Desde la sociedad civil, diferentes gremios han levantado su voz de protesta por el escándalo ‘Vacunagate’, que compromete al expresidente Martín Vizcarra, exministros, científicos, médicos, funcionarios, familiares y allegados de estos en la aplicación subrepticia de la vacuna contra el COVID-19. Uno de estos gremios es la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, cuyo vicepresidente en Lambayeque, de Julio Manuel García, exigió en Expresión que las investigaciones se realicen con rapidez para hallar responsables, imponer sanciones y continuar de forma transparente con el proceso de vacunación.
“En estado de emergencia nadie puede tomarse atribuciones que no le corresponde y menos vacunar a personas que nada tenían que ver con el proyecto como las ministras, familiares de los involucrados y jóvenes que vinieron del extranjero solo para vacunarse. No hay palabras para calificar a estas personas que tuvieron una total falta de consciencia. ¿Dónde queda la imagen del Colegio Médico? Los médicos hacen un juramento hipocrático en el que su deber es defender a la población de las enfermedades y ahora nos enteramos de esto. Tiene que castigarse y hacerse una investigación rápida, sumaria, no de cuatro o cinco años. Estamos acostumbrados a formar comisiones donde se va el tiempo. Esta investigación tiene que ser un ejemplo”, señaló.
Transparencia
En esa línea, García Peña exigió que el gobierno del presidente Francisco Sagasti dé a conocer el contrato suscrito con el laboratorio chino Sinopharm, en aras de tener un gesto de transparencia con la población. Añadió que lo mismo debe hacerse con Pfizer, AstraZeneca-Oxford y las demás firmas con las que se arribe a un acuerdo.
“Esta es plata de todos los peruanos, se tiene que transparentar, para eso tenemos a todos los colegios profesionales, donde hay gente con capacidad para que pueda analizar estos contratos. No podemos esperar más tiempo. Sagasti con su buena voluntad tiene que poner ese contrato en manos de los especialistas. Eso ayudaría mucho en este momento en que no sabemos con quién se negocia, qué cantidad de vacunas, a qué precio, en qué contexto. Dios no quiera que se hayan mandado más vacunas y no sepamos”, manifestó.
Resaltó que otros países vecinos como Chile ya han avanzado con la vacunación de gran parte de su población a diferencia del Perú, donde la deficiente gestión de las autoridades, falta de decisión y la poca transparencia han costado la vida de miles de personas.
“Tenemos que corregir las cosas, no sé por qué hay esta falta de decisión, a qué le tememos, el gobierno tiene que hacer su trabajo porque vendrán más olas, estamos en la segunda, pero otros países ya están en la tercera y hasta la cuarta. Tenemos que protegernos. Este virus está mutado y cada vez se vuelve más agresivo. Hay escasez de infraestructura, cada vez hay más muertes, habrá retroceso económico. A este paso vamos prácticamente a colapsar”, refirió.
Privados
En ese contexto, opinó que se le debería dar luz verde a los privados para la adquisición de las vacunas, ya que la emergencia sanitaria lo amerita y el sector empresarial ha demostrado conocer de gestión, de exportaciones e importaciones y podría traer con más rapidez las vacunas. Eso sí – acotó – el gobierno tendría que mantener una posición vigilante para que esto no se vuelva una oportunidad de negocio.
“Con esto no se busca vacunar solo a los empresarios, sino a todo el personal, a las familias. Podríamos contribuir donándolas, tal como hemos hecho con las plantas de oxígeno y las mascarillas. El gobierno tiene que poner en valor esta propuesta, porque se necesita con urgencia. En el plazo de un año, más del 50 % de la Población Económicamente Activa debería estar vacunada para seguir creciendo. Esto no pasa más que por una decisión del gobierno”, precisó.
