A través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 434, en diciembre del 2018, el gobierno regional transfirió un terreno de 12 hectáreas, ubicado entre Pimentel y Santa Rosa, en favor de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que en ese entonces era presidida por Aldo Zapata López.
La intención era construir en ese predio la llamada ciudadela judicial, proyecto que demanda una inversión estimada de 88 millones de soles y que comprende una plataforma de ingreso; un área para los órganos jurisdiccionales, que incluye un auditorio, una biblioteca y cabinas de internet; un área de servicios complementarios (patio de comidas); áreas verdes recreacionales como parques, jardines y plataformas deportivas; áreas de estacionamiento y áreas de expansión.
Si bien han pasado más de dos años y poco se ha avanzado en esta causa, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, señala en exclusiva para Expresión que el sueño se mantiene intacto y espera sentar los cimientos de este proyecto en su gestión.
Apunta que su pretensión por ahora es lograr la nivelación de las 12 hectáreas de terreno y hacer un cerco vivo en todo el perímetro, a fin de delimitar el área para luego sustentar el proyecto.
“Uno de mis trabajos más intensos está enfocado justamente en la ciudadela judicial. Estamos en pleno proceso de inscribir nuestro proyecto en el Programa Multianual del Poder Judicial. Gracias a la colaboración de varias entidades públicas como el gobierno regional y la municipalidad de Pimentel estamos haciendo en un primer momento la nivelación de estas 12 hectáreas (…) No hemos renunciado, uno de nuestros sueños más bien es impulsar al máximo la ciudadela judicial”, resalta.
Añade que su gestión también está enfocada en hacer el saneamiento de todos los inmuebles con los que cuenta la corte en sus diferentes sedes: Jaén, San Ignacio, Cutervo y Lambayeque.
Producción
Por otro lado, Guillermo Piscoya afirma que entre enero y marzo de este año ingresaron a trámite 25 mil 565 procesos, los cuales sumados a los que había al 1 de enero del 2021 (57 mil 982) hacen una carga total de 83 mil 547.
Refiere que de los 25 mil 565 procesos que han ingresado a marzo de este año, se han resuelto 20 mil 339, lo que representa aproximadamente el 24 % de la carga procesal total.
“Hay que tener en cuenta que recién estamos en los tres primeros meses del año y mi presidencia está verificando mes a mes el cumplimiento de las metas de producción establecidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de tal forma que a fin de mes haré llegar un oficio a cada uno de los órganos jurisdiccionales, indicándoles si han cumplido o no las metas establecidas”, manifiesta.
Precisa que el 90 % de los órganos jurisdiccionales cumplen hasta el momento con las metas de producción.
“A los magistrados de esta corte les he exhortado a que cumplan con la producción y resuelvan los pedidos. Hemos encontrado escritos y procesos que no habían sido resueltos en su totalidad y necesitaban ser agilizados, porque, así como hay un sentimiento de inseguridad y temor frente a la pandemia, también hay uno de exigencia de justicia que tienen los ciudadanos hace mucho tiempo”, advierte.
Explica que, a nivel nacional, la Corte de Lambayeque es la única que ha implementado un protocolo de visitas administrativas para verificar el trabajo que se realiza. En virtud de esto, refiere que ha realizado visitas ordinarias e inopinadas en todas las sedes. En el caso de los magistrados que realizan trabajo remoto, apunta que cuenta con un equipo de peritos informáticos para ingresar a los ordenadores y constatar la labor que realizan estos jueces y los trabajadores que los asisten.
“Esto me trae mucha satisfacción porque al inicio del año judicial teníamos una enorme carga procesal, había secretarías que tenían dos mil escritos pendientes, una cantidad sumamente elevada. En las nuevas visitas que he efectuado he podido observar que esta ha disminuido considerablemente. Hay magistrados que ya han cumplido sus metas procesales, las secretarías se van descargando poco a poco. Hay algunas que no pueden lograrlo aún por diversos factores como falta de personal, pero en términos generales vamos avanzando”, destaca.
Fiscalización
Consultado sobre los cuestionamientos a algunos magistrados en Lambayeque, afirma que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, que está a cargo de Aldo Zapata López, realiza acciones para verificar las presuntas acciones irregulares que podrían ocurrir. Estas se alimentan en muchos casos de las actas que levanta la Presidencia de la corte en las visitas inopinadas que realiza.
