El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, conversó con en exclusiva con Expresión sobre el trabajo realizado por el Ministerio Público en el marco de la emergencia sanitaria, los resultados alcanzados y principales obstáculos que existen para el desarrollo del trabajo fiscal, así como las estrategias implementadas para garantizar la seguridad del personal frente al Covid-19.
¿Cuál es la situación de la carga procesal hasta este momento, considerando el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria sobre la administración de justicia?
La emergencia sanitaria y el estado de emergencia decretado por el gobierno ha tenido un alto impacto en la carga procesal, al haberse producido durante varios meses una paralización del sector público y privado, pues a la fecha tenemos 28 mil 500 casos ingresados, mientras que a setiembre del año pasado teníamos 54 mil denuncias; es decir, se redujo la carga procesal.
En dichos meses de cuarentena, aumentaron los casos por ilícitos de violación de medidas sanitarias, que progresivamente viene siendo remitida por la policía a los diferentes despachos.
En cuanto a las lesiones y agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la fiscalía especializada de Chiclayo registra tres mil 300 casos y en José Leonardo Ortiz mil 250 denuncias en lo que va del año.
Durante la cuarentena nuestra labor se realizó a través de los fiscales de turno y participaron muy activamente las fiscalías de Prevención del Delito en una serie de intervenciones y operativos diarios, en salvaguarda de la salud de la comunidad en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, municipalidades y la Gerencia Regional de Salud - GERESA.
De igual forma la Fiscalía Anticorrupción realizó labores de prevención y atendió muchas denuncias relacionadas con la entrega de canastas, con el apoyo de la Contraloría y otras entidades públicas.
¿Cuántas sentencias condenatorias ha logrado el Ministerio Público en lo que va de la emergencia sanitaria y cuáles han sido los delitos más recurrentes?
En cuanto a sentencias, el Ministerio Público ha logrado mil 576 sentencias condenatorias en el período de enero a agosto del presente año, siendo el mayor número a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de los cuales 461 son por lesiones.
Le siguen los delitos contra la familia, en lo que respecta a omisión a la asistencia familiar con 412 condenas; 256 condenas por delitos contra el patrimonio, 172 contra la seguridad pública; 65 por delitos ambientales; 43 contra la administración pública; 62 contra la libertad; 50 contra la libertad sexual, entre otros. Respecto a casos concluidos con sentencias condenatorias se tienen mil 399 y 151 con sentencias absolutorias.
En cuanto a casos concluidos por vías alternativas se lograron 344 casos, de los cuales 267 corresponden a 77 acuerdos reparatorios y 267 principios de oportunidad. Además, en procesos simplificados se obtuvieron 44 casos con terminaciones anticipadas y 130 con proceso inmediato.
¿Cuál es la situación del personal fiscal y del Instituto de Medicina Legal en Lambayeque respecto a contagios de Covid-19?
Este año se han realizado un total de 674 pruebas rápidas al personal fiscal, administrativo y médico legal para preservar su salud y la de sus familias. A la fecha no existen casos complicados, solo cuatro casos leves, a quienes se les viene monitoreando el estado de su salud.
¿Qué medidas ha implementado la presidencia de la Junta de Fiscales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del Ministerio Público?
Las principales medidas adoptadas en este Distrito Fiscal son la contratación de un médico y enfermera ocupacional de manera permanente, y es el trabajo interdiario del personal, que va de lunes a sábado, y además con horarios de ingreso y salida escalonados para evitar aglomeraciones, salvo las mesas de partes donde se labora diariamente. También se han instalado y adecuado módulos de atención para garantizar el distanciamiento entre los usuarios y el mismo personal en las diferentes sedes fiscales.
Asimismo, se han adecuado ambientes para evitar el ingreso a oficinas para prevenir posibles contagios, en tanto el personal de limpieza cumple los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud y la institución y periódicamente se realizan labores de desinfección y fumigación.
Ello va de la mano con la modernización progresiva del parque informático, con la compra de computadoras e impresoras multifuncionales.
¿Cuántas investigaciones se han iniciado por presuntos hechos de corrupción ocurridos en la emergencia sanitaria?
Desde que se inició la emergencia, el 16 de marzo, y habiendo el Ejecutivo dispuesto la entrega de canasta de alimentos a las familias más necesitadas, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios procedió a realizar acciones exhortativas en los diferentes municipios a alcaldes y funcionarios de los distritos de la región Lambayeque y el ámbito del distrito fiscal respecto al proceso de adquisición y reparto de víveres.
Como resultado de ello registramos 126 denuncias por los delitos de peculado, cohecho, colusión agravada, negociación incompatible entre otros delitos, en presunto perjuicio de las municipalidades como José Leonardo Ortiz, Zaña, San José, Pucalá, Motupe, Cañaris, San Felipe, Olmos, Salas, Puerto Eten, Pátapo, Pomalca, Santa Rosa, Cutervo, Pueblo Nuevo, Lambayeque, Cayaltí, Pacora, entre otras.
También existen investigaciones en la institución educativa “Señor de los Milagros”, de Mórrope, Gerencia Regional de Salud, Segunda Macro Región Policial, la Unidad Ejecutora de EsSalud, la Dirección Regional de Salud- DIRESA Cajamarca, Hospital Luis Heysen, caserío Ambato – Santa Cruz, Hospital Referencial de Tumán, SUTRAN, SUNAT, entre otras instituciones agraviadas.
Asimismo, se solicitó la detención preliminar para investigados en la adquisición de implementos de bioseguridad en la Unidad Ejecutora n° 28 de la Policía Nacional.
¿Qué dificultades tiene actualmente el Ministerio Público para el ejercicio de sus labores investigativas dadas las circunstancias?
El principal problema que afronta el Ministerio Público es el desfase tecnológico, que se viene tratando de reducir con la adquisición de computadoras e impresoras para facilitar el trabajo en los diferentes despachos fiscales. Durante esta gestión se ha logrado que el cien por ciento de los fiscales que realizan labor presencial cuente con máquinas modernas. En esta segunda etapa se continúa con el personal administrativo. Otra dificultad es que algunos peritos se encuentran en el grupo de riesgo, lo que impide una atención en algunas sedes fiscales y los justiciables sean atendidos en una sede distinta. También es una limitación el hecho que los usuarios carezcan de la tecnología necesaria para enlazarse, rendir sus declaraciones y participar en las actuaciones y diligencias judiciales.
Pero así como hay limitaciones, también hay aspectos positivos para los justiciables. La población ahora puede presentar sus denuncias en forma virtual desde su domicilio u oficina. Se usan la Internet y las redes sociales y toda la tecnología que está al alcance de todos. Pueden tener acceso al estado de sus casos de la misma manera, evitando salir a la calle y contagiarse en el transporte público.
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