El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, orden que agrupa a los profesionales de la legalidad, atraviesa una crisis interna que pone en jaque su institucionalidad, pero además los derechos de los agremiados. Esto último porque los órganos deontológicos: Comité de Ética y Tribunal de Honor, emiten sanciones que carecen de validez, toda vez que han sido emitidas con clara vulneración al estatuto.

El problema nace con la elección de José María Balcázar Zelada como decano del ICAL, cuya gestión empezó con el pie equivocado en enero del año pasado.

De acuerdo al estatuto, la conformación del Comité de Ética y del Tribunal de Honor debe aprobarse en el seno del Consejo Directivo. No cabe la posibilidad de la decisión unilateral de parte del decano. Sin embargo, eso fue lo que sucedió en el ICAL.

Desde entonces, la constitución de los órganos deontológicos ha sido uno de los principales cuestionamientos a la manera en la que Balcázar Zelada ha conducido, hasta hoy, al colegio de abogados.

A ello se sumó otros cuestionamientos de parte de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo así como de los miembros de la Asamblea de Delegados, que de acuerdo al estatuto es la máxima instancia de gobierno al interior de la orden profesional.

Con acusaciones de malos manejos económicos de por medio, en agosto del año pasado el Consejo Directivo en mayoría aprobó la vacancia de José María Balcázar.

Según el estatuto, en una situación de este tipo corresponde a la Asamblea de Delegados la recomposición del consejo. Empero, Balcázar Zelada, por su parte, vacó a los directivos y llamó a otras personas, desconociendo la autoridad de la asamblea. Esos nuevos directivos no tienen reconocimiento en registros públicos.

“Tanto el Comité como el Tribunal fueron designados de manera ilegal, arbitraria y contra lo que señala el estatuto. El Comité de Ética es conformado por el Consejo Directivo recibiendo las propuestas de abogados idóneos, en tanto el Tribunal de Honor siempre se ha estilado que se conforme por past decanos o personalidades jurídicas de trayectoria intachable. ¿Saben quién integra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados? Un abogado que en su momento fue denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad. Ese es el círculo de amigos de José María Balcázar Zelada”, afirma Yuri Díaz Jaime, elegido vicedecano de la orden en las elecciones de diciembre del 2018, con inscripción como directivo en registros públicos.

SANCIONES

Pese a la irregular composición de los órganos deontológicos, estos se dieron por válidos para tramitar quejas contra diferentes abogados, principalmente opositores a la gestión de Balcázar Zelada. Este es el caso del abogado penalista Tito Esteves Torres.

Esteves Torres fue quejado por una fiscal del distrito de La Victoria por una publicación que realizó a través de su cuenta personal en Facebook, cuestionando la eficacia de la operadora del Ministerio Público.

El asunto llegó a manos del Comité de Ética y este en noviembre del 2019 impuso sanción contra el letrado, inhabilitándolo para el ejercicio de la profesión por dos años.

Presentado el recurso de apelación, la queja fue elevada al Tribunal de Honor, que funge de segunda instancia en estos asuntos. El 10 de agosto de este año, el Tribunal de Honor, con la Resolución N° 12, ratificó la sanción.

Con ella, Tito Esteves queda impedido de ejercer como abogado en el período que se contabiliza desde el 17 de agosto de este año y el 17 de agosto del 2022. La resolución lleva las firmas de los abogados José Sánchez Millones, presidente del tribunal, y de José Pérez Fernández, José López Díaz y Carlos Díaz Pisfil, integrantes.

Similares decisiones se han adoptado contra otros abogados que cuestionan a Balcázar Zelada, quien hasta hoy continúa ejerciendo funciones como decano del ICAL.

¿PERSECUCIÓN?

