La Gerencia Regional de Salud - GERESA Lambayeque, contrató servicios no personales, entre ellos los de una persona impedida de contratar con la entidad, incumpliendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente, afectando la correcta administración pública, la competencia y limitando la elección de la mejor propuesta en beneficio de la institución. También se detectó irregularidades en la compra de ambulancias.
Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado por el Órgano de Control Institucional - OCI, del Gobierno Regional de Lambayeque a la Gerencia Regional de Salud - GERESA, se advierte que funcionarios y servidores Oficina Ejecutiva de Administración, la Oficina de Logística y el área de Adquisiciones participaron de la contratación de servicios no personales de tres proveedoras, elaborando Términos de Referencia que limitaron la participación de postores.
De este modo, beneficiaron con contrataciones a la cuñada de la ex gerente regional de Salud, María Esther Collantes, identificada como Susan Katherine Gonzales Sialer, así como a la prima de esta, Elizabeth Rosana Sialer Campos, sin cumplir el procedimiento establecido en la Directiva Nº 007-2017-GR.LAMB, toda vez que el trámite se realizó con posterioridad a la prestación de los servicios.
Tampoco se realizaron las invitaciones a cotizar, ni se obtuvo la cantidad mínima de cotizaciones que cumplan con los Términos de Referencia – TDR, requeridas en la normativa regional, motivo por el cual tampoco elaboraron el cuadro comparativo.
DIRECCIONAMIENTO
"Ello permitió la contratación de una proveedora con TDR orientados hacia una profesión específica durante el primer semestre (2019), además de la contratación de una proveedora a la que se le incrementó el monto a pagar por el servicio, sin que se encuentre justificado los criterios de racionalidad y proporcionalidad, establecidos en la normativa regional", señala el documento de OCI.
Se añade que las proveedoras contratadas no se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, pese a ser una exigencia establecida en la normativa regional.
"Se contrató a una proveedora que se encontraba impedida de contratar con la Gerencia Regional de Salud Lambayeque por tener parentesco de afinidad en segundo grado con la gerente", confirma el informe.
ACCIONES LEGALES
Contraloría ha resuelto disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Regional de Salud comprendidos en los hechos irregulares.
Asimismo, se recomienda al Procurador Público Regional dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.
María Esther Collantes se vio obligada a renunciar cuando se hizo pública la irregular contratación.
AMBULANCIAS
Por otro lado, mediante el Informe N° 035-2020-2-5343-SCE, la Contraloría realizó un servicio de control específico del período comprendido entre el 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo de este año, durante el cual advirtió irregularidades en la adquisición de tres ambulancias urbanas tipo I por parte de la Gerencia Regional de Salud - GERESA.
La Contraloría refiere que María Esther Collantes realizó los trámites para la adquisición de tres ambulancias para los centros de salud Fernando Carbajal Segura, de La Victoria; Batangrande, en Pítipo; y Toribia Castro Chirinos, en Lambayeque, mediante el procedimiento de selección de adjudicación simplificada por un valor referencial de 290 mil 300 soles, sin advertir que el monto estimado del proceso de adquisición de las tres era de 870 mil 900 soles, con lo cual correspondía realizar una licitación pública.
Además, la Contraloría advirtió que la Oficina de Logística de la GERESA y el exdirector ejecutivo de Administración realizaron la indagación de mercado sin haber recibido los requerimientos de los centros de salud de Batangrande y La Victoria.
COMPRA
La GERESA sustentó la adquisición de las tres ambulancias bajo la modalidad de adjudicación simplificada sin advertir que no se justificaba la carencia de recursos disponibles o en la existencia de una necesidad adicional previsible.
En tanto, resaltó que el Comité de Selección incluyó en las bases integradas declaraciones juradas que no se encuentran contempladas en las bases estándar para la adquisición de bienes, emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.
Para la Contraloría, los actos descritos afectaron la transparencia, libertad de concurrencia, eficiencia y eficacia con la que deben regirse las contrataciones del Estado, incurriendo en la prohibición de fraccionamiento establecida en la normativa vigente.
En virtud de lo expuesto, la Contraloría dispuso el inicio de acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan en los servidores públicos involucrados en la adquisición de las mencionadas ambulancias.
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