Como si lo sucedido con Anselmo Lozano Centurión y compañía en el Gobierno Regional de Lambayeque no fuese suficiente, un nuevo escándalo ha sacudido en los últimos días a la entidad. El renunciante jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Wilver Salgado Cayatopa, remitió al Consejo Regional un informe en el que da cuenta de presuntos actos de coacción en su contra, relacionados a la contratación de personal técnico para el colegiado, hechos en los que señala a dos altos funcionarios de la gestión del gobernador encargado, Luis Díaz Bravo.
El 1 de mayo, Salgado Cayatopa dirigió el Oficio N° 000001-2021-GR.LAMB/ORAJ-WISC [3843187 - 0], a Díaz Bravo, dando cuenta de su decisión de renunciar al puesto de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lambayeque y, en paralelo, preparaba el oficio que al día siguiente dirigió al secretario técnico del Consejo Regional, José Custodio Cabrejos.
Personal técnico
Con el Oficio N° 000159-2021-GR.LAMB/ORAJ [3843294 - 0], del 2 de mayo, Salgado Cayatopa denunció coacción por parte de gerente general, Jorge Luis Montenegro Chavesta, y el abogado Marty Llontop Samillán, para la no contratación de asistentes técnicos para labores de fiscalización del Consejo Regional.
“Con ocasión de la contratación de asistentes técnicos para las labores de fiscalización del Consejo Regional he sido coaccionado por el Gerente General, Jorge Luis Montenegro Chavesta, y el abogado Marty Llontop Samillán, para emitir los informes legales de la referencia, es como consecuencia de ello que fui coaccionado a emitir los informes de la referencia y además a exponerlos en 02 reuniones virtuales y en una reunión presencial cuyas fechas el Consejo Regional muy bien conoce”, señala el renunciante funcionario.
Documentos del PEOT
Este anota que “el abogado Marty Llontop Samillán inclusive coactó para que se devuelva expedientes del proyecto Olmos Tinajones al suscrito en calidad de Jefe de Asesoría Jurídica, y ha estado interesado en los asuntos del PEOT a cargo de mi jefatura al igual que el gerente general, Jorge Luis Montenegro Chavesta. Asimismo, no solo se encuentra realizando este tipo de acciones, sino que también utiliza una oficina y los muebles de la Vicegobernación Regional, desde febrero del 2021, usurpando labores de funcionario público, además se encuentra investigado en el caso Lava Jato en agravio del PEOT y el Gobierno Regional (carpeta fiscal n.º 001-2018)”, denuncia.
Como refiere Wilver Salgado, Llontop Samillán, quien ha sido convocado como consultor del Gobierno Regional de Lambayeque, laboró durante la gestión de Nery Saldarriaga de Kroll, siendo a la fecha investigado por los hechos sucedidos en relación a la presunta desnaturalización del contrato de concesión del Trasvase Olmos, diligencias a cargo del Ministerio Público, en tanto la Contraloría General de la República consideró la existencia de responsabilidad penal y administrativa en su contra, como ex jefe de Asesoría Jurídica de la entidad.
“El abogado Marty Llontop Samillán inclusive me ha presionado por intermedio del gerente general antes mencionado para estimar una excepción de prescripción de infracción administrativa por los hechos ocurridos en el PEOT”, afirma Salgado Cayatopa en su escrito al consejo.
Contratación viable
Respecto a la contratación de personal técnico parra asistir al Consejo Regional, el ex jefe de Asesoría Jurídica sostiene que es procedente, en razón que tanto la Oficina Regional de Administración como la Oficina Regional de Presupuesto han determinado la procedencia de la solicitud al existir disponibilidad presupuestal y gasto, aunado a ello la octogésima segunda disposición complementaria de la Ley de Presupuesto del presente año da el cobijo para que esta contratación de asistentes técnicos sea procedente también legalmente.
“Sin embargo por coacción de las aludidas personas es que se emitieron los informes de la respectiva referencia, forzando la figura de causa pendiente ante el Poder Judicial, motivo por el cual he decidido también presentar la renuncia irrevocable al cargo, para que el Consejo Regional haga de conocimiento de éstos hechos al Ministerio Público; ya que la no contratación de los asistentes técnicos impide la labor de fiscalización a presuntos actos de corrupción que se estaría realizando”, denuncia.
Y es que durante la gestión de Anselmo Lozano Centurión como gobernador, el Ejecutivo se negó a la contratación de dicho personal, pese a los reiterados requerimientos del consejo, en el afán – se presume – de debilitar la labor de fiscalización encargada al colegiado conforme señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Salgado Cayatopa sugiere que el Consejo Regional haga de conocimiento los hechos al Ministerio Público, en especial al fiscal Walter Villanueva Luicho, del Equipo Especial Lava Jato, “respecto del comportamiento realizado por el abogado Marty Llontop Samillán en el Gobierno Regional de Lambayeque a efectos de que se determine la situación procesal que le correspondería en calidad de procesado”, manifiesta.
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