El abogado Germán Vásquez Merino cuestionó que la fiscal Karin Ninaquispe Gil haya programado una serie de diligencias en la investigación que se sigue contra el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, regidores y funcionarios, por el caso ‘Veólia’, acción que – a su entender – solo buscaría dilatar los plazos.
Vásquez Merino recordó que a fines del año pasado la Gerencia Regional de Control emitió un informe concluyente respecto a las irregularidades detectadas en la contratación directa de la empresa Veólia, por parte de la Municipalidad Provincial de Chiiclayo, para el recojo de los residuos sólidos en la ciudad, entre mayo y julio del 2019.
En el informe, Contraloría detalla cómo es que se dieron los pasos previos a la contratación directa, que incluyeron la declaratoria del desabastecimiento inminente del servicio de recojo de residuos sólidos con votación mayoritaria del concejo provincial.
Los regidores que se opusieron a la medida son Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jony Piana Ramírez, quienes denunciaron el hecho al Ministerio Público, asumiendo las investigaciones la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
PRUEBAS A LA VISTA
“La fiscalía realizó un operativo de incautación de todos los documentos del proceso de contratación, lo que se ha contrastado con lo detectado por la Contraloría, que ha detallado en su informe de fines del año pasado los pasos y señas de cómo se armó la contratación de Veólia”, explica Germán Vásquez.
La adjudicación de la buena pro para la contratación directa de Veólia se dio en abril del 2019, días antes que la empresa obtenga el certificado autoritativo del Ministerio del Ambiente para convertirse en operadora del recojo de residuos sólidos, requisito exigido en las bases del procedimiento. Sin embargo, en el acta de buena pro se consignó que la empresa cumplía con dicho requerimiento.
Vásquez Merino informa que lo mismo sucedió con la nómina de conductores para los camiones compactadores que Veólia ofrecía para el servicio.
Aún así, el municipio de Chiclayo concretó la contratación por 90 días calendario a un costo superior al millón 800 mil soles.
“Todo se hizo mal, desde la declaratoria del desabastecimiento inminente hasta la contratación, pues se vulneró de manera flagrante la Ley de Contrataciones del Estado. Contraloría advirtió todo ello con tres informes preliminares y aún así la gestión del alcalde Gasco continuó con las acciones, hasta que a fines del año pasado se emitió el informe del caso, el cual es contundente”, explica.
Como señala, el informe de Contraloría concluye que en efecto hubo irregularidades en la contratación de Veólia, generando un perjuicio económico al municipio provincial estimado poco más de 200 mil soles.
MEDIDAS COERCITIVAS
“Con ese informe, la fiscal Karin Ninaquispe tenía herramientas suficientes para solicitar alguna medida coercitiva contra los involucrados, pero no ha sido así. Lejos de ello, ha programado una serie de diligencias que no van a cambiar en absoluto el caso, porque todo ya ha sido documentado y probado por Contraloría. Eso solo dilata los tiempos y ofrece ventaja a los investigados para que coordinen alguna estrategia para eludir a la justicia”, menciona.
A decir de Vásquez Merino, la representante del Ministerio Público desconoce que entre su institución y la Contraloría General de la República existe un convenio que faculta a las fiscalías a emplear los informes de control como prueba suficiente para avanzar en sus investigaciones, considerando que la Contraloría no emite opiniones sobre supuestos, sino sobre hechos probados.
“Se ha determinado que cuando la municipalidad planteó la contratación directa con Veólia tenía un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para que este le provea de maquinaria y operarios para atender el problema de la basura. La municipalidad solo debía poner el combustible, lo cual era más barato que pagar el contrato con Veólia. Se ha probado también que se dio una conformidad presupuestal irregular para la contratación, que se descartó una cotización más económica y que se adecuó el proceso para beneficiar abiertamente a la empresa”, detalla.
Para Vásquez Merino, estos hechos resultaban suficientes para que la fiscal requiera la detención preliminar, impedimento de salida del país, arresto domiciliario y prisión preventiva contra los investigados.
“La fiscal quiso inhibirse de seguir el caso y su superior le ha ordenado que continúe. Nosotros la hemos quejado, porque se está haciendo un retardo innecesario en un caso donde todo ya está documentado”, manifestó.
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