“La corrupción en el Perú es un problema que se ha venido dando de manera transversal, que no se restringe hoy en día solamente a las autoridades del gobierno central, sino también es un mal endémico que obstaculiza de manera directa la calidad de vida de todos los peruanos, porque la vivimos a diario. Es constante y se identifica en muchas variables, y una de ellas son las contrataciones públicas”, señala el abogado y especialista en contrataciones del Estado Gino Silva Laos.
Refiere que en la Ley de Contrataciones vigente en la actualidad está desfasada en comparación con las de otros países de la región, lo que impide una adecuada prevención, control y sanción de quienes incurren en actos irregulares en las compras y contrataciones que se realizan con recursos públicos.
Anota que otro de los puntos que es importante aterrizar respecto a la corrupción es la responsabilidad de los funcionarios como tal.
“Vivimos con autoridades regionales y locales para quienes la rendición de cuentas es casi nula y la transparencia en las actividades casi no se da, salvo honrosas excepciones. Eso hace que el ciudadano no tenga el alcance ni pueda realizar un efectivo control o supervisión previa, salvo las actividades que realiza la Contraloría General de la República. Entonces, esa falta de transparencia e información sobre las contrataciones y las obras públicas, que pocas veces se puede corroborar de manera efectiva en el SEACE o en Infobras, es un talón de Aquiles que muchas veces es el caldo de cultivo para la corrupción”, asevera el especialista.
PERSONAL NO CALIFICADO
Silva Laos sostiene que también es un problema el personal que integra la gestión pública, pues en su opinión los actos de corrupción en gran medida se dan por la contratación de personal no calificado.
“Somos conscientes que todavía impera el clientelismo y muchas veces las autoridades, bajo el paraguas de la designación por confianza, eligen a personas que no están capacitadas y por vínculos personales afectan mucho los procesos de contratación, generan cierta incertidumbre y, a la vez, llevan al error, generando la corrupción y los delitos que conocemos”, afirma.
Frente a ello, refiere que se debe priorizar la incorporación del mejor personal o el más calificado y tomar en cuenta las recomendaciones que se dan, como las que emite la Defensoría del Pueblo o los cuerpos de gerente del Servicio de Civil.
FACULTAD SANCIONADORA
Por otro lado, manifiesta que el hecho de quitar la facultad sancionadora administrativa a la Contraloría General de la República fue uno de los peores desaciertos que se pudo permitir en el Congreso pasado y en la actualidad ha calado mucho en las entidades públicas, porque se dejó en el aire procesos que se encontraban en investigación y trámite, procesos de funcionarios que incluso ya estaban por concluir, respecto a su inhabilitación o muerte civil.
“Sin perjuicio de ello, el Congreso actual, la Comisión de Justicia, está debatiendo el restablecimiento de dichas facultades”, explica.
Anota que lo que se debe reforzar es el cumplimiento de la Ley 20815, que permite el destino de recursos más eficientes para fortalecer las secretarías técnicas que se encuentran en cada entidad pública como las municipalidades y gobiernos regionales, lo cual les va a permitir ser un brazo de coordinación y supervisión directa con la Contraloría.
“Hoy en día las secretarías técnicas de sanción no pueden ejecutar muy bien sus procesos de control interno porque no tienen toda la capacidad o la facultad de calificar un delito o una falta de la institución, pues se ven de brazos cruzados al depender de la autoridad que las designa”, advierte.
Asegura que no se puede tener la imparcialidad que exige la norma si se es designado por la autoridad a la que se va a cuestionar o sancionar en algún momento.
“Esas son algunas de las deficiencias que se deben superar. Con la Contraloría, los procesos sancionadores se realizaban de mejor manera. Ojalá que estos vuelvan y se le restituya la facultad que tenía de poder sancionar”, enfatiza Gino Silva.
Añade que cuando un alcalde o un gobernador regional quiere designar a un funcionario de confianza, debe ser requisito indispensable recurrir al sistema de sancionados para ver si la persona, además de ser idónea en lo académico y la experiencia ha sido procesada por algún delito contra la administración pública.
“Tenemos las normas, las formas de tener transparencia, pero en la actualidad no se aplican. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto”, anota.
Deja tu Comentario