El presidente del Congreso, Manuel Merino, dijo que la aprobación de la devolución de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional - ONP, fue por un tema de responsabilidad social.
"El Congreso ha respondido a la necesidad y compromiso que debe tener el estado con los trabajadores del Perú", señaló, tras desestimar que este asunto implique un enfrentamiento con el Ejecutivo.
Según refirió, la ONP debe contar con las cifras de cuántos aportaron y dejaron de aportar, cuántos lo hicieron 19 años, 5 o 10 años, y cuántos se encuentran en el límite de edad para no seguir aportando.
A su juicio, correspondería responder al tema de la devolución con una fórmula que vaya más allá de la situación económica y que no se diga que no se puede pagar.
Consultado sobre cómo se procederá en caso el Ejecutivo observe o presente una demanda constitucional, sostuvo que primero esperarán las observaciones, pues a lo mejor ahí hay alternativas que podrían ser recogidas por el Legislativo.
En caso las comisiones competentes no recogieran las observaciones y se decida ir por la insistencia, el Congreso seguiría ese camino, mencionó.
DERECHO A LA PENSIÓN
Al respecto, el jefe de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que dicha ley afecta el derecho fundamental a una pensión de las personas adultas mayores.
“Consideramos que, en la actualidad, existe un serio problema referido al gran número de personas, que, a pesar de haber contribuido durante largos años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años. Esta situación que es claramente injusta”, afirmó.
A través de un comunicado dijo que, si bien este proyecto persigue resolver, a corto plazo, esta situación, es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas.
“El Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales. Dado que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas, el sistema opera con un déficit financiero, que requiere transferencias anuales del Estado”, recordó Walter Gutiérrez.
En ese sentido, precisó que, en los últimos 5 años, previos al inicio de la pandemia, se han transferido más de 1,800 millones de soles cada año para cumplir con el pago; “lo que refleja que el sistema, tal como está diseñado, resulta inviable”.
“Resulta vital no poner en riesgo el trabajo que viene impulsando la Comisión Especial Multipartidaria del Parlamento, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil, de emprender una Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, con normas que harían más complicado hallar una solución”, apuntó.
Para la Defensoría del Pueblo, es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez.
Por ello, dijo, considera que no debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas.
INCONSTITUCIONALIDAD
De otro lado, sostuvo que el proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú.
“Según estas normas, la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez”, enfatizó.
Agregó que la iniciativa desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo.
De igual modo, dijo que para la Defensoría del Pueblo el retiro masivo de estos fondos es, además, una amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero, que hoy, más que nunca, debe preservarse.
“Más aún, encontrándonos en un período de recesión económica debido a la pandemia. La norma, del mismo modo, desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocidos en los artículos 78 y 79 de la Constitución”, apuntó Walter Gutiérrez.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo consideró que, en periodos de crisis como el actual, muchas personas requieren del apoyo excepcional del Estado para subsistir o evitar caer en la pobreza.
“Sin embargo, las medidas que se adopten para garantizarlo deben respetar el marco constitucional. La norma aprobada, no obstante sus nobles propósitos, inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger, e inexorablemente será declarada inconstitucional”, remarcó.
“Las soluciones planteadas a los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, lejos de ser coyunturales, deben ser el resultado de un debate responsable que evalúe una reforma integral con mayores niveles de solidaridad, una fuente de financiamiento sostenible y el acceso a pensiones justas a mediano y largo plazo”, finalizó.
Fuente: Andina.
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OPINAN LOS ESPECIALISTAS: COINCIDEN EN EL QUE EL EJECUTIVO OBSERVARÁ DEVOLUCIÓN DE APORTES A LA ONP
El Congreso aprobó el proyecto de ley que dispone la devolución de hasta una UIT por aportante (cuatro mil 300 soles) de los fondos que administra la Oficina Normalización Provisional - ONP. En virtud de ello, Expresión conversó con el abogado laboralista José Asunción Reyes y el economista Juan Miguel Valdivia Goycochea, quienes coincidieron en señalar que dicha medida sería inconstitucional.
Al respecto, Asunción Reyes manifestó que este proyecto de ley, que aparentemente beneficia a los afiliados bajo el Decreto Ley 19990, vulneraría tres principios constitucionales: el de intangibilidad, puesto que dichos fondos no pueden tocarse, salvo para el fin que fueron destinados, es decir, el otorgamiento de la pensión; el de solidaridad, pues la ONP es un sistema de fondo común; y el de socialización, pues la premisa es que el sistema de pensiones se abra a una mayor cantidad de ciudadanos.
Por su parte, Valdivia Goycochea precisó que la medida adoptada por el Congreso es inconstitucional, pues este poder del Estado no tiene iniciativa de gasto, ergo, no puede determinar en qué gasta el Ejecutivo.
"Esto es sumamente peligroso, pues mañana el Congreso puede dictar que se le aumente el sueldo a los médicos o a los profesores, cuando la responsabilidad del Presupuesto General de la República es exclusiva del Poder Ejecutivo", mencionó.
Sobre ese punto, Asunción Reyes refirió que se vulnera el artículo 79 de la Constitución, que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Añadió que se generará un forado de 16 mil millones de soles que afectará tanto a los actuales pensionistas, muchos de los cuales perciben apenas 415 soles, y a los futuros afiliados.
MEDIDA POPULISTA
El jurista calificó de populista la medida y refirió que el Ejecutivo la observará y - de ser necesario - planteará una medida de inconstitucionalidad.
Explicó que debería discutirse otras medidas, tales como la reevaluación de los requisitos para acceder a una pensión, la ampliación de la base de pensionistas, que Pensión 65 tenga un carácter definitivo dentro del Sistema Nacional de Pensiones, entre otras.
"Vamos a un camino sin sentido, que generará más pobreza. Si antes de la crisis ya estábamos bastante golpeados, ahora esta se acrecentará. El gobierno actúa de momento, sin mirar un horizonte. Debería haber un estudio más serio y prolijo", advirtió.
En tanto, Valdivia Goycochea mencionó que - por una cuestión de plazos - es casi seguro que el Ejecutivo plantee la demanda de inconstitucionalidad antes de que se produzca el primer desembolso a los pensionistas.
Indicó que si el gobierno de verdad buscaba una reactivación económica debió otorgar un bono universal a los ocho millones 500 mil hogares peruanos.
"Algunos podrán decir que dando un bono universal se beneficiarían quienes sí cuentan con recursos, lo cual es cierto, pero así se aseguraría que le llegue a quienes si lo necesitan y no estemos como ahora sacando bono tras bono para tratar de cubrir a toda la población", refirió.
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