El coordinador de la Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL, Jorge Alarcón Gasco, lamentó que el Gobierno Regional de Lambayeque, no haya informado la manera en la que se ha formulado el presupuesto para el 2021, pese a que la ley exige que la estructuración debe ser participativa.
El Proceso de Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana, en el que a través de acuerdos y compromisos concertados por actores de las distintas entidades del Estado y representantes de la sociedad civil, participan en la toma de decisiones de la orientación de recursos disponibles de la región, especialmente de gastos de inversión; tomando en cuenta la visión y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado y la Ley Nº28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Alarcón Gasco comentó que si bien el gobierno nacional dispuso que se suspendan las sesiones de trabajo presenciales, debido a la emergencia sanitaria, sí recomendó que se implementé una plataforma virtual en la que la sociedad civil pueda participar en la discusión del presupuesto para el próximo año. Sin embargo, esto no ha sucedido en Lambayeque.
“Justo en la etapa de convocatoria del proceso del presupuesto participativo se declaró la emergencia sanitaria y lamentablemente el gobierno regional, a través de su oficina de informática, no ha podido implementar una plataforma para sostener sesiones virtuales con las organizaciones de la sociedad civil conforme lo planteó el gobierno. Es lamentable que esa capacidad no haya tenido el gobierno regional”, cuestionó.
SIN INFORMACIÓN
Lo preocupante es que el presupuesto para el próximo año ya fue elaborado y remitido al Congreso de la República, sin que haya existido coordinación con la sociedad civil.
“Se ha elaborado el presupuesto. Sin embargo, nosotros no tenemos conocimiento real de lo que se ha aprobado, pese a que le hemos pedido al gobernador Anselmo Lozano que nos alcance los avances de la formulación. Sabemos que el presupuesto de Lambayeque para el 2021 ya está en el Congreso, pero no conocemos qué proyectos se están priorizando. Como sociedad civil habíamos señalado que la prioridad debía centrarse en salud y educación, sobre todo en cuanto a infraestructura y equipamiento. En cuanto a salud expusimos la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención con postas médicas y centros de salud”, manifestó.
Añadió que no se ha alcanzado la documentación requerida sobre el presupuesto del 2021 respecto a infraestructura.
“Debieron realizarse las reuniones virtuales pero no pasó, quizá porque no tienen los técnicos, la capacidad o porque no han querido. La emergencia no impedía que a través de las plataformas virtuales se pueda tener sesiones de trabajo con el Consejo de Participación Regional, con el gobernador y los funcionarios”, enfatizó.
Alarcón Gasco recordó que en años anteriores el presupuesto regional ha sido modificado para atender aspectos no esenciales en la atención de necesidades de la población, como la compra de canastas o tarjetas de consumo para los trabajadores de sectores como Salud y Educación, o el pago de sueldos.
NORMATIVIDAD
El artículo 4° del Decreto de Urgencia Nº 057-2020, publicado el 19 de mayo pasado, estableció la suspensión del proceso de presupuesto participativo, disponiendo que durante el año fiscal 2020 se suspenden las actividades del proceso de presupuesto participativo regulado por la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de aislamiento social en el marco de la emergencia sanitaria nacional, salvo en aquellos gobiernos regionales y gobiernos locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de la población, asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en aquellos gobiernos regionales o gobiernos locales en las cuales ya se realizó el proceso de presupuesto participativo.
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