Mientras continúan las deficiencias por la cobertura, calidad y optimización del servicio de saneamiento, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, enfrenta una serie de denuncias al interior de la institución, las cuales son formuladas por el Sindicato Único de Trabajadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque - SUTSELAM.
Expresión tuvo acceso en exclusiva al documento elevado por el secretario del sindicado, Marco Castañeda Serrano, a la nueva gerente general, la contadora Gisela del Rocío Zelada Cortez, a raíz de la reunión sostenida el último 29 de abril, en la que develó un rosario de denuncias por incumplimiento de los pactos colectivos e irregularidades de las anteriores gestiones, que deben ser investigadas y, de ser el caso, sancionadas.
Personal y maquinaria
Castañeda Serrano señala que EPSEL necesita contratar más personal operativo, debido a que al menos unos 50 trabajadores por distintas razones (jubilación, fallecimiento y enfermedades degenerativas) ya no prestan servicios. Sin embargo, a lo largo de los años solo se ha incorporado personal administrativo innecesario, aumentando la carga laboral en perjuicio de la economía institucional.
Indica que las maquinarias de balde enviadas a Lima para ser reparadas permanecieron más de dos años en la capital, por las cuales se pagó por el uso de una cochera, pero retornaron en las mismas condiciones, situación que evidencia un gasto negligente en su transporte y estadía.
“Esto nos obligó a solicitar a la empresa que disponga el inicio de investigaciones administrativas de forma urgente, a fin de determinar la identidad de los funcionarios responsables y de iniciar los procesos administrativos disciplinarios. Sin embargo, hasta la fecha nada se ha hecho”, remarca el dirigente sindical.
También pide investigar la adquisición de equipos de electrobombas sumergibles de tableros eléctricos y sistemas de cloración, compra dispuesta mediante Contrato de Gerencia General N° 134-2019-EPSEL SA/GG. La empresa contrató con el Consorcio ESBOÑA el servicio de reposición de los equipos mencionados, a fin de repotenciar las estaciones de bombeo de los pozos tubulares de agua.
Sin embargo, algunas máquinas presentan un funcionamiento deficiente, hecho particularmente relevante, por cuanto el contrato con el consorcio ESBOÑA ya no se encuentra vigente y no existe la posibilidad de emitir la conformidad correspondiente, puesto que la empresa contratista no ha cumplido con levantar plenamente las observaciones, acota.
En tal sentido, revela que un profesional ha sido desvinculado por no firmar la conformidad correspondiente. Se trata del ingeniero Luis Santiago Tello Gonzales, quien en diversas oportunidades informó sobre las irregularidades que sucedían en el presente contrato, pero fue retirado del cargo.
Inclusive, detalla que, en el marco del contrato antes referido, se adquirieron 11 electrobombas, de las cuales una fue destinada al distrito de Ferreñafe. A los pocos días de su instalación, este equipo presentó desperfectos que hicieron imposible su operatividad, por lo que se tuvo que destinar una electrobomba adicional (de las 11 previamente adquiridas) para su reemplazo.
“Sin embargo, este nuevo equipo también presentó problemas en su funcionamiento, siendo necesario retornar a la antigua electrobomba, la misma que solo fue reparada”, acota.
En el marco del referido contrato, apunta que se ha invertido una importante cantidad de dinero, razón por la cual la fiscalización de la compra del material deficiente es urgente y necesaria, “en salvaguarda del patrimonio de la empresa y de su correcta administración”.
También solicita el inicio de las investigaciones administrativas y las correspondientes sanciones sobre quienes resulten responsables por hechos irregulares como la pérdida de un motor de 25 HP.
De igual modo, devela el adicional de un millón de soles por la obra de descolmatación de las lagunas Boró I y Boró II, hecho que debe ser investigado para saber si se justifica o no dicho desembolso.
También pone en evidencia las deficiencias en la instalación de la línea de impulsión de Villa Hermosa, donde se precisan acciones de control sobre la misma. Agrega que los problemas que aquejan a la empresa son innumerables, debido a las nefastas gestiones que han pasado por la entidad, dejando de lado acciones inaplazables y prioritarias.
Incumplimiento de pactos colectivos
En materia de pactos colectivos (2009-2019), el dirigente del sindicato precisa que urge la construcción de servicios higiénicos en los pozos, las cámaras, plantas de agua, las lagunas Boró y las lagunas de estabilización.
Asimismo, señala que es necesaria la contratación de un supervisor para el turno de noche, cuya plaza deberá ser cubierta por un profesional de ingeniería, que permita velar por el cumplimiento de las medidas tanto técnicas como de seguridad y salud en el trabajo.
De igual forma, advierte que la actual gerencia deberá reparar los hidrojets y demás vehículos de la empresa en talleres de reconocido prestigio, que garanticen la operatividad por un período razonable.
