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EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE: UNA MIRADA A LAS GESTIONES DESDE YEHUDE HASTA ANSELMO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1190

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  • El 2018 fue el año con mayor presupuesto en 15 años, del cual se gastó el 88.4 %.

 

En algún momento, hace ya más de diez años, el Gobierno Regional de Lambayeque se convirtió en modelo de gestión para muchos gobiernos subnacionales en el Perú. La implementación de herramientas como el Sistema de Gestión Documentaria – SISGEDO, fue un paso adelante en cuanto a gobierno electrónico e incluso se replicó en otras instancias. Sin embargo, aunque ha habido aciertos, premios por Buenas Prácticas y otras felicidades, el aparato no ha estado libre de cuestionamientos y actos de corrupción y presumible corrupción. La siguiente es una retrospectiva a su funcionamiento.

En el 2002 se desarrollaron las primeras elecciones para la designación de las autoridades de los nuevos gobiernos regionales. Antes también hubo regiones, pero conformadas por dos departamentos o más. Esta vez, cada circunscripción departamental tendría su propio gobierno regional.

En aquella ocasión lo impensable sucedió. Yehude Simon Munaro, entonces candidato de Unión Por el Perú – UPP, arrasó en las urnas, imponiéndose en las urnas sobre el siempre articulado y presente Partido Aprista Peruano. Simon, que apenas unos años antes había salido de prisión, tras ocho años de encierro acusado de apología al terrorismo, obtuvo 156 mil 591 votos. Le ganó nada menos que a un veterano hombre de política: Humberto Falla Lamadrid.

La tónica del gobierno de Simon Munaro estuvo acompañada de un acercamiento a las organizaciones sociales. Su perfil de exsindicalista le allanó el terreno en ese aspecto.

Su vicepresidente fue Nery Saldarriga de Kroll. Ambos, conocidos como docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, hicieron una dupla bien afiatada, al punto que esta lo acompañó para su segundo mandato.

 

Período 2003-2006

Simon llegó levantando varias banderas reivindicativas, entre ellas la ejecución del Proyecto Hidroenergético Olmos. Con esa convicción logró superar las trabas puestas por Proinversión y convencer al entonces presidente, Alejandro Toledo. Así, en el 2004 se firmó el contrato de concesión para la ejecución del primer componente (trasvase) con Odebrecht.

Nadie presagió que la relación Simon – Odebrecht terminaría generándole el actual problema judicial que este enfrenta por presunto financiamiento a su relección regional en el 2006 y la campaña congresal del 2011.

Las obras del trasvase Olmos se iniciaron en el 2006, para entonces Simon Munaro ya se había desmarcado de varios de los actores sociales que lo auparon al gobierno regional, muchos vinculados a la izquierda, de la que es originario.

Por otro lado, en su primer período hubo un hecho de corrupción que puso en jaque a la gestión de Simón. La entonces directora regional de Trabajo, María Vargas Díaz, fue procesada y sentenciada, junto a otros trabajadores del sector, por el cobro de una coima ante una inspección laboral.

El mandato tampoco estuvo libre de fricciones, como la que anidó en el Consejo Regional entre el representante Enrique Soto Roca, quien incluso denunció amenazas de muerte de parte del expresidente de Lambayeque.

En el 2004, Lambayeque recibió como transferencia total 93 millones 214 mil 132.12 soles; 86 millones 284 mil 209.97 en el 2005 y 99 millones 713 mil 669.22 soles en el 2006. De aquellos años el aplicativo de ejecución presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas no reporta porcentajes.

 

Segundo período de Simon

Identificado como líder entre los presidentes regionales, quienes le confiaron la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Yehude Simon decidió repetir el plato. Postuló por su agrupación, el Movimiento Humanista Peruano, que después cambiaría a partido y hoy es Juntos por el Perú. Obtuvo 212 mil 368 votos y venció nuevamente al Partido Aprista.

Simon había ofrecido en su primer gobierno impulsar la ejecución del Terminal Marítimo, pero poco a nada pudo hacer en dicha gestión debido a que la Municipalidad Distrital de Puerto Eten había concesionado, de manera irregular, mil 300 hectáreas de la franja costera del distrito, zona de influencia del proyecto, a la empresa Inversiones Stock.