Respecto a las 40 toneladas de oxígeno medicinal que el gobierno de Chile ofreció al Perú, señaló que la administración de Francisco Sagasti debe tomar una decisión rápida para traer lo más pronto posible el tan necesitado insumo. Si bien reconoció las buenas intenciones de la sociedad civil y del Obispado de Chiclayo para adquirir plantas de oxígeno, indicó que estas tienen una capacidad operativa menor, por lo que deben acompañarse de otra infraestructura mayor, que sea gestionada por el gobierno central.
“Tenemos que ver la adquisición de plantas más grandes, porque estas son muy chicas para la demanda que tenemos. Si su producción es de 20 metros cúbicos, en la práctica no te dará eso, porque toda máquina funciona con el 20 % menos de su capacidad, sino se quema. Como sociedad civil estamos dando algunas pautas, asesorando, pues todos tenemos que sumar. Este no es un tema solo del gobierno, los privados también podemos ayudar en todo lo que se pueda”, aseveró.
Telefónica
Por otro lado, García Peña se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada la acción de amparo interpuesta por la empresa Telefónica para evitar el pago de 729 millones de soles de intereses moratorios, que mantiene con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. Para el empresario, existe un problema de orden jurídico que protege a las trasnacionales.
“Es una gran preocupación e indignación, porque hay leyes que prácticamente cubren a las trasnacionales, a gente que ni siquiera es peruana. Son trasnacionales que hace décadas, cuando hubo la privatización, compraron las empresas a un precio barato, las han trabajado por años, han quintuplicado sus capitales, pero también han dejado de pagar impuestos por años, mientras que los micro y pequeños empresarios tenemos que sufrir la forma avasalladora en que cobra la SUNAT”, mencionó.
Cuestionó que la SUNAT a las Micro y Pequeñas Empresas – MYPE, les embargue las cuentas cuando tienen 15 días de retraso en el pago de impuestos, pese a que el Estado es el principal “socio”, pues se lleva el 18 % del Impuesto General a las Ventas – IGV, y el 30 % de la renta anual.
“El Estado es socio de todas las empresas en el país, es el que más plata se lleva, y si demoras 15 o 20 días en pagar te hacen una coactiva, prácticamente te bloquean la cuenta, te dicen que vayas a pagar para desbloquearla. Si no tienes plata y no la desbloqueas, prácticamente estás inactivo y comienza a faltar la liquidez. Allí es donde vamos a parar a la informalidad, cerramos la empresa”, criticó.
Elecciones
En otro orden de ideas, afirmó que no cree en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales, pues estas toman una muestra muy pequeña (mil 200 personas, aproximadamente) en relación a los cerca de 25 millones de electores. Cuestionó que sean candidatos con planes de gobierno populistas los que encabecen los sondeos.
“Habrá sorpresas, porque la mayoría de planes prácticamente son populistas. Un candidato quiere regalar sueldos todo el año. ¿De dónde saldrá esa plata? De los bonos soberanos, que los pagaremos en 20 años, no nosotros, pero sí nuestros hijos, y así este país se endeuda más. Tenemos que ver qué cosas hacemos inmediatamente. Hay que cobrar los impuestos a las trasnacionales, tenemos que rediseñar la reactivación económica del país”, anotó.
Apuntó que hay más de cien mil restaurantes que están por cerrar, los cuales se suman a los 50 mil que ya han cerrado. Esto afectará a la gastronomía, al turismo y a la industria, pues todo es una cadena productiva, según señaló.
Sobre Reactiva Perú, comentó que la SNI está pidiendo la exoneración de un año más del pago de los créditos, con lo cual el plazo total sería de tres años. Eso obedece a que el consumo interno ha caído en casi el 50 %, lo que ha generado que las MYPE carezcan de liquidez, pues hoy son más los egresos que los ingresos.
Asimismo, refirió que la sociedad civil lambayecana debe impulsar la concretización de proyectos importantes como el Hospital EsSalud de Pomalca, el cual ya está aprobado desde el Ejecutivo y será uno de los nosocomios más grandes del país.
Deja tu Comentario