El Decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque, Juan Diego Dávila Cisneros, analiza lo sucedido en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, de la cual es docente, tras el no licenciamiento institucional.

A decir de Dávila Cisneros, parte de la responsabilidad del revés sufrido por la UNPRG recae en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, pues esta dio por válido el proceso eleccionario que llevó a Jorge Oliva Núñez y compañía al rectorado de la casa de estudios.

“La responsabilidad inicia en la misma SUNEDU por reconocer unas elecciones que no tenían el porcentaje dispuesto por la Ley Universitaria. Desde ahí el proceso inició mal. Se hicieron denuncias probadas en las que se señaló, porque había evidencia, que en las elecciones no participó el 60 % de docentes ni el 40 % de alumnos. Ese fue el primer escollo que tuvimos”, reflexiona el también investigador adscrito al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE. 

Dávila Cisneros señala que las actuales autoridades de la UNPRG han dirigido a la universidad durante tres años y medio sin órganos de gobierno; es decir, sin consejos de facultad, Asamblea Universitaria ni Consejo Universitario, lo que prácticamente configuró en una dictadura.

“Si han gobernado tres años y medio a solas, pudieron realizar los cambios necesarios para lograr el ansiado licenciamiento y eso, desgraciadamente, no se hizo”, anota.

DOCENTES

Empero, señala que la responsabilidad de lo sucedido va más allá e involucra al cuerpo docente, parte del cual – precisa – fue indiferente al proceso de licenciamiento.

“Pero la culpa no es solo de las autoridades, sino también de los docentes y yo debo hacer un mea culpa por eso. Nosotros, en algunos casos, dejamos de cumplir algunas cosas que teníamos que realizar. Tal vez, lo que pasó fue la falta de una comunicación más fluida, más directa”, indica.

Refiere que los docentes son profesionales a los que no se les puede únicamente imponer, sino que les debe explicar por qué es necesario realizar tal o cual cambio.

“Faltó comunicación horizontal, de tal manera que lo que se requería no sea visto o asumido como algo impuesto. Además, faltó capacidad de convocatoria. Se debió dar un proceso, al menos en el Comité de Calidad, en el que participe por lo menos un representante por cada facultad o escuela. Es muy difícil que tres o cuatro personas comuniquen a 700 profesores y 900 administrativos todo lo que había por hacer. Recién en los últimos meses se quiso hacer eso, pero ya era tarde”, menciona.

INDIFERENCIA

Anota que lo otro que sucedió fue un mal entendimiento del licenciamiento. Indica que muchos docentes pensaban que por ser la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la emblemática del norte peruano, se les iba a dar el licenciamiento sí o sí.

“Conversaba con algunos colegas que decían que la universidad se iba a licenciar sin mayor esfuerzo. Mis colegas decían: “¿Cómo no van a licenciar a la Pedro Ruiz Gallo, la Pedro es la Pedro? Si no nos licencian será para que se arme un problema social, los alumnos salgan, la comunidad salga…”. Yo tengo la lectura de que cuando llegaba la SUNEDU los estudiantes estaban felices, porque veían que la universidad cambiaba al menos dos o tres días”, afirma.

Añade que “sigue siendo triste que algunos piensen que las observaciones que hay que levantar son mínimas”.

“Dicen que se destinarán 12 millones de soles para lograr el licenciamiento, pero nadie dice de dónde los van a sacar. Las observaciones no son solo de papeles, sino de implementar los papeles que se hagan. Si seguimos pensando que es algo mínimo lo que tenemos que hacer, desgraciadamente no lograremos nada”, enfatiza.

AFECTACIÓN

Juan Diego Dávila agrega que los afectados no son los miles de estudiantes actuales ni los cientos de egresados, pues en determinado momento la universidad pública se va a licenciar, los estudiantes de ahora seguirán estudiando y recibiendo sus grados.

“El problema es que no habrá exámenes de admisión. A la Pedro postulan seis mil jóvenes por proceso, que al año suman 12 mil. ¿A dónde se irán esos 12 mil aspirantes a la educación universitaria si estamos impedidos de realizar exámenes de admisión? La universidad pública tiene un rol social que solo se puede cumplir con el aporte que todos los ciudadanos realizan con sus impuestos al Estado. Mientras la universidad no pueda realizar procesos de admisión, no podrá cumplir con el encargo social”, comenta.

Finalmente, refiere que se espera que el Ministerio de Educación otorgue la asistencia técnica necesaria para lograr el licenciamiento.

“La idea debe ser que el próximo año logremos sí o sí el licenciamiento”, finaliza.

Deja tu Comentario