Tras casi seis años de investigación, que incluyó una prisión preventiva de 32 meses, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la sentencia absolutoria a favor del arquitecto Jorge Incháustegui Samamé, exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, del delito de asociación ilícita para delinquir.
Esta sentencia confirma la decisión del Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que el 19 de diciembre del año pasado lo absolvió de las imputaciones hechas por el Ministerio Público. Aquella ocasión fue parte de un nuevo juzgamiento, porque ya en octubre del 2017 había sido absuelto por primera vez, pero la sala penal declaró nula esa sentencia, tras apelación de la fiscalía.
Rolando Manayalle Sánchez, abogado de Incháustegui Samamé, señaló que la Segunda Sala Penal de Apelaciones resolvió con un criterio técnico y objetivo ante una investigación que contó con una “actividad probatoria diabólica”, pues en ningún momento se presumió la inocencia de su defendido.
Señaló que la fiscalía podría plantear un recurso de casación contra la sentencia, pero no le ve ninguna probabilidad de éxito, porque la actividad probatoria ya se cerró a nivel de sala de apelaciones, con lo cual solo puede apelar a alguna vulneración de garantías constitucionales dentro del proceso, lo cual no habría ocurrido.
“La sala no puede cambiar el sentido de la valoración dada por el juez de primera instancia, respecto a cada uno de los medios probatorio, sobre todo de los testimoniales que declararon contra Jorge Incháustegui. La casación solo se limita a errores de derecho, a aspectos procesales, a vulneración de garantías”, refirió.
PRISIÓN PREVENTIVA
Manayalle Sánchez destacó que la prisión preventiva es una de las medidas que mayores consecuencias traen, tanto para el investigado como para su familia, por lo cual debe aplicarse solo en casos excepcionales de peligro de fuga u obstaculización, supuestos que no ocurrieron en este caso.
Sin embargo, Jorge Incháustegui precisó que la investigación en su contra – lejos de debilitarlo – lo ha fortalecido a él y ahora se encuentra enfocado en su trabajo dentro de la actividad privada, pues a la municipalidad de Chiclayo ya no podrá volver, dado que – estando en prisión preventiva – le abrieron un proceso para expulsarlo, argumentando que había faltado más de tres veces de forma injustificada.
“En mi familia no cabe el odio, no hay revanchas. No miramos para atrás, estamos trabajando unidos, fortalecidos. A la municipalidad ya no puedo volver porque sucedió un absurdo: estando en prisión preventiva me abrieron un proceso para expulsarme por no ir a trabajar. Buscaron un pretexto porque todos sabían que estaba detenido. Ahora aportaré desde mi sitio en la actividad privada”, resaltó.
Indicó que a lo largo de sus 25 años como servidor edil puso el mayor esfuerzo para apoyar a las autoridades de turno para que desarrollasen una buena gestión, en virtud de lo cual exhortó al Poder Judicial a no dejarse llevar por la presión mediática, pues “peor que la corrupción es condenar a un inocente”, indicó.
“Lo que debe quedar muy claro es que hemos sido investigados en las peores condiciones para poder defenderse. La fiscalía ha tenido todo a la mano para demostrar lo que suponían que había, pero no lo pudo lograr. Esta resolución acredita fehacientemente lo que siempre he dicho: en la familia Incháustegui nunca se nos ocurriría estar inmersos en un hecho delictivo”, enfatizó.
En tanto, la hermana de Jorge Incháustegui, Milagros, calificó de “gran injusticia” lo vivido durante estos seis años, pero rescató que su familia se mantuvo unida e incluso se fortaleció entre tanta adversidad.
“Cada resolución en contra para nosotros era devastadora. Teníamos todas las pruebas para demostrar la inocencia de Jorge desde la investigación preparatoria, pero nunca se hizo justicia. Sin embargo, fuimos un gran equipo y con mucha fuerza familiar salimos adelante. Es una dura prueba la que nos tocó pasar, pero sirvió para medir la fuerza que tenemos”, aseguró.
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