Asimismo, indica que el Órgano de Control Institucional – OCI, tiene en curso la investigación por la presunta contratación irregular de personal y la designación de encargaturas, cuyo resultado debe conocerse en los próximos meses. De igual forma, indica que su gestión encontró algunas recomendaciones del OCI, todas las cuales están en proceso de implementación.
“En aquellos casos en los que el OCI ha dispuesto que se abran procesos administrativos disciplinarios, hemos cumplido. Estamos tratando de subsanar algunas situaciones que han sido observadas, básicamente por el tema de locales. Ese es un gran problema que tenemos. Estamos tratando de ubicar un local que nos permita reunir a todas nuestras sedes en un solo lugar, que tenga las condiciones más adecuadas. He recorrido varios sitios en Chiclayo, pero aún no encontramos el apropiado”, menciona.
Celeridad
En tanto, señala que su equipo ha creado un aplicativo que se llama ‘Alerta Judicial’, el cual permitirá a los usuarios hacer el seguimiento de los expedientes y generar una alarma si es que estos no son resueltos en el período que corresponde o si no se les entrega las copias o partes judiciales en el tiempo ajustado a norma.
“La ciudadanía se queja, considera que hace un reclamo y no es atendido. A través de las redes sociales los usuarios nos critican porque sus procesos demoran. Nosotros hacemos el seguimiento de cada uno de sus procesos y, aunque sean casos individualizados, pedimos que se les dé el trámite correspondiente, la celeridad”, menciona.
Sobre los procesos de las azucareras, acota que ha recibido a los dirigentes y abogados de los empresarios, a quienes les ha manifestado su disposición para intervenir cuando existan retardos en la tramitación de los expedientes. Sin embargo, ha sido claro en afirmar que no puede intervenir en temas jurisdiccionales, pues para eso están habilitados los medios impugnatorios correspondientes, cuando discrepen con alguna resolución judicial.
Objetivos
Guillermo Piscoya afirma que uno de los objetivos de su gestión es lograr la implementación del proceso de oralidad civil, para lo cual no ha escatimado esfuerzos en enviar a sus funcionarios a Trujillo y Arequipa, sedes judiciales donde se han dado las mejores experiencias en esta materia, a fin de recoger información y diseñar un sistema de oralidad igual o mejor para Lambayeque.
“Lo importante para hacer una buena gestión es tener un buen equipo de trabajo. Yo le agradezco al mío porque diariamente estamos reunidos para delinear acciones. Somos una de las cuatro cortes más grandes del país y la que mejor ejecución de presupuesto y manejo de recursos tiene. Eso se debe al equipo con que contamos”, sostiene.
Trabajadores
En cuanto a los servidores judiciales, explica que poco a poco se han reactivado los órganos jurisdiccionales con la presencia de los magistrados y trabajadores, bajo el estricto cumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. En total son un promedio de mil 200. Algunos realizan trabajo remoto y otros presencial alternado (un día acude un grupo y al siguiente otro, debido a la reducción de aforo.)
“No podemos permitir que nuestras sedes judiciales sean sedes donde no se note presencia de magistrados, donde no se note presencia de auxiliares jurisdiccionales. He conversado con los trabajadores y ellos consideran que mejor hacen su trabajo presencialmente, con todas las medidas de seguridad, antes que de forma remota, donde tienen muchas dificultades y no pueden a veces cumplir cabalmente su función”, apostilla.
Indica que a medida que iba reactivándose el trabajo presencial fueron identificado casos de servidores infectados, pero que realizaban trabajo remoto. “Soy uno de los convencidos de que aquellos que hacen trabajo presencial son los que más se cuidan, porque permanentemente están con las dos mascarillas y con el lavado de manos. Al parecer, cuando estamos en trabajo remoto relajamos un poco esas medidas de salud”.
Informa que, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, recientemente se realizó el descarte del COVID-19 a 330 trabajadores con la aplicación de pruebas antígenas y moleculares. Además, permanentemente hay un médico ocupacional que realiza el seguimiento a los servidores que presentan algún síntoma o que resultan contagiados.
Apunta que el sindicato de trabajadores participa en la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ha hecho algunos pedidos como decretar el trabajo remoto.
“Lo primero que he hecho es pedir informes para saber el número de contagiados en cada sede y, valorando el contexto de los hospitales y la falta de oxígeno, decreté una semana de trabajo remoto, pero esta es una práctica que no puedo volver permanente, porque si bien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos ha dado a los presidentes la facultad para disponer esa medida, también tenemos que resguardar la necesidad de la ciudadanía de que se resuelvan sus casos. La administración de la justicia no puede detenerse”, asevera.
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