Demanda también la construcción e implementación del tópico médico establecido en el Pacto Colectivo 2010-2011. Además, considera prioritaria la contratación de un técnico mecatrónico en la Subgerencia de Mantenimiento Electromecánico, teniendo en cuenta la adquisición de nuevos equipos y unidades móviles de moderna tecnología que requieren de conocimientos especializados.
Señala que la empresa deberá honrar la cancelación de una bonificación especial para dicho trabajador por el equivalente al 30 % de su remuneración, por el cumplimiento de los 25, 30 y 35 años de servicios.
De igual manera, apunta que EPSEL debe cubrir las plazas vacantes del Cuadro de Asignación de Personal – CAP, con los trabajadores permanentes que cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Operaciones y Funciones - MOF, así como evaluar y promover ascensos, de acuerdo a los estudios obtenidos, para lo cual se conformará una comisión mixta.
Enfatiza la necesidad de realizar exámenes médicos a las familias de los trabajadores que laboran en contacto permanente y directo con aguas residuales, previo informe médico y de la asistente social.
También demanda la integración de dos miembros de la junta directiva del sindicato para participar como observadores en los procesos de adquisición, regulados por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.
En el pliego de reclamos se plantea además la conformación de una comisión mixta empresa- sindicato para elaborar un programa tendiente a disminuir el número de conexiones clandestinas, sincerar la tarifa catastral y reducir el índice de agua no facturada. De acuerdo a las metas obtenidas, los trabajadores involucrados percibirán un plus como incentivo.
En otro aspecto, plantea el apoyo a los hijos de los trabajadores afiliados al SUTSELAM para la realización de prácticas preprofesionales, reservando 10 vacantes que serán administradas y coordinadas por el sindicato, teniendo en cuenta que se cumpla con la necesidad de las especialidades que requiera la empresa.
Además, pide también la contratación de un hijo (a) del trabajador que quede incapacitado para laborar, como resultado de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional o proceso de enfermedad degenerativa.
Víctimas del COVID
Castañeda Serrano revela que desde el inicio de la pandemia han fallecido 16 trabajadores víctimas de la COVID-19, a cuyas familias el sindicato ha venido asistiendo a los trabajadores en su batalla contra la pandemia.
“El SUTSELAM asistió a los compañeros aquejados por la COVID-19. Se les brindó atención con las consultas, los exámenes médicos (rayos X, resonancias, tomografías), medicamentos, entre otros (…) Se siguen perdiendo vidas humanas y hasta la fecha la empresa no implementa un verdadero plan”, puntualiza el dirigente, quien se pregunta cuánta responsabilidad tienen la empresa y sus funcionarios ante dichas perdidas.
Añade que desde el inicio de la pandemia el sindicato ha solicitado de manera reiterada la conformación de una comisión paritaria entre EPSEL y SUTSELAM, la que esté encargada de monitorear el cumplimiento de la normativa de prevención referente al Plan COVID-19.
“Hasta la fecha hemos visto cómo los sistemas de gestión han brillado por su ausencia. Como se podrá constatar, ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas que el Plan COVID requiere”, puntualiza.
Por otro lado, indica que desde el 29 de abril de 2020, fecha del fallecimiento de Pilar Cabrera Zelada, asistente social de EPSEL, todavía no ha contratado a una nueva trabajadora social.
“Su deceso ocurrió hace más de un año, pero hasta ahora no se ha hecho nada para encontrar su reemplazo, situación que genera incertidumbre y malestar en la institución, dado que se trata de un cargo indispensable por el número de trabajadores”, remarca el dirigente sindical.
También revela que desde que OTASS asumió la administración de EPSEL en el año 2017, los exámenes médico ocupacionales han quedado suspendidos, incidiendo negativamente en la calidad de vida y salud de los servidores.
Según establece la propia Constitución Política, ninguna relación laboral puede desconocer ni rebajar la dignidad de los trabajadores (artículo 23). Asimismo, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), es deber del empleador adoptar todas las medidas de prevención que resulten necesarias para garantizar que la vida y salud de los trabajadores no sufra daño alguno, remarca Castañeda Serrano.
“Dado que EPSEL ofrece servicios considerados riesgosos (exposición prolongada a sustancias agresivas, condiciones de trabajo anormalmente hostiles, entre otras), la prevención de cualquier enfermedad, a través de la detección oportuna de su existencia, es una obligación prioritaria e improrrogable del empleador, por lo que los exámenes médico ocupacionales nunca debieron ser suspendidos” acota.
Inclusive, detalla que a la fecha existe una investigación en la fiscalía contra EPSEL por no haber adoptado medidas de prevención de seguridad y salud.
“Por la inactividad de EPSEL respecto a sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo a favor de sus servidores, el sindicato presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo, la misma que se encuentra en trámite”, anota.
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