Eso implicó el inicio de acciones judiciales que cerrarían de manera definitiva recién en el 2019, cuando se negó la acción de amparo presentada por la empresa en el Tribunal Constitucional.

En lo que sí pudo avanzar, mientras las obras del trasvase Olmos continuaban, fue en la gestión del Hospital Regional. Simon Munaro, cercano al entonces presidente Alan García, logró que este anunciara en mensaje a la nación la consideración de la obra en el presupuesto público.

Así, tocó las puertas del UNOPS para encargarle la formulación del expediente técnico y la contratación de la obra. Esta se ejecutaría con Yehude Simon fuera del gobierno regional.

En octubre del 2018, tras la crisis por el caso “Petroaudios”, Simon Munaro fue convocado por Alan García como presidente del Consejo de Ministros, cargo que aceptó.

Su ascenso permitió, entre otras cosas, que se gestionen los recursos para obras como la Avenida Chiclayo y la carretera Zaña – Oyotún, así como el saneamiento básico de Villa Hermosa, en José Leonardo Ortiz.

Según el Portal de Transparencia del MEF, en el 2007 el Gobierno Regional de Lambayeque recibió como Presupuesto Institucional Modificado – PIM, 584 millones 576 mil 525 soles, ejecutando el 91 %, uno de los indicadores más altos a nivel nacional. En el 2008 el presupuesto asignado fue de 622 millones 968 mil 501 soles, ejecutando el 96 %, el mayor nivel de gasto a nivel país.

 

Gobierno de Nery Saldarriaga

A la salida de Simon Munaro del gobierno regional asumió la presidencia Nery Saldarriga, quien lo acompañó desde el primer período. De inmediato hubo discrepancias por la designación del consejero que asumiría la vicepresidencia, cargo que finalmente recayó en Luis Becerra Arribaspalta.

En noviembre del 2009 se firmó el contrato para la ejecución de las obras civiles del Hospital Regional, con una inversión de 94 millones de soles, de los cuales 60 fueron otorgados ese año y lo restante en el 2010. La obra estuvo a cargo del Consorcio Delta.

En la administración de Saldarriga de Kroll uno de los acontecimientos más saltantes fue la negativa de admitir a trámite la iniciativa privada presentada por Agro Negocios Génesis para el desarrollo de un proyecto de explotación agrícola con fines de exportación en las tierras del sector denominado Mata Indio, en Zaña.

Fue tal el enfrentamiento en el consejo que algunos integrantes hicieron una suerte de “cuestión de Estado”, en contra de la propuesta, valiéndose de argumentos falsos sobre actividades productivas en el bosque seco cercano a la zona. La iniciativa no prosperó.

En el 2009, el Gobierno Regional de Lambayeque recibió la transferencia de 613 millones 284 mil 637 soles, alcanzándose un nivel de ejecución del 95.8 %.

Nery Saldarriga tampoco completó el mandato. En el 2010 renunció a la presidencia regional para postular al Congreso de la República. El cargo fue asumido por Luis Becerra.

Saldarriga de Kroll dejó firmado el contrato con H2Olmos (Odebrecht) para la ejecución de la irrigación Olmos (tercer componente del proyecto), y con Sindicatos Energéticos SA – SINERSA, para la ejecución del componente hidroenrgético.

Ya en los últimos meses de su gobierno se inició la ejecución de la Avenida Chiclayo, con un presupuesto de 53 millones de soles, obra a cargo del Consorcio Gamma Norte.

 

Primer gobierno de Acuña

Las elecciones regionales del 2010 las ganó Humberto Acuña Peralta, representante de Alianza Para el Progreso – APP, quien ingresaba a la política tras una larga experiencia de gestión en el sector privado, básicamente en el rubro de educación universitaria.

Acuña Peralta venció, en segunda vuelta, al candidato aprista Manuel Valverde, con 399 mil 578 votos.

