede ser sancionado penalmente por este caso”, manifiesta.
Abuso de autoridad
Respecto a la negativa de entregar la información requerida por los regidores se configuraría como abuso de autoridad en la modalidad de omisión del acto debido, conforme está señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los procedimientos y plazos que se deben seguir cuando se ve afectado el derecho a la información.
“Lo que ha sucedido en este caso es que pese a que se les solicitó de manera reiterada a los funcionarios del alcalde Gasco, estos han hecho caso omiso a los requerimientos y eso contraviene lo que señala la ley. No se trata de conocer solo sobre la contratación de los trabajadores de Ventarrón, sino de todos los locadores de servicios beneficiados desde el 2019 y lo que se tiene es que se tuvo que recurrir vía denuncia al Ministerio Público para que inmediatamente la administración proceda a tramitar la solicitud”, menciona.
Vásquez Merino añade que también cabe la posibilidad que existan trabajadores que no perciben, en lo real, los montos que se señalan en las órdenes de servicio giradas a su nombre. Este es el caso de Doris Llatas Quispe, quien el febrero del año pasado recibió una orden autorizándosele el pago de 18 mil soles a su favor. Sin embargo, esta ha declarado que nunca ha cobrado tal monto de dinero al municipio.
Presuntos cupos
En relación al cobro de “aportes voluntarios” a los funcionarios de confianza, Germán Vásquez sostiene que no existe prueba alguna que ese dinero haya sido destinado a los sectores más necesitados si acaso hubiera la posibilidad que lo afirmado por el alcalde sea cierto, respecto al fin que se ha dado a dichos fondos.
“Resulta totalmente absurdo, ridículo e infantil sostener eso, porque la municipalidad tiene sus áreas y fondos que se dedican específicamente a sectores de menores recursos. Eso de decir que se trata de aportes voluntarios, tampoco es creíble. Es una justificación ridícula. No me cabe la menor duda que esos pagos han sido a condición de mantenerse en los puestos, lo cual configuraría el delito de coacción y el de apropiación ilícita, si se considera que son fondos públicos que tienen un fin específico”, indica.
Brazos cruzados
Vásquez Merino enfatiza que no existe forma de entender la inacción de las entidades de control frente a lo que sucede en la municipalidad de Chiclayo.
“No encuentro razón para que la fiscalía anticorrupción o la de crimen organizado no intervengan. En el caso de esta última, genera mucha suspicacia pues el hermano del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones sea funcionario de confianza de la gestión del alcalde Marcos Gasco, trabajando actualmente en el Instituto Vial Municipal. No quisiera pensar que esa es la razón por la que el representante de la FECOR Lambayeque no actúa frente a lo que sucede en el municipio, donde se percibe el accionar de una organización delictiva”, señala Germán Vásquez.
Cita como antecedente lo sucedido en las gestiones de Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, ambos recluidos por corrupción, cuando se evidenció la existencia de nexos con operadores del sistema de justicia para frenar las investigaciones y procesos iniciados tanto en el Ministerio Público, como la Contraloría, la Policía Anticorrupción y el Poder Judicial.
“Las autoridades que deberían darnos la garantía y seguridad del buen manejo de los recursos están por ahí, calladitas, con el compromiso, seguramente, de no tocar a ciertos personajes porque tienen a familiares trabajando. A mí, este caso, más que suspicacia me da la certeza de que Gasco está siendo blindado por la fiscal (Karin) Ninaquispe y por el fiscal (Juan Manuel) Carrasco. Ni Carrasco ni el hermano han salido a aclarar nada de esto”, manifiesta.
Vásquez Merino, quien asesora legalmente a los regidores de minoría, comenta que se ha elaborado todo un expediente con los casos de presunta corrupción que involucrarían al alcalde de Chiclayo y sus ex y actuales funcionarios para remitirlo directamente a la Fiscalía de la Nación.
“Vamos a solicitar una cita directa con la Fiscal de la Nación, para que se intervenga tanto a la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, como a la Fiscalía Anticorrupción, porque aquí Gasco es una persona intocable pese a que la comunidad chiclayana conoce día a día los latrocinios que hay con las pruebas en la mano. Todo sigue aquí como si nada pasara, se tiene un manejo mafioso de los recursos de la municipalidad, amenazando a quienes se atrevan a contradecir sus mandatos. Eso para mí es sumamente grave”, refiere.
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