El Consejo Privado de Competitividad – CPC, publicó el Informe de Competitividad 2021, documento que recoge la problemática de nueve sectores claves y postula un total de 19 propuestas para retomar la senda del crecimiento económico. Uno de estos sectores es infraestructura, en el cual la investigación arroja que, tras el pico de inversión pública alcanzado en el 2014, en los siguientes años hubo una caída de casi siete mil millones de dólares.
Así, el CPC detalla que en el 2014 la inversión pública fue 16 mil 889 millones de dólares, lo que representó más del 8 % del Producto Bruto Interno – PBI. Este monto comprende las licitaciones públicas, Asociaciones Público Privadas (APP) y obras por impuestos. No obstante, al 2019 la inversión fue de nueve mil 896 millones de dólares, equivalente a cerca del 5 % del PBI. Entre ambos años la diferencia es de seis mil 993 millones de dólares.
El CPC explica que esto se debe a diversos factores como la demora en la formulación de los proyectos del Invierte.pe, ya que los estudios de preinversión privilegian la información de los costos unitarios en vez de la brecha de servicios; y la duplicidad en más del 75 % del contenido entre el estudio de preinversión a nivel de perfil y el informe de evaluación para una APP cofinanciada; entre otros.
Además, esta disminución de la inversión pública también se explica por los retrasos en las adjudicaciones de obras por licitaciones públicas. Por ejemplo, Provías Nacional registró en el 2019 una demora de 178 días para la entrega de la buena pro, respecto a lo programado inicialmente. De igual forma, existe una demora de 76 días en promedio por la participación de la Contraloría para emitir opinión cuando las prestaciones adicionales de obra superan el 15 % del expediente técnico.
Por lo antes expuesto, el CPC propone en su informe simplificar el contenido de los estudios de preinversión, la ficha técnica y el registro de las Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación – IOARR; incorporar mecanismos alternativos para la contratación de obras públicas para proyectos de gran envergadura como acuerdos Gobierno a Gobierno y contratos de uso estándar internacional; analizar la evidencia de los incrementos adicionales de obra para establecer un nuevo umbral, entre otras.
Eficiencia del sector público
Por otro lado, el informe da cuenta sobre la duración promedio en meses de los directores generales en los diferentes ministerios: en Salud, 6.9; Transportes y Comunicaciones, y Trabajo y Promoción del Empleo, 10.4; Vivienda, Construcción y Saneamiento, 11; Producción, 11.9; Justicia, 12.1; Desarrollo e Inclusión Social, 12.1; Educación, 12.6; Economía y Finanzas, 15.2; y Energía y Minas, 18.5.
Además, de acuerdo al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, actualmente el 85 % de las municipalidades no dispone de un catastro completo, actualizado y en uso.
Para las dos problemáticas descritas, el CPC propone contratar directivos y servidores públicos en puestos claves en función de la meritocracia y con nombramiento regulado; y agrupar la función de elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural de las municipalidades distritales; y consolidar la información catastral en una plataforma única e interoperable como recaudación tributaria y ordenamiento territorial.
Sistema de justicia
En tanto, al 2019 el sistema de justicia tenía una carga procesal total de cuatro millones 292 mil 288 procesos, 10.4 % más que en el 2018. En el desagregado, hubo dos millones 376 mil 823 procesos pendientes, ingresaron un millón 915 mil 465 nuevos expedientes y se resolvieron un millón 860 mil 669. Esto significó un aumento respecto al 2018 del 11.4 %, 9.3 % y 7.9 %, respectivamente.
Además, a marzo del 2020, la carga procesal de las procuradurías públicas a nivel nacional ascendió a un millón 205 mil 81 casos, mientras que a noviembre del año pasado se habían tramitado 180 mil expedientes electrónicos desde la aplicación de esta herramienta digital en el 2017. Esta cifra solo constituye el 9.4 % del total de procesos ingresados en el 2019.
En virtud de ello, el CPC propone modificar el Código Procesal Civil y ampliar las competencias de los notarios y jueces de paz letrados, crear un marco normativo de descarga procesal de los procesos contenciosos-administrativos, modernizar la gestión del despacho judicial y regular el uso de herramientas tecnológicas.