La tarea asumida fue la continuación del trasvase Olmos, del Hospital Regional, el saneamiento de Villa Hermosa y la construcción de la Avenida Chiclayo. Salvo en las obras del Hospital, Acuña tuvo problemas que hasta ahora lo persiguen.

El período se inició en enero del 2011 y para abril había agudizado la discrepancia con la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO (Odebrecht), que demandaba el reconocimiento de perjuicio económico y sobrecostos por la ejecución del Túnel Trasandino, esto debido a los estallidos de roca.

En dos oportunidades los trabajos se paralizaron, hasta que en septiembre, con un acta de trato directo, Acuña Peralta con apoyo del gobierno central pudo superar la crisis. Esto acarrearía, años después, un serio problema legal.

Respecto a la Avenida Chiclayo, hasta ahora la obra no ha sido formalmente inaugurada, mas si recepcionada por el Gobierno Regional de Lambayeque por mandato judicial. Hubo arbitraje, se tuvo que pagar al consorcio por una obra deficiente, cuya génesis está en el expediente técnico. Por este caso, también hay problemas que afectan a Acuña.

En tanto, otros asuntos generaron contratiempos: la construcción de la carretera Pimentel-San José, donde se denunció presuntos actos de corrupción; la deficiente construcción del Paseo Yortuque; problemas técnicos en la obra de agua de Villa Hermosa; presunta falsificación de documentos en la contratación de la carretera Pomalca-Sipán-Pampa Grande y, una alta rotación de funcionarios.

De aquel período se destaca los esfuerzos para la inclusión de Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, partida de nacimiento para la Autoridad Portuaria Regional.

En el 2011 la gestión de Humberto Acuña recibió 718 millones 270 mil 749 soles de PIM, ejecutando el 92.8 %; en el 2012 el presupuesto fue de 857 millones 19 mil 123, de los cuales se gastó el 88.2 %; en el 2013 el PIM llegó a mil 32 millones 612 mil 665 soles, ejecutando el 88.6 %, en tanto en el 2014 el presupuesto sumó mil 162 millones 492 mil 609 soles, gastando el 86.2 %.

 

Acuña nuevamente

Humberto Acuña Peralta repitió el plato y en el 2014 postuló para un nuevo mandato regional, ganando las elecciones nuevamente al Partido Aprista, en primera vuelta, con 203 mil 536 votos.

Este fue el período de los colegios de la gestión Acuña, con contrataciones que varias veces ganó la empresa ICM SA.

Esta constructora, a veces sola y en otras consorciada, ganó las siguientes licitaciones en la administración Acuña Peralta: construcción de la Aldea Virgen de la Paz (siete millones 500 mil soles); construcción de un colegio en Moyán (cuatro millones); remodelación del Colegio Nuestra Señora del Rosario (25 millones); construcción del Colegio Militar Elías Aguirre (53 millones); construcción del Parque del distrito de Mesones Muro (cinco millones); la construcción del nuevo local educativo del Colegio Rosa Flores de Oliva y, finalmente, del complejo policial en José Leonardo Ortiz, por más de 13 millones de soles.

En su segundo mandato, Acuña Peralta manejó los siguientes presupuestos:  mil 210 millones 630 mil 804 soles en el 2015, de los que ejecutó el 89.2 %; mil 221 millones 806 mil 23 soles en el 2016, gastando el 91.8 %; mil 381 millones 863 mil 841 soles en el 2017 (88.4 %), y mil 431 millones 623 mil 954 soles en el 2018, la cifra más alta en 15 años, ejecutando también el 88.4 %.

Acuña Peralta tuvo en su segundo gobierno como vicegobernador a Francisco Cardoso Romero, quien renunció al ser llamado como rector de una de las universidades de la familia Acuña en Lima, siendo reemplazado por el consejero Gustavo Hernández Jiménez.

 

Dos años de Anselmo

Con una aplaudida experiencia de 19 años y tres meses continuos como alcalde del distrito de La Victoria, en el 2018 ganó las elecciones regionales Anselmo Lozano Centurión, candidato del partido Podemos Perú.

