Desde inicios de la pandemia, la cual lamentablemente continúa azotando al mundo, los peruanos hemos sido testigos de la labor profesional y admirable de los médicos, enfermeras, personal asistencial, policías, integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros; pero también hemos notado la presencia de auditores gubernamentales, quienes a nivel nacional y amparados en la Ley N° 31016, vienen realizando una labor oportuna, responsable y preventiva a través del ejercicio del control gubernamental en la modalidad de control simultáneo ejercido por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional de las distintas entidades del Estado. Pero de esa participación activa, nos nace la inquietud, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen existido los controles gubernamentales oportunos para la ejecución del presupuesto destinado para mitigar la pandemia?

Antes de continuar, es importante resaltar una definición de este tipo de control gubernamental ejercido en el marco de la pandemia, se trata del control simultáneo, que está orientado a tener un rol preventivo de posibles actos de corrupción; es decir, se aleja de ser un control reactivo, que atacaba el hecho presuntamente irregular cuando este ya se había cometido; ahora, se busca alertar oportunamente a los titulares de las entidades del Estado de posibles observaciones o situaciones adversas que podrían afectar los objetivos de un proceso en curso por parte de la entidad.

Esta concepción del control simultáneo, hace que los auditores estén desplegados en las entidades públicas para verificar, supervisar y vigilar que cada sol del erario nacional cumpla con la finalidad pública para la cual fue comprometido. Aquí, es importante indicar que esta pandemia debilitó mucho más nuestro precario sistema de salud; y también agudizó la deficiente ejecución del gasto fiscal anual por parte de las entidades. Por tanto, el acompañamiento que viene realizando Contraloría y los OCI, resulta importante en las entidades para la correcta toma de decisiones en la gestión pública.

Por tanto, es importante resaltar la presencia del control gubernamental en estos tiempos de pandemia, para vigilar el buen uso de los recursos públicos. Asimismo, el rol activo de la Contraloría General de la República busca constantemente que la ejecución del gasto sea eficiente y que la función pública sea ejercida por parte de los integrantes de la administración pública de manera honesta y transparente, estos últimos valores tienen que estar presente en cada uno de los gestores públicos.

Asimismo, ellos tienen que tener la apertura para recibir al control gubernamental en sus entidades, realizando acciones de entrega oportuna de información, y de luego de la emisión del informe por parte del órgano contralor, logren realizar las acciones para mitigar los riesgos advertidos por las distintas comisiones de control simultáneo desplegadas a nivel nacional.

Con estas consideraciones, señalaremos algunas situaciones que la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional han detectado, con la finalidad de que como sociedad civil también ayudemos a ejercer el control gubernamental a través de la denuncia de presuntos hechos irregulares que logremos conocer.

Compra de canastas

Por tanto, iniciaremos con un caso común a nivel nacional, el cual tuvo como inicio la emisión del Decreto de Urgencia N° 033-2020, que autorizó la transferencia de presupuesto a favor de los gobiernos locales para la adquisición, almacenamiento y distribución de canastas para hogares vulnerables que se encontraban afectadas por el aislamiento social obligatorio. Correspondía a los alcaldes observar las obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas para apoyar los procesos de compra y entrega de las canastas de víveres y que estos se lleven de manera objetiva y transparente.

En tal sentido, la Contraloría General de la República, a través de su múltiple y valiosa información contenida en su portal https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/; así como, en su Informe de gestión de control gubernamental ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19, respecto a la supervisión de compra de canastas básicas familiares, advirtió lo siguiente:

Municipios tuvieron deficiencias en distribución de canastas, debido a falta de padrones de beneficiarios o estos se encontraban desactualizados; asimismo, no existían actas de entrega de canastas; municipios registraron demoras en la compra de víveres, debido a la demora en la convocatoria de los procesos, en la elección de proveedores y también por los incumplimientos de proveedores en la entrega de productos, y tuvieron deficiencias en la fase de almacenamiento, debido al uso de locales inadecuados para almacenar víveres, locales que no reúnen toda la documentación necesaria. Asimismo, se notaba la existencia de personal edil sin protección personal para manipular víveres.

Del mismo modo, municipios tuvieron deficiencias con productos comprados debido al peso de los productos adquiridos, falta de registro sanitario o fecha de vencimiento y a la existencia de alimentos en malas condiciones.

Caso Olmos

Cabe precisar que en la región Lambayeque se tuvo el caso de la Municipalidad Distrital de Olmos, en donde según Contraloría, los productos para canastas básicas familiares incumplieron las especificaciones técnicas y fueron adquiridos a precios superiores, tal como sucedió, con la adquisición y pago por producto “grated de pescado”, el cual no se encontraba apto para el consumo humano, porque en el análisis de Sanipes no se pudo evidenciar su inocuidad. Asimismo, indica el órgano contralor que, se compró productos a precios superiores en comparación a una oferta menor presentada por un proveedor, esta situación conllevó a que el Ministerio Público inicie investigaciones preliminares las cuales han traído capturas preventivas la semana pasada.

Por estas consideraciones, la actuación del control gubernamental en pandemia resulta muy eficiente para efectos de que pueda alertar a los servidores y funcionarios públicos de posibles deficiencias que pongan en riesgo el buen uso de los recursos públicos.

Cabe señalar que, la semana pasada, se celebró el día internacional de la lucha contra la corrupción, renovando el compromiso la Contraloría General de la República de seguir luchando contra este flagelo que atenta directamente contra derechos fundamentales de los ciudadanos.

(*) Abogado, especialista en control gubernamental.

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