De las diversas denuncias que pesan sobre la gestión del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, el caso “Veolia” es quizá el más sólido. A fines del año pasado la Contraloría General de la República emitió un informe en el que confirmó la existencia de irregularidades en la contratación directa que hizo la Municipalidad Provincial de Chiclayo, generando un perjuicio económico superior a los 240 mil soles. Sin embargo, la fiscal a cargo de la investigación, Karim Ninaquispe Gil, ha dado largas al caso, por lo que ha sido denunciada por omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.
El último día del año pasado, Contraloría confirmó que a 249 mil 750 soles asciende el perjuicio económico causado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas con la contratación directa e irregular de Veolia Servicios Perú para el recojo de la basura.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento emitido por la Contraloría General de la República, N° 029-2019-2-0425, indica que existe responsabilidad penal en Gasco Arrobas, 12 regidores y ocho funcionarios de la comuna.
Los regidores son: Junior Vásquez Torres, Felipa Orosco Nuntón, Ricardo Lara Doig, Pedro Ubillús Falla, Karina Villegas Campos, Carlos Montenegro Gonzáles, Javier Montenegro Cabrera, Randy Vega Díaz, José Nakamine Kobashigawa, María Berna Cleghor, Andrés Calderón Purihuaman y el exconcejal Marino Olivera Cruzado. Estos por haber aprobado la irregular declaratoria del desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos en la comuna, el mismo que permitió la contratación de la empresa.
La contratación con Veolia fue para que asuma el recojo de la basura en Chiclayo por 90 días, a un costo de un millón 800 mil soles.
Veolia se adjudicó el servicio pese a no cumplir los requisitos normativos, conforme se denunció en su momento. Para el ente de control hubo trasgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado.
Pasos para la contratación
El 28 de febrero del 2019, con 12 votos a favor y tres abstenciones, el concejo municipal aprobó declarar el desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos, dejando expedita a la administración de Gasco Arrobas para la contratación directa de maquinaria, recurso humano, compra de repuestos u otros servicios que permitiesen atender lo que para ellos era una situación de emergencia.
Debido a la imprecisión del acuerdo, que se sustentó en un informe técnico con datos del 2017 (no actualizados) y sin que exista mayor sustento legal, semanas después, el 15 de marzo, el concejo, nuevamente con 12 votos a favor, aprobó precisar que el desabastecimiento se daba sobre 10 máquinas de recolección de basura. Ese mismo día el Órgano de Control Institucional – OCI, comunicó al alcalde Marcos Gasco que la declaratoria del desabastecimiento tenía anomalías.
Sin importar la advertencia, la gestión continuó en su propósito y en abril arribó al contrato directo con Veolia Servicios Perú SAC, para que asuma la cobertura de la situación de emergencia con su maquinaria durante 90 días.
Horas después, OCI volvió a pronunciarse señalando que dicha contratación tenía errores tanto en los procedimientos preparatorios como en la evaluación de la empresa ganadora.
A ello se sumó que Veolia carecía – al momento de la adjudicación del contrato - de la autorización correspondiente para brindar los servicios de operadora de residuos sólidos, requisito exigido en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente.
El 5 de abril del 2019 la Municipalidad Provincial de Chiclayo otorgó la Buena Pro en el Proceso de Contratación Directa N° 001-2019-MPCH, a Veolia. En dicho documento, firmado por el Subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Siadén Ortega, se indica que la empresa cumplía con el Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, ello era falso. Veolia obtuvo la autorización del Ministerio del Ambiente recién en la última semana de abril.
Caso en fiscalía
Para cuando la Contraloría emitió su informe, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tenía conocimiento del caso desde abril del 2019, por lo que habían trascurrido siete meses sin que se accione al respecto.
La investigación fue a parar al despacho de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, quien recién en octubre de este año, 18 meses después de recibir la denuncia presentada por los regidores de minoría Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jhony Piana Ramírez, decidió formalizar la investigación preparatoria.
Pruebas a la vista
“La fiscalía realizó un operativo de incautación de todos los documentos del proceso de contratación, lo que se ha contrastado con lo detectado por la Contraloría, que ha detallado en su informe los pasos y señas de cómo se armó la contratación de Veolia”, explica el abogado Germán Vásquez Merino, quien acompañó a los regidores de minoría en su denuncia.
Explica que a la falsedad en el acta de buena pro respecto a la autorización del Ministerio del Ambiente se suma que también hubo irregularidades en la nómina de conductores para los camiones compactadores que Veolia ofrecía para el servicio.
“Todo se hizo mal, desde la declaratoria del desabastecimiento inminente hasta la contratación, pues se vulneró de manera flagrante la Ley de Contrataciones del Estado. Contraloría advirtió todo ello con tres informes preliminares y aún así la gestión del alcalde Gasco continuó con las acciones, hasta que a fines del año pasado se emitió el informe del caso, el cual es contundente”, explica.
Medidas coercitivas
“Con ese informe, la fiscal Karin Ninaquispe tenía herramientas suficientes para solicitar alguna medida coercitiva contra los involucrados, pero no ha sido así. Lejos de ello, ha programado una serie de diligencias que no van a cambiar en absoluto el caso, porque todo ya ha sido documentado y probado por Contraloría. Eso solo dilata los tiempos y ofrece ventaja a los investigados para que coordinen alguna estrategia para eludir a la justicia”, menciona.
A decir de Vásquez Merino, la representante del Ministerio Público desconoce que entre su institución y la Contraloría General de la República existe un convenio que faculta a las fiscalías a emplear los informes de control como prueba suficiente para avanzar en sus investigaciones, considerando que la Contraloría no emite opiniones sobre supuestos, sino sobre hechos probados.
“Se ha determinado que cuando la municipalidad planteó la contratación directa con Veolia tenía un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para que este le provea de maquinaria y operarios para atender el problema de la basura. La municipalidad solo debía poner el combustible, lo cual era más barato que pagar el contrato con Veolia. Se ha probado también que se dio una conformidad presupuestal irregular para la contratación, que se descartó una cotización más económica y que se adecuó el proceso para beneficiar abiertamente a la empresa”, detalla.
Para Vásquez Merino, estos hechos resultaban suficientes para que la fiscal requiera la detención preliminar, impedimento de salida del país, arresto domiciliario y prisión preventiva contra los investigados.
Queja y denuncia
Ante la inacción de la representante del Ministerio Público, esta fue quejada a la Fiscalía de Control Interno, la misma que abrió investigación preliminar por presuntas irregularidades en sus funciones.
De acuerdo al abogado Germán Vásquez Merino, quien quejó a la fiscal, la conducta de la fiscal solo buscaría retardar la acción de la justicia, permitiendo que los investigados coordinen algún tipo de acción o estrategia que les permita eludir las responsabilidades penales.
A ello se suma que el 15 d.c., Vásquez Merino denunció a Ninaquispe Gil por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. El caso está en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
A inicios de este mes, la fiscal reconoció que tiene un familiar que trabaja en Veolia, pero que por indicación de su superior, la fiscal Giovanna del Río Carreño, continúa a cargo del caso.
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