Más de 18 años después, a Miguel Ángel Bartra Grosso le pasa factura el haber sido vacado del cargo de alcalde durante su segunda gestión al frente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El 17 de octubre pasado se conoció la lista de los 12 precandidatos de Acción Popular al Congreso por Lambayeque, dentro de los cuales se encontraba la citada exautoridad edil. Sin embargo, su solicitud no fue admitida y la improcedencia ha sido confirmada por el Comité Electoral Nacional.
Según explicó el Pedro Torres Fernández, vicepresidente del Comité Electoral Departamental de Acción Popular, el reglamento general de elecciones de la agrupación impide que pueda postularse un militante que haya sido sometido a un proceso disciplinario o que haya sido destituido o cesado de un cargo público por incapacidad o inasistencias injustificadas.
Precisó que Bartra Grosso consignó en su declaración jurada que – efectivamente - había sido vacado del cargo de alcalde provincial de Chiclayo en el 2002, pero que el Tribunal Constitucional desconoció dicha sanción tiempo después. No obstante, no adjuntó la sentencia correspondiente.
Pese a ello, Torres Fernández manifestó que ha buscado en los anaqueles virtuales del Tribunal Constitucional la sentencia a la que hace mención Bartra Grosso, pero solo obra una en la cual se declara improcedente la acción promovida por el exburgomaestre contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Chiclayo.
“La web del Tribunal Constitucional no borra sentencias, tiene incluso de cuando era Tribunal de Garantías Constitucionales. Personalmente, he buscado la sentencia a la que hace alusión Miguel Ángel Bartra y no la he encontrado. No tengo ningún problema si una autoridad constitucional hubiese dejado sin efecto una sanción administrativa, pero el documento que menciona no se encuentra por ningún lado”, refirió.
RECURSO DE APELACIÓN
Asimismo, señaló que Bartra Grosso presentó un recurso de apelación ante el Comité Electoral Nacional, el cual también ha resuelto en su contra. Así se conoció con la Resolución N°49, del 27 de octubre, con la cual se confirma la improcedencia de su precandidatura.
“Tengo una discrepancia que se la he hecho saber a varias personas. Creo que el reglamento debería establecer un límite temporal para impedir postular a un cargo público, ya sea de cinco o diez años, pero no la precisa. Soy abogado y he sido docente universitario durante muchos años, actúo apegado al Derecho, más allá de lo que crea personalmente. Las simpatías personales no entran a tallar”, explicó.
Las precandidaturas que se han admitido son las de Edgar Cayotopa Martínez, Genoveva Paredes Guevara, Marleny Portero López, David Chirinos Hurtado, José Larraín Cisneros, Jorge Arboleda Ñeco, Carlos Cabrejos Silva, Percy Villanueva Muro, Juan Carlos Granados Barreto, Amir Bocanegra Aldana y Enver Figueroa Bazán.
PROCESO ELECTORAL
Por otro lado, señaló que la militancia de Acción Popular, que alcanza a cerca de 18 mil personas en Lambayeque, deberá elegir este 29 de noviembre a los seis candidatos (tres hombres y tres mujeres) que conformarán la lista de aspirantes al Parlamento.
Para este proceso, apuntó que será la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, la entidad que desarrollará el acto de sufragio como tal, por lo cual determinará la cantidad de mesas, miembros de mesa, locales de votación, etcétera. En esa labor no tendrá injerencia el Comité Electoral Departamental.
Resaltó que las elecciones se harán bajo la modalidad de un militante un voto, por lo cual los candidatos deberán ser creativos para en un mes realizar una campaña que pueda atraer la votación del militante de Acción Popular.
“Como opinión personal, creo que los candidatos deben ser personas identificadas con la doctrina, principios y valores de Acción Popular. No se trata de decir que ya me afilé y puedo postular. Creo que primero deben tener claro qué es lo que perseguimos como partido. Deben saber la diferencia de lo que planteamos como organización política y la sociedad que queremos construir. Hablamos de una sociedad justa con plena educación y empleo. Fernando Belaunde lo proponía desde 1956. Falta mucho por hacer”, concluyó.
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