El congresista por Lambayeque Humberto Acuña Peralta ha presentado el Proyecto de Ley N° 7135/2020-CR, para la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Reactivación del Sector Azucarero en la región.
La iniciativa presentada el 15 de febrero pasado, tiene por objeto establecer los parámetros necesarios que garanticen asegurar la intervención del Estado, de manera efectiva y transparente, en la protección y recuperación e intangibilidad patrimonial en las empresas azucareras afectadas por la creación y aplicación del Decreto Legislativo N° 802 y las malas administraciones judiciales y contratos de fideicomisos que permitieron el ingreso de intereses económicos de grupo de poder.
Según el proyecto, estas condiciones negativas en perjuicio de la industria azucarera fueron generadas por la venta irregular de las acciones del Estado Peruano, “bajo las fachadas de administraciones judiciales y órganos de gestión societario”.
“Cuyas consecuencias en las últimas décadas fue la judicialización por parte de estos grupos; por la generación de deudas ficticias, al amparo de resoluciones judiciales respectivamente”, se indica.
Intervención del Estado
El proyecto apunta a declarar la intervención del Estado mediante una Comisión Investigadora, “orientada a investigar los delitos y actos de corrupción en el manejo de las administraciones de las empresas azucareras de Lambayeque (por órganos societarios, administraciones judiciales y contratos de fideicomisos), que a la fecha mantienen deuda con las entidades del Estado Peruano, como ONP, EsSalud, SUNAT, SUNAFIL, ANA, FONAVI, Ministerio Trabajo, Poder Judicial, CAVALI y otras, durante un plazo de cinco años.
Administración temporal
Acuña Peralta propone, en su proyecto de ley, la creación de una Comisión Tripartita Multisectorial, que estaría conformada por nueve integrantes, a fin que asuma la administración temporal de las empresas azucareras.
Dicha comisión estaría integrada por tres representantes del Estado, cuatro de los trabajadores y extrabajadores con los que se tenga deuda y dos representantes de los jubilados accionistas, con aceptación mayoritaria.
“La Comisión Tripartita será el órgano encargado de Administrar Temporalmente las empresas azucareras con fines de desarrollo productivo de la industria regional y nacional y asegurar, mediante planes de trabajo en el corto y mediano plazo, la recuperación económica, administrativa y financiera de las empresas azucareras. La Comisión Interventora Multisectorial se regirá bajo un estatuto temporal con la finalidad de llevar a cabo las sesiones y acuerdos”, se propone.
Se añade que los representantes de los trabajadores y jubilados se elegirán mediante las asambleas generales que gocen con la aceptación mayoritaria, la misma que tendrá la legalidad notarial y registralmente.
Rol de la comisión
El artículo 4 del proyecto de ley señala que la comisión tripartita tendría entre sus funciones:
“Sincerar las deudas reales de las empresas azucareras, desde la reconversión empresarial por aplicación del Decreto Legislativo Nº 802-1996, diferenciándolas entre las deudas generadas por los controvertidos órganos societarios y administraciones judiciales como las deudas laborales, deudas públicas y las deudas privadas”.
Asimismo, ejecutar vía notarial un inventario general del patrimonio de las empresas azucareras y revaluación de activos, todos los bienes declarados en el inventario en posición y propiedad pasaran bajo cautela de la comisión interventora; cuantificar los impactos operativos de productividad y plantear soluciones de corto y mediano plazo mediante planes de trabajo para la reactivación del aparato productivo y puesta en marcha la operación del ingenio azucarero; la gestión y administración de administraciones judiciales, órganos societarios, contratos de fideicomiso y cesiones de derechos a fin de determinar las deudas generadas de manera cronológica, y realizar las denuncias penales, demandas civiles o actos administrativos que correspondan a las responsabilidades penal, civil y administrativa por los que hayan perjudicado a las empresas azucareras de Lambayeque.
No más intervención judicial
Otro aspecto relevante del proyecto es que se deje sin efecto las administraciones judiciales designadas por los órganos jurisdiccionales sin la existencia de sentencia consentida, bajo responsabilidad administrativa y disciplinaria, civil y penal en todos los procesos judiciales donde el sujeto pasivo sea una empresa o corporación azucarera, agraria, agrícola, industrial en las que el Estado y/o los trabajadores, extrabajadores, jubilados
o herederos legales tengan participación accionaria o adeudos laborales derivados de Compensación por Tiempo de Servicios, remuneraciones devengadas, gratificaciones e indemnizaciones laborales.
“No procede la designación de administraciones judiciales por parte de ningún órgano jurisdiccional”, señala el proyecto.
Se propone también que durante la vigencia de la ley queda suspendida, por 60 meses, la ejecución de medidas o procesos cautelares, embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre toda clase de bienes inmuebles o muebles registrables o no registrales, así como las garantías reales continuarán inscritas, como también las deudas que obran en INDECOPI, por terceros.
“Igualmente quedan suspendidos los procedimientos concursales ante INDECOPI, establecidos en la Ley Nº 27809 y D. L. Nº 1511 o si estas ya se encuentran iniciadas, sin importar en el estado en la que se encuentren (ningún acreedor podrá activar en esta etapa), incluyendo el órgano de administración designada por la Juntas de Acreedores de las empresas azucareras agrarias, corporación agrícola o industriales, sin que signifique que INDECOPI continúe con la etapa de reconocimiento de créditos; revaluando si fuera el caso aquellas acreencias sospechosas”.
El proyecto precisa que, de manera excepcional, podrán seguir tramitándose los procesos laborales, judiciales y administrativos sobre los adeudos laborales, no siendo posible la ejecución forzada sobre el patrimonio social de la empresa azucarera; anulando los acuerdos conciliatorios que corresponden a los adeudos laborales y tendrán prioridad en el pago de las acreencias laborales por parte de la Comisión Interventora.
La iniciativa lleva la adhesión de nueve congresistas.
respuesta de 877792 el 2024-10-12.
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