“En las elecciones del 2018 fui elegido como integrante de la Asamblea de Delegados del colegio, que por el estatuto es un órgano superior al Consejo Directivo. Sin embargo, desde el primer momento en que el señor Balcázar Zelada asumió el decanato no quiso ningún tipo de fiscalización, ni de su consejo ni de la asamblea. Le exigió al Comité Electoral que no instale a la asamblea. El estatuto mandaba que en marzo del 2019 el señor Balcázar debía convocar a una asamblea general, lo cual nunca sucedió. Nos vimos obligados a recurrir a la vía judicial, decisión que hasta ahora no se emite”, relata Tito Esteves.

Añade que junto a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo, elegido en las votaciones del 2018, ha cuestionando la manera en la que se conduce el colegio, lo que – en su opinión - dio motivo a que se tome como pretexto la queja presentada en su contra por la fiscal.

“Una muestra de la actitud vengativa de Balcázar Zelada es lo sucedido el diciembre del año pasado, cuando me presenté como postulante a la Junta Nacional de Justicia – JNJ. Había pasado todas las etapas del concurso para integrar la junta, pero el 28 de diciembre del año pasado, sin haberme notificado previamente, remitió la resolución del Comité de Ética que me suspendía por dos años para ejercer como abogado, lo que me impidió continuar en el proceso de selección. Ahora, con el Tribunal de Honor, que maneja a su antojo, no solo me impide ejercer mi profesión, sino también que pueda postular al decanato del colegio”, asevera.

VÍA JUDICIAL

Tras la confirmación de la sanción, Esteves Torres ha recurrido al Poder Judicial con una acción de amparo, solicitando, al mismo tiempo, una medida cautelar que permita suspender los efectos de la resolución del Tribunal de Honor en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva si el procedimiento seguido fue o no el correcto.

“La actitud del señor Balcázar Zelada es una venganza por los cuestionamientos que hemos venido realizando a sus manejos en el colegio. Otro ejemplo negativo de lo que sucede es la presencia del actual gerente general, el señor Odar Cornejo Custodio, quien ha sido sancionado por la Corte Suprema con una multa de cuatro UIT. ¿Por qué no lo sanciona el Comité de Ética? Hay otros letrados que han sido sentenciados por el Poder Judicial, sin embargo ahí no se hace nada”, denuncia Tito Esteves.

“Tengo que recurrir al Poder Judicial para hacer valer mis derechos, porque tanto el Comité de Ética y el Tribunal de Honor fueron elegidos a dedo. Existe el acta de la directora secretaria del

Consejo Directivo válido que señala que nunca hubo acuerdo de este para conformar ambos órganos. Yo tengo la seguridad que Poder Judicial va a rectificar las irregularidades cometidas por el señor Balcázar Zelada y compañía”, añade el letrado.

ELECCIONES

Tras los cuestionamientos a su accionar en el colegio, Balcázar Zelada publicó un comunicado en un diario nacional, con recursos de la institución, anunciando el recorte del período de gestión y convocando a elecciones para el 29 de agosto. Sin embargo, dicho proceso no se ha realizado.

“Ese comunicado lo hizo para congraciarse con los abogados hartos de sus malos manejos. El señor Balcázar crea historias y en su mitomanía dijo lo de las elecciones para salir del paso. El señor Balcázar no va a dejar el cargo así nomás. Ahora ha sacado un comunicado diciendo que por la situación de emergencia en la que nos encontramos probablemente no haya elecciones”, manifiesta Díaz Jaime.

Legalmente, el período para el que fue elegido José María Balcázar fenece en diciembre de este año, mes en el que se debería convocarse a elecciones para la renovación del Consejo Directivo.

“Lo que hace este señor no es solo contra el colegio, son ilícitos. ¿Cómo es posible que en sus cuentas personales reciba dinero del colegio? ¿En una cuenta a su nombre recibe el dinero de las colegiaturas? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público archive una denuncia en su contra por fraude en la administración de personas jurídicas, cuando se ha demostrado la comisión de ilícitos?”, cuestiona el vicedecano.

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