El 4 de diciembre, el Congreso de la República derogó la Ley N° 27360 – Ley de Promoción Agraria que, mediante el Decreto de Urgencia N.º 043-2019, había sido ampliada hasta el 31 de diciembre del 2031. Esta medida fue adoptada por el parlamento a raíz de las protestas de los trabajadores agrarios en distintos puntos del país. En virtud de ello, el empresario agroexportador Lucas Rodríguez Tineo apuntó que la nueva ley debe incluir reformas sustantivas como la eliminación de la tercerización a través de las ‘service’, duramente criticadas durante las manifestaciones.
Precisó que muchas empresas de agroexportación, principalmente las grandes, le sacaron la vuelta a la ley, ya que tercerizaron la contratación de sus trabajadores a través de las ‘service’, desligándose así de la responsabilidad que implica el manejo del personal. Indicó que a muchos de esos trabajadores ni siquiera se les ha pagado la remuneración mínima vital, puesto que las tercerizadoras les pedían una comisión a los agricultores para llevarlos a trabajar a las empresas.
“Hemos visto cómo algunos obreros son trasladados por las ‘service’ a sus centros de trabajo como si fueran ganado. Van parados entre 30 a 40 personas en una ‘motocar’. Debió haberse precisado en la ley que si te acogías a los beneficios la relación entre empresa y agricultor debía ser directa, sin intermediación”, anotó.
Beneficios tributarios
Lucas Rodríguez resaltó que la Ley de Promoción Agraria cumplió en su momento con el cometido de incentivar al sector, ya que invertir en agricultura es riesgoso, toda vez que la cosecha puede perderse por plagas, sequías o condiciones climatológicas adversas, en virtud de lo cual en todo el mundo se brindan subsidios e incentivos a quienes invierten en esta rama.
Sin embargo, aclaró que las grandes empresas han sacado un provecho desmedido de este dispositivo legal, pues – además de la tercerización – han copado todas las tierras que han sido subastadas, dejando sin posibilidad de acceder a nuevas hectáreas a la pequeña agricultura.
Sin embargo, aclaró que desde el 1 de enero del 2020 el régimen laboral agrario es idéntico al régimen general, en cuanto a lo que compete a los trabajadores, ya que las diferencias sustanciales están en las obligaciones tributarias con el Estado. Incluso, indicó que con la derogación de la Ley de Promoción Agraria los obreros pasarán al régimen general en diciembre, con el cual dejarán de percibir 39.19 soles por jornal para recibir solo 31.
Explicó que esto se debe a que en el régimen general los ocho soles de diferencia se incluyen en los beneficios laborales de Compensación por Tiempo de Servicio – CTS, y gratificaciones, a diferencia del régimen agrario en el que estos conceptos se prorratean diariamente en el jornal. Esta diferencia obedece a que el trabajo agrario es una actividad temporal, por lo cual se destina mayor cantidad de efectivo diario a los trabajadores, a diferencia del general que da la posibilidad de descontar esa liquidez para un fondo previsional.
Responsabilidad social
En ese orden de ideas, el empresario resaltó que algunas empresas agroindustriales se consideran como “socialmente responsables” porque colaboran en actividades como el pintado de colegios en su zona de influencia, pero a sus trabajadores los tienen desatendidos y desprotegidos laboralmente.
“Dar una propina para pintar aulas será un acto de filantropía, pero no de responsabilidad social. Lo segundo demanda el respeto por los derechos de los trabajadores, que aporten al país con el pago de sus impuestos. En suma, respetar la dignidad de los obreros, sobre todo en la agroindustria donde se requiere tanta mano de obra”, criticó.
Indicó que en la nueva Ley de Promoción Agraria el beneficio a las empresas tiene que ser escalonado, pues no se puede dar el mismo trato a la agricultura familiar que a la mediana o grande. “Así como ganan más, deben pagar más”, aseveró.
Rodríguez Tineo señaló que tampoco se debe satanizar a la agroindustria, porque es la generadora de 800 mil puestos de trabajo a nivel nacional.
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