El 30 de noviembre, un grupo de trabajadores agrarios inició una protesta en Ica exigiendo la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 043-2019, que amplió hasta el 31 de diciembre del próximo año la Ley N° 27360 - Ley de Promoción Agraria. Este fue el inicio de una serie de manifestaciones que se replicaron en el resto del país contra las condiciones laborales de dichos servidores, distorsionadas en muchos casos por las ‘service’, encargadas de contratar personal para las agroexportadoras
Tras cinco días de protestas, que dejaron como saldo dos víctimas mortales, el Congreso aprobó el 4 de diciembre la derogación de la cuestionada ley. Esta situación ha puesto en el debate público las ventajas y desventajas de la norma, en virtud de lo cual la consultora IPSOS realizó una encuesta nacional urbano – rural, cuyos resultados arrojaron que el 34 % de ciudadanos considera que las protestas de los trabajadores agrarios fueron responsabilidad del gobierno central.
Asimismo, el 27 % señaló que la culpa fue del Congreso, el 20 % de las ‘service’ agrícolas, el 6 % de las empresas agroexportadoras formales, el 6 % de los partidos políticos, el 5 % de los partidos extremistas y el 1 % de la Policía Nacional.
Desinformación
Según la encuesta, el 57 % de personas considera que la agricultura para el mercado interno es el sector que más aporta al crecimiento económico del país. Sin embargo, solo el 24 % señaló estar informado sobre en qué consiste la Ley de Promoción Agraria, mientras que el 75 % aseguró desconocer de este dispositivo legal promulgado en el 2000.
La cifra de desinformación es mayor cuando se trata de conocer acerca del bloqueo de carreteras en Ica, La Libertad y otros lugares. A nivel nacional el 81 % señaló no haberse enterado de las protestas, mientras que en Lima fue el 88 % y en el interior del país el 78 %.
Al respecto, el 15 % de encuestados señaló estar de acuerdo con el bloqueo de carreteras como medida de protesta, mientras que el 75 % refirió apoyar las protestas, pero no bajo esa forma de lucha, sino a través de marchas pacíficas. En tanto, el 9 % manifestó estar en contra de las protestas.
Crisis del agro
En tanto, el 33 % de encuestados estuvo de acuerdo con que la Ley de Promoción Agraria se derogue completamente, el 51 % consideró que esta debió ser reajustada, el 7 % que debió mantenerse tal como está y el 9 % no precisó. En el interior del país, las cifras varían ligeramente: el 34 % se mostró a favor de la derogación total, el 48 % a favor de que se mantenga con reajustes y el 9 % de que persista tal cual.
En ese orden de ideas, el 46 % indicó que la principal razón del paro agrario fue el abuso de las ‘service’ y el incumplimiento de la ley por parte de algunas empresas, el 36 % apuntó que obedece a la exigencia de mejores remuneraciones y condiciones laborales, el 11 % que es parte de la campaña electoral de algunos partidos políticos, y el 3 % que es un operativo organizado por extremistas infiltrados.
Intervención policial
Por otro lado, ante la pregunta de qué debería hacer el gobierno frente al bloqueo de carreteras en los conflictos sociales, el 17 % indicó que se debería restablecer de inmediato el orden público y el libre tránsito con ayuda de las fuerzas del orden, incluyendo la detención de los manifestantes; el 66 % anotó que se debería resolver la paralización mediante yel diálogo y, de no lograrse, autorizar la intervención de la Policía; y el 13 % opinó que se debería acceder a los pedidos de los protestantes, aunque se perjudique así la economía u a otras personas.
En tanto, el 23 % afirmó que la Policía debería detener a los manifestantes que bloquean las carreteras, el 73 % que no debería detenerlos, ya que están en su derecho de protestar; y el 4 % no precisa.
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