Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha se han vacunado a 661 mil 441 personas contra el COVID-19 a nivel nacional. De ellas, aún tienen pendiente la segunda dosis un total de 18 mil 72. En Lambayeque, la cifra de vacunados alcanza los 13 mil 746. Para el presidente de la Federación Médica Peruana en Lambayeque, Paul Larrea Alvarado, este panorama hace casi improbable que se alcance la inmunidad de rebaño.
Se entiende por inmunidad de rebaño cuando la gran mayoría de una población adquiere resistencia frente a un virus. Según los epidemiólogos, esto se logra cuando se vacuna entre el 60 % y 70 %. La web ‘Time to heard’, que mide cuánto tiempo les resta a los países para que el 70 % de su población esté vacunada, indica que, de seguir a este ritmo de vacunación, recién se conseguiría la meta en el Perú dentro de tres mil 437 días. Vale decir, dentro de nueve años y medio.
VACUNACIÓN
En contraste, Chile ha vacunado ya al 62.94 % de su población. Alcanzaría a inmunidad de rebaño en 80 días, según la misma web.
“Hoy los convenios de los laboratorios son con las instituciones gubernamentales, no se ha abierto la posibilidad a los privados, pero en la medida en que sea factible, hay que hacerlo. Debemos ver la forma de que esto termine lo más rápido posible. La inmunidad de rebaño tiene que alcanzarse pronto, ya que el virus está mutando. Las vacunas tienen que llegar antes de que el virus adquiera otras formas moleculares y reduzca la efectividad de las mismas”, alerta Larrea Alvarado, quien emplaza al próximo gobierno a priorizar la aceleración del proceso de vacunación.
Explica que hoy la demanda de vacunas en el mundo es mayor que la oferta, ya que los ocho laboratorios que actualmente fabrican y distribuyen la vacuna no se dan abasto. Sin embargo, señala que una luz de esperanza puede encenderse a mediano plazo, ya que hay otros 23 laboratorios en el mundo, que se encuentran en la fase 3 de la investigación, con lo cual la oferta podría ampliarse y el gobierno peruano acceder a la compra.
SISTEMA DE SALUD
Por otro lado, sostiene que el próximo gobierno debe priorizar el fortalecimiento del primer nivel de atención, pues – si bien es importante la implementación de camas para Cuidados Intensivos en los grandes hospitales – si no existe una base sólida en las postas médicas y centros de salud, no se podrá crear una barrera de contención contra el COVID-19.
“Si no fortalecemos el primer nivel de atención, esta pandemia y todas las que vengan terminarán colapsando los hospitales, tal como ahora está sucediendo. A la par, se debe fortalecer el nivel hospitalario y para eso hay varias propuestas como que haya institutos de salud especializados en cada una de las regiones. Un reto fundamental de la descentralización es el regreso de la rectoría. Creemos que los gobiernos regionales, además del nivel central, no han hecho un control muy eficiente de la pandemia”, asevera.
Añade que los gobiernos regionales deben ser monitoreados y fiscalizados en cuanto al cumplimiento de los indicadores del sector y su capacidad de gasto, ya que es inaceptable que en plena pandemia se devuelva dinero al erario nacional.
PROFESIONALES DE SALUD
Respecto al pago de las remuneraciones atrasadas del personal de salud, señala que esta es una responsabilidad compartida, pues parte del personal que entró a trabajar como CAS durante la emergencia sanitaria en realidad ya figuraba como servidores por Servicios No Personales – SNP.
“Acá lo que está fallando son las oficinas de planeamiento estratégico de los hospitales, las unidades ejecutoras. Allí íbamos cuando hablábamos del tema de rectoría. También hay un atraso en relación al tema administrativo. Se está desnudando el tema asistencial, pero también hay sanciones pendientes. Muchos de los procesos asistenciales no terminan porque hay falencias de buenos procesos administrativos, que son los que permiten la compra de plantas de oxígeno, de Equipos de Protección Personal, el pago de personal, entre otros. Hay responsabilidades compartidas”, afirma.
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