Según el Banco Central de Reserva del Perú, el Producto Bruto Interno – PBI, del 2020 habría caído en 11.5 %, respecto al 2019; el empleo formal privado habría disminuido en 16 %, la pobreza habría aumentado al 25.8 % y el resultado fiscal sería negativo en 8.6 %. Para paliar esta crisis económica que se refleja en cifras, la presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, María Isabel León Klenke, destacó que el Perú necesita de un shock de inversiones y de confianza, que le permita retomar ese crecimiento.
“Para impulsar y atraer la inversión privada se necesita un shock de confianza por parte de las autoridades, es decir, generar institucionalidad, transparencia, predictibilidad y estabilidad jurídica para los inversionistas y la población en general”, apuntó León Klenke.
Diagnóstico
La presiente de la CONFIEP señaló que en el Perú hay cuatro problemas estructurales: la limitación para el acceso a los servicios básicos, el déficit en infraestructura y atención médica, el hacinamiento en viviendas de bajos recursos y la alta informalidad laboral. Esta última antes de la pandemia ya era del 72.7 % y aún no hay cifras exactas de a cuánto habrá aumentado.
Además, la proyección económica del Banco Central de Reserva es que el consumo privado cayó en 9.8 %, la inversión privada en 20 % y la inversión pública en 18 %.
Ante ello, resaltó que en más de 70 países en el mundo se han adoptado medidas para mitigar el efecto negativo en la inversión extranjera directa y así facilitar, retener y promover las inversiones. Las principales son: aliviar la carga administrativa de las empresas, reducir los obstáculos burocráticos para permitir la producción o la entrega de bienes durante la pandemia, la adopción de herramientas en línea o plataformas electrónicas y brindar ventajas fiscales o asistencia financiera para mantener las cadenas de suministro.
Infraestructura
El Plan Nacional de Infraestructura prioriza 52 proyectos por un monto total de 99 mil 196 millones de soles. Al respecto, María Isabel León indicó que la CONFIEP propone agilizar la licitación y ejecución de aquellos cuya modalidad sea de Asociación Público Privada – APP, que en su conjunto suman 29 por un total de 65 mil 209 millones de soles, diez veces más que lo dispuesto en Arranca Perú.
De estos 29 proyectos, 18 son por APP autofinanciadas y 11 por APP cofinanciadas. El resto del Plan Nacional de Infraestructura se compone de obras públicas y proyectos en activos.
“Se debe crear un espacio público privado que reorganice las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura y acelere la ejecución de al menos diez proyectos vía APP de mayor urgencia, que generen un impacto significativo en la productividad y bienestar de la población”, aseveró.
Además, señaló que hay otros proyectos que están retrasados como Chavimochic III, cuya inversión es de tres mil 149 millones de soles; la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV, por nueve mil 862 millones; Majes Siguas II, por dos mil 19 millones; el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, por dos mil 423 millones; la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por cuatro mil 950 millones; entre otros
Minería
En tanto, León Klenke señaló que en el 2020 no se inició ningún gran proyecto minero, pese a que el Ministerio de Energía y Minas – MINEM, cuenta con una cartera de 46 proyectos en 17 departamentos del país, que demandan una inversión total de 56 mil 158 millones de dólares. Como ejemplo de estos resaltó Tía María, cuya inversión asciende a mil 400 millones.
Precisó que además se necesita agilizar la publicación del Reglamento de Procedimientos Mineros para facilitar las inversiones en exploración; reducir el excesivo número de trámites y permisos que se requieren para la búsqueda de nuevos yacimientos mineros, y que se han convertido en trabas para las inversiones; continuar con las modificaciones que se están planteando al Reglamento de Protección y Gestión ambiental para las Actividades de Explotación, Transporte y Almacenamiento Minero, así como el Reglamento de Protección Ambiental para la Exploración Minera.
Todas estas propuestas apuntan a optimizar los procedimientos administrativos y agilizar el flujo de inversiones.
Reformas estructurales
Por otro lado, señaló que el Perú necesita de reformas estructurales que contribuyan a mejorar la economía nacional y generen mayor acceso a los servicios públicos. En el tema de salud, refirió que la coyuntura sanitaria evidenció la necesidad de contar con gestiones colaborativas entre el sector público y privado para la construcción de infraestructura, su operación y mantenimiento, de manera que se salvaguarde la sostenibilidad de los proyectos para satisfacer las necesidades de la población.
Mencionó como ejemplo de esto los dos hospitales ‘Bata Blanca’ concesionados por EsSalud en Villa María del Triunfo (Lima) y el Callao, los cuales han demostrado ser alternativas eficientes para mejorar el acceso y calidad de servicio a los ciudadanos.
En cuanto a la base tributaria, aseguró que el país verá sus finanzas públicas deterioradas en los próximos años, debido a la caída de los ingresos por el impacto de la pandemia y los gastos realizados para reactivar la economía y proteger a las poblaciones más vulnerables.
Frente a ello, afirmó que se requiere de una política que tenga como principal mandato aumentar la base tributaria. Esta reforma debe apuntar a reducir los incentivos de la informalidad, los costos de cumplimiento tributario y el fortalecimiento de sistemas de prevención de incumplimiento tributario, que el 2019 alcanzaron los 57 mil millones de soles, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
En tanto, demandó la aprobación de una legislación laboral que promueva la generación de empleo formal, pues se ha demostrado que a mayor rigidez se tienen menos incentivos para la promoción de puestos de trabajo.
Política
En otro orden de ideas, alertó que, ante el riesgo de leyes regulatorias por parte del Congreso, el sector privado tiene la responsabilidad de alzar la voz en defensa de la seguridad jurídica nacional. Para ello, indicó que se debe informar a la opinión pública sobre los riesgos que conllevan algunos proyectos de ley que se impulsan desde el parlamento en el marco de la pandemia y que pueden afectar y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera del Perú.
“Las iniciativas desde el Congreso requieren de un sustento técnico sólido, que permita tomar las mejores decisiones basadas en la objetividad. Es fundamental incorporar presentaciones técnicas por parte de las comisiones en la que se gestan iniciativas con alto riesgo regulatorio. Nuestro país no está para aventuras populistas ni estatistas, necesitamos también ser capaces de rectificar aquello que no se hizo o que se hizo mal”, anotó.
Rescató que, pese a los obstáculos para el retorno a la normalidad, el sector empresarial ha garantizado el cuidado de la salud y continúa teniendo puentes para enfrentar a la pandemia, a través de un trabajo público - privado.
“Es momento de unir fuerzas y emprender una cruzada por la inversión promovida desde el más alto nivel. Los peruanos somos testigos de los efectos positivos que genera la inversión en la creación de empleo, el desarrollo de potencialidades y la reducción de la pobreza. Aseguremos que los recursos recaudados sean utilizados de manera eficiente, eficaz y oportuna a favor del desarrollo y la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos sin distinción. La población debe percibir y saber que tenemos la capacidad de trabajar todos juntos, sector privado y público, para reconstruir la economía en nuestro país”, exhortó.
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