Lozano Centurión ganó en primera vuelta la disputa, al sumar 252 mil 377 soles, trasladando al iniciar su gobierno a buena parte del equipo que lo había acompañado en la comuna victoriana como funcionarios. A la cabeza de estos fue María Castro Grosso, quien asumió la gerencia general.

El primer escollo que tuvo que sortear, con muchas dificultades, fue la denuncia de los consejeros regionales relacionada a la pérdida de presupuesto por la no continuidad de gasto entre la gestión saliente y la entrante.

Por esa razón, el consejo en mayoría aprobó interpelar a Castro Grosso, lo que despertó la acalorada respuesta de Lozano Centurión. Hubo hasta una medida cautelar presentada por la gerente y una acción popular contra el reglamento del Consejo Regional emprendida, en fueros judiciales, por el propio Anselmo Lozano.

A la par estallaría el caso “Corredoras de seguros”, denunciado por Expresión sobre la forma en la que se había cambiado de empresa para la contratación de los seguros de los bienes del aparato regional con presumibles hechos de corrupción.

A mediados del 2019, Anselmo Lozano sufrió su primera baja. El Poder Judicial ordenó la captura del consejero oficialista Esar Aguilar por sus vínculos con la presunta red “Los temerarios del crimen”. Finalmente este aceptó los cargos en proceso de terminación anticipada.

Precisamente Aguilar sería quien desencadene una arista de investigación de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en la gestión de Lozano Centurión, pues este declaró conocer que el asunto de las corredoras de seguros se había dado con interferencia del hijo del gobernador. El caso está en investigación.

En tanto, el año pasado la Fiscalía Anticorrupción intervino la sede del gobierno regional para recabar información sobre la adjudicación de tres colegios a tres consorcios con un postor común, ello con la presentación de cartas de fiel cumplimiento falsas. Ese sería el hilo conductor para destapar los presuntos actos de corrupción que vinculan a Lozano Centurión, Castro Grosso y otros funcionarios de su administración con una presunta organización, denominada “El imperio del mal”, que antes habría operado en la Municipalidad Distrital de La Victoria.

Por este caso, el Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador y compañía.

Otros casos son los presuntos actos irregulares en las contrataciones de la Gerencia Regional de Agricultura y el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, así como la intervención al ex gerente regional de Desarrollo Productivo, Eduardo Jacinto Teque, por presunto cobro de coimas.

 

Contraloría en la región

La institución más auditada y donde se concentra la mayor cantidad de informes de control elaborador por la Contraloría General de la República, en el 2020, es el Gobierno Regional de Lambayeque (y sus unidades ejecutoras, incluyendo el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT),  donde se identificaron 105 presuntas responsabilidades en las que se encuentran involucrados 49 funcionarios y servidores públicos.

Entre los informes relevantes de la entidad figura el relacionado a la construcción de la Vía Canal – Avenida Chiclayo, en José Leonardo Ortiz, donde la Contraloría detectó un perjuicio de dos millones 741 mil 786.52 soles, debido a que el Gobierno Regional Lambayeque, durante la gestión de Humberto Acuña, dio conformidad a valorizaciones y a la culminación de obra sin observar metrados no ejecutados y obra no ejecutada conforme a los planos. Se determinó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de 16 funcionarios de la entidad.

Asimismo, figura el informe referido al otorgamiento de beneficios extraordinarios a personal asistencial y CAS del Hospital Regional de Lambayeque, también durante la gestión de Acuña Peralta, mediante la adquisición de vales y/o tarjetas electrónicas en prendas de vestir, cuando lo que correspondía era adquirir uniforme institucional de acuerdo al requerimiento inicial y especificaciones técnicas. En los hechos ocurridos en el año 2017, se detectó un perjuicio de 472 mil 584.84 soles y la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de cinco servidores públicos.

Contraloría también ha identificado responsabilidad penal y administrativa en los exgobernadores Nery Saldarriaga y Humberto Acuña, así como tres ex gerentes generales del PEOT: Enrique Salazar, Francisco Gayoso y Juan Saavedra, el pleno del Consejo Regional 2010-2014 y otros funcionarios, por la desnaturalización del contrato del trasvase Olmos. El perjuicio económico detectado es de más de 17 millones de dólares.

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