En un irregular procedimiento, un juez civil de Amazonas ordenó que se inscriba en Registros Públicos una Comisión Transitoria de Gobierno para la Universidad de Chiclayo – UDCH, pese a que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, ha reconocido a Danilo Escobar Gutiérrez como rector de la casa de estudios.
El pasado 4 de noviembre, el abogado Lito Becerra Angulo, en representación de los exdocentes de la UDCH María Zambrano de Bernal, Celinda Ortiz Prieto, Virna Layme Cáceres, Martha Piscoya Riojas, Ricardo Mendo Otero y Yanina García Puicón, presentó una demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, a fin de desconocer las resoluciones que acreditan a Danilo Escobar Gutiérrez como rector de la casa de estudios superiores.
El juez Edinson Polo Huamán emitió una medida cautelar, con la cual se dispuso la reposición de los docentes demandantes e incluso que se inscriba una Comisión Transitoria de Gobierno en la UDCH, desconociendo así la autoridad de Escobar Gutiérrez, pese a que desde el 8 de octubre fue reconocido como rector por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU, mediante el Oficio N° 3677-2020-SUNEDU-021502.
En virtud de ello, el área de Asesoría Legal de la UDCH presentó una demanda de excepción de incompetencia territorial ante el Juzgado Civil Permanente de Amazonas, la cual fue declarada fundada el 19 de noviembre, toda vez que tanto los demandantes como los demandados tienen su domicilio habitual en Chiclayo, con lo cual se dispuso que se remita el expediente al juzgado civil de esta ciudad.
Cuestionamientos
Nelson Espinoza Guerrero, asesor legal interno de la UDCH, explica que los exdocentes se "autoproclamaron" miembros de una Comisión Transitoria de Gobierno, en la que Ricardo Mendo Otero era el presidente y Yanina García Puicón la secretaria. Incluso empezaron a firmar resoluciones de nombramiento de decanos y directores académico y administrativos. Todo esto les obligó a tomar acciones en defensa de la estabilidad institucional.
Por esta razón, la universidad ha formulado una denuncia ante la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas contra los citados personajes y han denunciado también ante la Procuraduría General del Estado a Lito Becerra Ángulo por ejercer la defensa legal de los exdocentes, pese a que es procurador de Amazonas, lo cual no se condice con la norma que prohíbe a estos funcionarios ejercer el patrocinio, representación o mandato de particulares.
Proceso sancionador
Asimismo, la Oficina de Asesoría Legal Interna de la UDCH solicitó el inició de un proceso sancionador ante el Órgano de Control de la Magistratura - OCMA, contra el juez Edinson Polo Huamán, del Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, por presunta inconducta funcional.
El pedido se sustenta en que el magistrado, extralimitando el petitorio de reposición laboral presentado por el grupo de exdocentes, ordenó inscribir en Registros Públicos la Comisión Transitoria de Gobierno para la universidad, pese a que dicha medida no se encuentra dentro de los planteamientos de los demandantes.
“¿En qué extremo los demandantes solicitan la instalación de una Comisión Transitoria de Gobierno? ¿En qué extremo los demandantes solicitan la inscripción de una Comisión Transitoria de Gobierno? ¿Es los mismos vigencia, validez y eficacia de Acta de Sesión de Instalación de Asamblea Universitaria con la instalación de una Comisión Transitoria de Gobierno? Si bien se trata de una decisión jurisdiccional, tiene implícita una conducta funcional, pues, el quejado como juez tiene el deber de resolver en forma congruente, es decir, resolver solo los pedidos hechos por las partes y no más allá del petitorio. Por lo tanto, dicha conducta funcional, deben ser, por lo menos, investigados, pues, no nos explicamos tanta incongruencia procesal”, cuestiona Espinoza Guerrero.
Además, se cuestiona que el juez haya declarado admitida la demanda y emitido el proceso cautelar (medida de reposición provisional) conexa en un plazo de 24 horas, cuando todos los exdocentes son residentes en Chiclayo.
“En el sistema CEJ, se evidencia, que la demanda fue ingresada el 13 de octubre del 2020, al día siguiente fue admitida a trámite, el 14 de octubre del 2020 y, notificada a la parte demandante, el 15 de octubre del 2020. Es decir, que en menos de 24 horas la demanda fue admitida y en menos de 24 horas que fue admitida, se notificó a la parte demandante. Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿Cuántas demandas al 13 de octubre del 2020, tenía el Juzgado en calificación? ¿Cuántas demandas, el Juzgado ha calificado en 24 horas? ¿Cuántos admisorios, el juzgado ha notificado en 24 horas? Dichas conductas funcionales deben ser, por lo menos, investigados, pues no nos explicamos tanta celeridad procesal”, señala el asesor legal de la universidad.
Licenciamiento
Por otro lado, Espinoza Guerrero aseguró que esta situación no pone en riesgo el proceso de licenciamiento, toda vez que este se desarrolla "por cuerdas separadas" y hay una comisión encargada de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU.
"Estamos convencidos de que vamos a obtener la ampliación de tres años para lograr el licenciamiento. De esto ya tiene conocimiento la SUNEDU, sabe que han querido detener el desarrollo de la universidad, nos han paralizado las cuentas, han querido asfixiarnos, pero no ha prosperado", aseveró.
Indicó que esta comisión de licenciamiento tiene avanzado a un 90 % el trabajo para acceder al plazo ampliatorio de tres años que da la SUNEDU, con lo cual tendrían el tiempo suficiente para subsanar todas las observaciones y obtener el tan ansiado licenciamiento.
Actualmente, la UDCH cuenta con un promedio de mil 500 alumnos. En los últimos meses cerca de 500 se han reincorporado, ante la esperanza de que la UDCH no sea cerrada definitivamente.
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