Capital humano y competencias
Asimismo, el CPC da cuenta que la tasa de matrícula de la población de 17 a 24 años en la educación superior se redujo de 39.1 % a 30.5 % entre el segundo trimestre del 2019 y el 2020, a raíz del impacto de la pandemia. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas asignó 272.9 millones de soles al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, para asegurar la continuidad de estudios superiores en la población afectada por la emergencia sanitaria, para este año la Ley de Presupuesto redujo en 25.1 % el monto destinado para este programa.
Además, durante el 2019, el 54 % de las empresas tuvieron dificultades para cubrir vacantes, porcentaje que se eleva al 67 % en las grandes empresas. Precisamente, entre el segundo trimestre del 2019 y el 2020, la tasa de desempleo en personas con educación superior técnica y universitaria incrementó en 7.8 %.
Al respecto, el CPC propone el incremento en la oferta de créditos educativos orientados a financiar carreras demandadas por el mercado laboral y la implementación de esquemas de pago basados en los ingresos.
Salud
Respecto a salud, el informe detalla que uno de los problemas es la dispersión de las unidades ejecutoras, pues existen un total de 231, de las cuales 194 corresponden a los gobiernos regionales y 37 al gobierno nacional. En tanto, el 77.8 % de los establecimientos de salud del primer nivel no cuentan con una adecuada capacidad instalada, haciendo que se requieran 281 más a lo largo del territorio nacional.
Asimismo, los recursos del Seguro Integral de Salud – SIS, se distribuyen de forma desigual, pues mientras en Moquegua se gastan mil 13 soles por afiliado, en Cajamarca solo 266. El promedio nacional es de 520.7 soles.
Por ello, el CPC plantea implementar unidades de gestión en las instituciones prestadoras de servicios de salud, lo cual permita separar las funciones de rectoría y prestación del Ministerio de Salud, además de reducir la fragmentación de los fondos públicos de salud para que el SIS maneje gradualmente un presupuesto mayor al actual, que es del 8.3 % del total.
Mercado laboral
Por otro lado, el CPC consigna que durante el 2020 se perdieron entre 580 mil y 900 mil empleos, por lo cual propone implementar un régimen laboral temporal, que brinde facilidades de contratación y liquidez, y aplique solo a las empresas más afectadas por el COVID-19.
Asimismo, sugiere simplificar los regímenes tributarios, a través de un régimen único de impuesto a la renta, con tasas marginales crecientes, que graven la renta neta anual.
Logística
En otro orden de ideas, el CPC da cuenta de una reducción de 11.6 % durante el 2019 en infraestructura relacionada con logística (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, etcétera). En cuanto a infraestructura portuaria, se determinó que el actual plazo de concesión de 30 años genera restricciones para seguir invirtiendo en la medida en que se avance a la fecha límite de la concesión.
Entre las propuestas del CPC está modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para adecuar los plazos permitidos para concesiones portuarias a las normas del Sistema Nacional de Inversión Privada (hasta 60 años) y así generar los incentivos para una mayor inversión en dicho sector.
Negocios
En cuanto a la burocracia administrativa para mejorar el clima de negocios, el CPC señala que la obtención de la licencia de funcionamiento para un local de riesgo alto es el proceso con mayor duración para abrir un negocio, pues implica el 73 % del tiempo de los trámites. En tanto, la obtención de los permisos de construcción requiere de 11 trámites que en promedio duran 155 días.
La propuesta del CPC para mejorar los procedimientos de apertura de negocios y la de obtención de permisos de construcción es crear ventanillas únicas que integren a las entidades involucradas en cada proceso.
Ciencia, tecnología e innovación
Finalmente, se evidencian dificultades para la ejecución de los recursos públicos destinados a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), lo cual ha hecho que este monto sea solo el 0.09 % del PBI, pudiendo haber llegado al 0.13 % si se ejecutaba el total del Presupuesto Institucional Modificado y los incentivos fiscales.
Esto se refleja en diferentes datos: el Perú cuenta con 0.1 investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa – PEA, lejos del promedio de Latinoamérica, que es el 2.1; en el 2019 solo se publicaron 13.2 documentos en Scopus por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio en la región es de 30; y el Perú ocupa el puesto 106 de 126 países en el ranking global del índice de Colaboración Academia – Empresa.
Para paliar esta situación, el CPC propone aprobar la actualización del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Investigación; crear un portal único de información para CTI; incorporar incentivos para fomentar la articulación de investigadores y empresas, a fin de aumentar la calidad y el impacto de la producción académica; e impulsar la creación de laboratorios de innovación en las entidades públicas.
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